“La Transición. El reinado de Juan Carlos I"
AULA DE EDUCACIÓN PERMANENTE
Curso Académico 2022/2023- 2º Cuatrimestre
“La Transición. El reinado de Juan Carlos I"
Profesor: D. Ángel Bahamonde Magro
Días: Viernes. Del 10 de febrero al 26 de mayo de 2023 Campus: Getafe
– Modalidad presencial Horario: Mañanas. De 10:30 a 13:30 horas
Horas Lectivas: 45 horas / 15 Sesiones
Programa
1. Trayectoria biográfica y política.
Ángel Bahamonde Magro (1949) es un historiador español, especializado en la Edad contemporánea
Es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Carlos III de Madrid, cátedra que antes ocupó en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense (departamento de Historia de la Comunicación Social).
- Cruz al Mérito Naval con distintivo blanco (BOD. núm. 3, 4 de enero de 2008) el 11 de enero de 2008
Obras
- Autor
- — (2002). El Real Madrid en la historia de España. Madrid: Taurus.
- — (2014). Madrid 1939. La conjura del coronel Casado. Madrid: Cátedra.
- Coautor
- —; Cayuela, José (1992). Hacer las Américas: las élites coloniales españolas en el siglo XIX.
- —; Cervera Gil, Javier (1999). Así terminó la guerra de España. Marcial Pons.
- —; Villares, Ramón (2001). El mundo contemporáneo: siglos XIX y XX. Madrid: Taurus Ediciones.
- —; Sánchez Illán, Juan Carlos (2010). Una república de papel: L'Espagne Républicaine (1945-1949). Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- —; Toro Mérida, Julián (1978). Burguesía, especulación y cuestión social en el Madrid del siglo XIX. Madrid: Siglo XXI Editores. 274 p.
- Editor
- Madrid en la sociedad del siglo XIX. Vol. I. La ciudad y su entorno. Madrid, centro de poder político. Poder económico y élites locales.. Madrid: Comunidad de Madrid. 1986. 579 p. Facsímil digital pdf en Biblioteca Virtual de PublicaMadrid.
- Madrid en la sociedad del siglo XIX. Vol. II. Capas populares y conflictividad social. Abastecimiento, población y crisis de subsistencia. Cultura y mentalidades. Madrid: Comunidad de Madrid. 1986. 579 p. Facsímil digital pdf en Biblioteca Virtual de PublicaMadrid.
- La sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931, La. Vol. I. Población y territorio. Madrid, centro económico. Burguesía y nobleza en la Restauración. Madrid: Comunidad de Madrid. 1989. 691 p. Facsímil digital pdf en Biblioteca Virtual de PublicaMadrid.
- La sociedad madrileña durante la Restauración 1876-1931, La. Vol. II. El sistema político de la Restauración. El horizonte cultural. Opinión y medios de información. Conflicto social y clases trabajadoras. Madrid: Comunidad de Madrid. 1989. 560 p. Facsímil digital pdf en Biblioteca Virtual de PublicaMadrid.
- La burguesía madrileña del siglo XIX.
2. El mundo monárquico y el franquismo. La frustración de 1939; las relaciones entre Don Juan y Franco; la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado; de Príncipe a sucesor del dictador.
En España hubo una dictadura entre 1939 y 1975. Se instauró después de que las tropas lideradas por el general Francisco Franco vencieran en la Guerra Civil (1936-1939).
La dictadura pasaría a denominarse como “franquismo” en referencia al nombre del dictador. Este régimen autoritario pasó por diversas etapas a lo largo de los años y se prolongaría hasta el día de su muerte, el 20 de noviembre de 1975. Analizamos cuáles fueron las características generales del régimen.
El franquismo fue una dictadura militar, más que militar fue una dictadura personalista encarnada en la única figura de Franco, en la cual todos los poderes del estado cayeron en manos de Franco. Esto supuso la censura y represión de cualquier tipo de resistencia al régimen franquista, junto con la abolición de los partidos políticos y sindicatos. Además, se suprimieron derechos humanos, incluyendo el de libertad de expresión y de asociación, y se restringió el uso de las lenguas minoritarias, como el catalán o el eusquera.
En consecuencia, se instauró un régimen del miedo donde solo existía un único partido, la Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET de las JONS) aunque no existía como estructura de partido como fuera el Partido Nacionalista obrero Alemán.
Aquí el ejército controlaba los medios de comunicación y tanto la enseñanza como el ocio estaban regulados para difundir solo las ideas afines al régimen. De esta manera se pretendía obtener el control social e ideológico de la ciudadanía.
En el punto de mira estaban los vencidos de la Guerra Civil, que fueron denominados como “enemigos” de España. Se persiguió cualquier ideología de izquierdas, tanto comunistas como socialistas, pero también a nacionalistas vascos, nacionalistas catalanes y a aquellos que fueran considerados una amenaza para régimen. Muchos de ellos acabaron en campos de concentración , trabajando como esclavos, en prisiones donde se les torturaba, o incluso fusilados. A pesar de todo, actualmente no hay un censo definitivo sobre el número de víctimas mortales.
Había una postura ambivalente respecto a los judíos, sobre todo a causa de la idea de que existía una conspiración judeo-masónico-comunista-internacional, una teoría de la conspiración que defendía la existencia de una unión entre comunistas, la secta masónica y los judíos para invadir España.
El resto de etnias que no pertenecían a la “raza española”, que era como los afines al régimen llamaban a las personas cuya familia había residido en el país durante generaciones o a quienes ellos consideraban que cumplían con unos requisitos subjetivos, eran considerados seres inferiores. Por ejemplo, las personas de etnia gitana.
La base ideológica del franquismo se fundamenta en la exaltación a la patria y a la religión católica, retomando al mismo tiempo los antiguos valores del imperio español. No hubo libertad religiosa durante el franquismo: toda persona que se quisiera considerar un buen ciudadano de España debía ser un católico fiel a Franco.
Franco era muy católico y entendía que lo que hacía era una misión de Dios. Quería proteger a la Iglesia de las personas contrarias a la religión. Debido a las concesiones y privilegios que otorgó a la Iglesia católica, contó con el apoyo de los principales representantes de la institución.
En la leyenda de la moneda, con el retrato de Franco, se puede leer "Caudillo por la Gracia de Dios".
En nombre del catolicismo, el discurso nacionalcatólico se impuso en los colegios e influenció la opinión pública con el objetivo de utilizar a la población para sus intereses. En otras palabras, la Iglesia se convirtió en un instrumento de poder favorable al franquismo.
Esto afectó profundamente la simbología franquista. Aparte del uniforme y el himno franquista, la simbología del régimen estaba relacionada con el catolicismo tradicional español, como el águila de la bandera, que representa a San Juan, o el Valle de los Caídos, un monumento funerario con una enorme cruz y una basílica, en el que están enterrados combatientes de ambos bandos de la guerra.
Si bien el franquismo se suele definir como una ideología fascista, algunos historiadores defienden que existen importantes diferencias a tener en cuenta. El régimen franquista, a diferencia del nazismo y del fascismo italiano, era más personalista, religioso y conservador.
Su ultracatolicismo no coincidía con las ideas del estado moderno más propias del siglo XX, pero sí que había una mirada hacia el pasado imperial parecida al modelo fascista.
El conde de Barcelona tuvo como adversario, e incluso enemigo, a un dictador, Franco. Su gran jugada fue lograr que su hijo se educara en España y presidiera una monarquía parlamentaria. Era descendiente directo de un rey en su calidad de heredero legítimo de Alfonso XIII como tercer hijo varón (sus dos hermanos mayores, Alfonso y Jaime, renunciaron a sus derechos sucesorios por sus taras físicas: ambos eran hemofílicos y el segundo sordomudo). Y era progenitor de otro rey como padre que fue de Juan Carlos I de Borbón y Borbón-Dos Sicilias (su segundo hijo, tras la infanta Pilar y antes de los infantes Alfonso y Margarita). Había nacido en junio de 1913 en San Ildefonso de La Granja y moriría en Pamplona en abril de 1993. Pero en sus 80 años de vida nunca fue rey. Solo conde de Barcelona, titular de los derechos dinásticos de la Corona de España y “pretendiente” frustrado al trono español desde febrero de 1941 (a la muerte de su padre) hasta mayo de 1977 (tras su renuncia a la jefatura de la Casa de Borbón a favor de su hijo). Se llamaba Juan de Borbón y Battenberg dinastía borbónica española que no pudo reinar es incomprensible sin tener en cuenta la época en la que vivió: nació cuando la España de la Restauración afrontaba los primeros problemas graves de estabilidad política e integración socioeconómica bajo fórmulas liberalparlamentarias; desplegó su juventud al amparo de una dictadura militar auspiciada por su padre y cuyo fracaso político arrastraría en su caída al propio trono; desde la proclamación de la Segunda República en 1931 se convirtió con 18 años en un exiliado real que habitaría sucesivamente en Gran Bretaña, Francia, Italia, Suiza y Portugal durante el resto de su vida, con breves visitas a España hasta su regreso definitivo en 1982. Y durante ese largo exilio su trayectoria vital fue afectada por los grandes traumas que aquejaron a su país: una república democrática conflictiva entre 1931 y 1936; una cruenta guerra civil internacionalizada entre 1936 y 1939; y una larga dictadura que institucionalizó la victoria del bando liderado por el general Franco desde 1939 y hasta 1975. Su largo exilio, que empezó a los 18 años, estuvo afectado por los traumas de vivió su país Si don Juan no fue rey, la razón se halla en esa convulsa historia de España en los decenios centrales del siglo XX, que dieron al traste con una monarquía autoritaria a su inicio y configuraron otra nueva monarquía democrática a su término, previo “salto dinástico” de su persona. Y en ese resultado histórico, el papel de don Juan fue relevante pero no decisorio. Por eso no cabe encontrar las razones de su fracaso personal a la hora de ceñir la corona en la propia personalidad del conde de Barcelona, a pesar de sus virtudes o defectos. Desde luego, era “un Borbón” con lo que eso implicaba: desde su estatura corpulenta hasta su nariz aguileña y prominente cabeza; desde su sentido del deber institucional hasta su trato desinhibido y casi campechano; desde su pasión por los deportes (especialmente acuáticos, a 8/2/2015 Don Juan, el heredero que no pudo reinar | Opinión | EL PAÍS http://elpais.com/elpais/2013/03/31/opinion/1364753897_698383.html 3/5 tono con su formación como oficial de Marina) hasta su gusto por la galantería (incluyendo su feliz matrimonio, plenamente voluntario, con su prima, María de las Mercedes); desde su escasa formación cultural inicial (“nunca se nos educó para príncipes”) hasta su creciente capacidad para la maniobra política (fruto más de su dilatada trayectoria vital que de la reflexión intelectual). En ese resultado histórico, la clave de todo residió en la persona que don Juan, durante la mayor parte de su vida adulta como pretendiente, tuvo como adversario latente y no pocas veces como enemigo abierto: el general Francisco Franco Bahamonde. Sin duda, las relaciones entre el pretendiente y el caudillo fueron vitales para el porvenir de ambos y para la propia España. Pero fueron unas relaciones esencialmente desequilibradas desde el principio y hasta el final. Las primeras relaciones entre ambos personajes ya dejaban apreciar la muy distinta situación vital de cada uno. Mientras Franco ascendía durante la Guerra Civil los escalones que habrían de llevarle a la condición de supremo dictador vitalicio de España, el tercer hijo de un rey exiliado trataba inútilmente de combatir entre sus filas como soldado raso y anónimo. La negativa de Franco a aceptar su presencia en el frente era sensata y cortés (“la seguridad de vuestra persona no permitiría que pudierais vivir bajo el sencillo título de oficial”). Pero era también interesada: convertido en el caudillo de un régimen de poder personal, quería “fundar” un “Estado Nuevo” y no “restaurar” una Monarquía ligada al “liberalismo caduco”. Así se lo había dicho al propio Alfonso XIII en 1937 al afirmar que “la nueva Monarquía tendría que ser muy distinta de la que cayó el 14 de abril de 1931” y sería la culminación de “un camino cuya meta presentimos pero que por lo lejana no vislumbramos todavía”. Y, mientras tanto, su Jefatura del Estado carecería de limitación temporal: “Me cupo el deber y el honor en estos momentos históricos de ser el caudillo de la cruzada y en ella he de caer o alcanzar para 8/2/2015 Don Juan, el heredero que no pudo reinar.
Intentó forzar su regreso criticando la política proalemana del régimen durante parte de la guerra Entre 1941, tras su conversión en titular de los derechos sucesorios, y hasta 1948, tras su primera entrevista personal con Franco a bordo del yate Azor en la costa cantábrica, las relaciones de don Juan con el caudillo atravesaron diversas coyunturas presididas todas por la progresiva confrontación entre sus respectivas políticas, al compás del despliegue de la II Guerra Mundial hasta 1945 y del inicio de la guerra fría desde esa fecha. A pesar de que Franco aconsejó a don Juan que perseverara en la espera pasiva de su padre respecto al futuro de la restauración monárquica en España, el pretendiente intentó forzar la situación en varios momentos con el pretexto de que el régimen de “interinidad” no ofrecía estabilidad institucional y de que su política exterior proalemana durante la primera fase de la guerra le hacía incompatible con el nuevo orden mundial tras la derrota del Eje. Pero ni siquiera la declaración de “ruptura” con el régimen del manifiesto de Lausana en 1945 hizo mella en la actitud franquista. Como sospechaban los líderes de las potencias democráticas occidentales, la alternativa monárquica estaba paralizada por su propia desunión entre “juanistas” intransigentes y colaboracionistas, una censura hábilmente explotada por Franco con reiteradas advertencias sobre el peligro de un regreso vengativo de los republicanos y mediante una política de concesiones aparentes (Ley de Cortes, Fuero de los Españoles, Ley de Sucesión). Además, las grandes democracias no tenían ninguna intención de propiciar la desestabilización de España ni querían arriesgarse a la reapertura de la guerra civil en ella por razones obvias. El interés geoestratégico de la península Ibérica para la defensa de Europa occidental, acentuado por las primeras 8/2/2015 Don Juan, el heredero que no pudo reinar. Las disensiones entre la Unión Soviética y sus antiguos aliados contra el Eje, reforzaba esa política de “no intervención” y aceptación de la pervivencia del franquismo como mal menor e inevitable. Desmoralizado, don Juan acertó a jugar una carta decisiva en su relación con Franco en 1948: negociar con él que su hijo y heredero, Juan Carlos, fuera educado en España para que no fuera un extraño en su propia patria. Franco aceptó la propuesta porque ya había descartado a don Juan como heredero y el control de la educación de un joven de apenas 10 años permitiría forzar a su padre a “que se resigne a que sea su hijo el que reine” en un futuro muy lejano. Y don Juan la propuso porque “no puedo privar a mi hijo de algo tan preciso para él, que es el Príncipe, como educarse en España”. Y ello aunque esa opción “me hubiera de costar a mí la Corona”, ya que “yo hago dinastía”. Fue un acuerdo de mínimos de alcance histórico crucial. Veinte años después, en el verano de 1968, Franco nombró a Juan Carlos “sucesor a título de rey”. Don Juan esperó casi otros 10 años, hasta estar ya formalmente convocadas las elecciones generales de junio de 1977, para ceder sus derechos dinásticos en quien ya era rey.
La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) fue la quinta ley fundamental aprobada de las ocho Leyes Fundamentales que organizaban los poderes del Estado durante el franquismo. Establecía la constitución de España nuevamente en reino (tras 16 años) y la sucesión de Francisco Franco como el jefe de Estado español, al disponer que el sucesor sería propuesto por el propio Franco a título de rey o de regente del reino, pero que tendría que ser aprobado por las Cortes españolas.
El proyecto de esta ley fue remitido por el Gobierno a las Cortes el 28 de marzo de 1947. Tuvo un proceso de elaboración corto y fue aprobada por las Cortes españolas en su sesión de 7 de junio de 1947 y sometida a referéndum, que se celebró el 6 de julio de 1947, entrando en vigor el 27 de julio de 1947.
3. Juan Carlos en el tardofranquismo.
El tardofranquismo constituye la última etapa de la dictadura que termina con la muerte de Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975.
Se suele situar su comienzo en octubre de 1969 cuando se forma el gobierno «monocolor» presidido de facto por el almirante CARRERO BLANCO, el principal consejero de Franco (tres meses antes el Caudillo había designado como su «sucesor a título de rey» al príncipe Juan Carlos de Borbón).
Esta etapa también se identifica como la de la crisis final del franquismo, cuyo inicio algunos historiadores lo sitúan en el «juicio de Burgos» de diciembre de 1970.
La historia política de esta última etapa de la dictadura estuvo marcada, según Javier Tusell, por la decadencia física y personal del general Franco, la desunión de la clase política del régimen, la parálisis provocada por la incertidumbre sobre el futuro y el crecimiento de la influencia social de la oposición antifranquista.
Según Borja de Riquer, «los últimos seis años del régimen franquista explican con precisión por qué aquella dictadura no tuvo continuidad tras la muerte del general Francisco Franco. En efecto, la erosión y crisis política que sufrió aquel régimen autoritario fue tan profunda que las opciones que pretendían perpetuarlo se vieron progresivamente desbordadas y deslegitimadas».
4. El desmantelamiento del franquismo: la conclusión de una monarquía basada en los principios del Movimiento Nacional.
Aquel verano del 76 Adolfo Suárez había sido nombrado presidente del gobierno español. Tenía un “pequeño” encargo del rey Juan Carlos: coger un país educado en una dictadura de 40 años y convertirlo en una democracia. Conseguir esa meta suponía desmontar el régimen franquista pieza a pieza:
-anular sus estructuras de poder, que estaban incrustadas en toda la sociedad;
-vencer la resistencia de unas Fuerzas Armadas que se consideraban depositarias de la legalidad franquista;
-convencer a la oposición democrática de la seriedad del propósito
-desactivar los restos del fascismo refugiados en el búnker desde el que defendían sus creencias y azuzaban a militares y policías.
Suárez se había comprometido a “hacer normal en la ley lo que a nivel de calle es simplemente normal”. Pero había que hacerlo todo sin quebrantar la paz civil, logrando que los viejos enemigos se dieran otra vez la mano. “Todo está atado y bien atado”, había dicho el general Franco en su mensaje de Navidad de 1969. La tarea empezaba por encontrar los nudos y desatarlos. Y, como dijo Suárez, se trataba de rehabilitar la casa para que sus propietarios tuvieran un techo, sin que faltase la luz ni el agua en las cañerías.
Era una tarea de gigantes en su dimensión histórica. Era un trabajo de orfebres en la composición de las piezas. Era una misión imposible. Era todo tan complicado que no es extraño que ahora haya gentes que piensen que aquello fue irreal; que aquello fue una ficción montada sobre la complicidad de militares sedicentes, comunistas que sufrieron exilio, presos que salieron de las cárceles, policías represores, falangistas de camisa azul, cristianos de confesión, socialistas emergentes, franquistas de manos sucias, terroristas que siguen matando, poderes fácticos que no aceptan el cambio, honestos reformistas y arriesgados partidarios de la ruptura. Todos ellos, acongojados por la trágica historia de este país y el miedo a repetirla.
Pues no, señores: todo fue real. Incluso el miedo a repetir la historia fue absolutamente real, entre otras cosas porque el final de la guerra civil quedaba 36 años más cerca, los generales que la habían ganado estaban vivos y estaban vivos los combatientes derrotados. Algunos de sus restos siguen hoy en las cunetas. La lógica pérdida de ese miedo por el relevo generacional y el olvido de la historia son algunas de las claves de las tensiones actuales y del afán revisionista que se observa en algunos líderes y formaciones políticas.
La línea conductora y el final previsto eran los marcados por el rey Juan Carlos: una democracia occidental, sin apellidos, después de casi medio siglo de “democracia orgánica”. Una democracia con todos los partidos, incluidos los que habían sido derrotados en la más sangrienta de nuestras guerras civiles. Se había pactado con Santiago Carrillo que el Partido Comunista, entonces considerado determinante, no impediría el proceso si aceptaba: 1. La Monarquía. 2. La nación española como única nacionalidad. 3. Paz social. A cambio, se decretaría su legalización en el momento que fuese posible.
El consenso de partida era escaso. La España política se dividía en tres partes: quienes se oponían al desmontaje del régimen, quienes propugnaba una reforma dentro de la legalidad y quienes sólo aceptaban la ruptura con exigencia de responsabilidades. En esta última tesis estaban los partidos de izquierda, muy numerosos y dispersos, todavía ilegales, pero con actividad tolerada por el gobierno y la mayor parte de la entonces llamada oposición democrática. La soledad de Adolfo Suárez era notable, pero tenía con él a la mayoría de la opinión publicada y a sectores influyentes de la opinión pública, que entendían los riesgos de la ruptura, que podría ser violenta.
Y la llave elegida para abrir la puerta del cambio, unos mínimos folios que Torcuato Fernández-Miranda, autor jurídico e intelectual del guión, le entregó al ejecutor y actor principal Adolfo Suárez: “Toma este papel, no tiene padre”. Al día siguiente, Suárez lo llevó al Consejo de Ministros. Era el 24 de agosto de 1976. Suárez no había cumplido los 50 días en la presidencia del gobierno, pero tenía prisa por terminar el edificio: encomendó la redacción final a equipos jurídicos cuyo trabajo revisaba personalmente. El dirigido por Landelino Lavilla corrigió todo lo que sonaba a plebiscito, suprimió el carácter orgánico que Torcuato atribuía al Senado y estableció un matiz trascendente: no era “Ley de Reforma Política”, sino “Ley para la Reforma Política”. No era un punto de llegada. Era el punto de partida que anunciaba una reforma constitucional.
Redactado el texto, faltaba lo fundamental: convencer y aprobarlo. Lo primero lo hizo Suárez reuniéndose con la cúpula militar en el mes de septiembre. Tuvo que responder a la pregunta de si tenía previsto legalizar al PCE, y el presidente respondió que “con los estatutos vigentes” no era legalizable. Algunos lo entendieron como una promesa de mantenerlo en la ilegalidad y le pasaron factura cuando siete meses después lo legalizó. Habló también con la Iglesia. Lo segundo, aprobarlo, se consiguió otra vez con trabajo de astucia y artesanía. Consiguió que pasase el informe del Consejo Nacional del Movimiento, que no era vinculante, pero podía echar abajo el proyecto. El truco consistió en llamarle “Ley Fundamental”, como las del franquismo, aunque estaba destinada a ser la primera pieza de su derogación. Y así llegó a las Cortes franquistas. “Es imposible que esas Cortes aprueben esto”, avisaba Miguel Herrero de Miñón, sabedor de que aquella norma era, efectivamente, el harakiri del franquismo, como después se le llamó.
Pero se aprobó. El 18 de noviembre de 1976, dos días antes del primer aniversario de la muerte de Franco, lo que el dictador había atado y bien atado, se empezaba a desatar. Suárez dio una de las imágenes de su vida: el respiro de alivio apoyando su cabeza en el respaldo de su escaño. Martín Villa le había dicho a Landelino: “Si no sacas 425 votos, esto es un fracaso”. Y se sacaron exactamente 425 votos, a base de un ímprobo trabajo de seducción, maniobras de enviar a los más díscolos a Panamá y quizá promesas de futuro. Todo valía y valió para una operación de esa dimensión histórica. Votaron en contra 59 procuradores, entre ellos siete tenientes generales de los ejércitos de tierra y aire y un general jurídico de la Armada.
La Plataforma de Organismos Democráticos no aceptaba la consulta. El órgano oficial del PSOE, “El Socialista”, veía autocrático el procedimiento. Los partidos Socialista, Comunista, PSP, Federación Socialista Democrática, Asamblea de Catalunya, PNV y Galleguistas Independientes propugnaron la abstención. Las paredes del país se llenaron de pintadas de “no votes”. Y cuatro días antes de la consulta, el GRAPO utilizó el factor miedo: secuestró a Antonio María de Oriol. Pero una vez más Suárez utilizó sus mecanismos de convicción: “Este gobierno compromete su autoridad en impedir que la violencia consiga imponerse a un Estado de Derecho” (…) Mañana gobiernan 22 millones de españoles. Mañana comienza, si su voto es afirmativo, una nueva etapa histórica basada en la soberanía popular. Vamos a hacer posible (…) una nueva oportunidad para la concordia, la normalidad y la paz civil”.
La participación fue del 77,4 por ciento. Votos afirmativos, 94 por ciento. Los partidarios de la abstención sólo consiguieron un 22,6 por ciento, incluida la abstención técnica. El pueblo español estaba por la reforma. Por esa reforma y el modo de hacerla: una pequeña ley de sólo cinco artículos y tres disposiciones transitorias cuya aprobación había hecho titular a Diario 16: “Adiós, dictadura, adiós”. A partir de ahí se negoció todo, desde la legalización de partidos a las normas electorales. A toda velocidad: las primeras elecciones democráticas tardaron exactamente seis meses. Y sin ninguna exclusión.
Las claves, quizá válidas para un momento como el actual, son sencillas, pero imprescindibles: tener claro el proyecto de país, acertar con el instrumento legal para las reformas, negociar las discrepancias, aceptar la opinión de la mayoría, y grandeza, incluso algo de osadía, para legislar. El lector dirá cuántas de esas claves siguen en pie.
5. Los artífices de la transición. El debate sobre el papel desarrollado por Juan Carlos I.
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Arias Navarro careció del liderazgo necesario y su insistencia en preservar el legado del dictador, en una sociedad que reclamaba públicamente la normalización democrática, propiciaron finalmente su caída.
Por otro lado, tuvieron lugar dos hechos que ensombrecieron la imagen del gobierno:
-el 3 de marzo de 1976, durante los llamados «sucesos de Vitoria», la Policía Armada realizó disparos contra varios manifestantes que se saldaron con 5 muertos y más de un centenar de heridos.
-Varios meses después tenían lugar los «sucesos de Montejurra», en Navarra.
El 1 de julio de 1976, Arias Navarro presentó finalmente su dimisión. Posteriormente a su salida, se hizo público que Arias Navarro había espiado sistemáticamente las conversaciones telefónicas de todos los que habían sido sus ministros, pero también del entonces príncipe Juan Carlos.
El Consejo del Reino propuso al rey una terna de candidatos formada por Adolfo Suárez, Federico Silva y Gregorio López Bravo.
El 3 de julio el rey designó a Adolfo Suárez presidente del Gobierno mediante el Real Decreto 1561/1976.3 Tal y como establecía la Ley Orgánica del Estado franquista, el presidente del Gobierno era designado directamente por el jefe del Estado: «El Presidente del Gobierno habrá de ser español y será designado por el Jefe del Estado a propuesta en terna del Consejo del Reino».
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LA TRANSICIÓN A LA DEMOCRACIA COMO EXPERIENCIA HISTÓRICA
La muerte de Franco abrió paso a uno de los períodos más densos y trascendentales de la Historia contemporánea de España: la Transición a la democracia. En pocos años y con una dosis relativamente limitada de violencia, las instituciones del régimen autoritario acabaron siendo sustituidas por otras avaladas tanto por los poderes del Estado como por las principales fuerzas de oposición. Ello fue posible porque el camino que condujo a la restauración de las libertades arrancó de un progresivo entendimiento que dotó a las decisiones adoptadas de dos importantes requisitos no siempre presentes en los procesos de cambio político: legalidad y legitimidad.
El principio de legalidad, la continuidad en las leyes, permitió en efecto que el cambio fuera ordenado, gradual y pacífico, conjurando así los temores de los más escépticos respecto a la viabilidad de la reforma política.
Por su parte, el amplio respaldo social alcanzado por las propuestas reformadoras, en detrimento de las continuistas y rupturistas, dotó a las nuevas instituciones de una legitimidad sin la que difícilmente hubiesen sobrevivido más allá de la natural inercia del posfranquismo.
La Constitución de 1978, fruto de la negociación y el consenso entre quienes por entonces representaban la voluntad de la mayoría, logró así reflejar en su 1.
O quizá mejor, de los diversos pactos y transacciones sobre los que se asentó el entramado institucional que ha regido la convivencia de los españoles en el último cuarto de siglo: un gran pacto político, un trabajado concierto con los territorios, una amplia concertación social y un firme compromiso estratégico con Occidente. A los que habría que añadir el acuerdo tácito de convertir a la Transición en el mito fundacional de nuestra democracia, capaz de erradicar en la memoria colectiva de los españoles el recuerdo trágico de la guerra civil.
- Como expresión genuina del pacto político, el sistema de partidos sustituyó al régimen de partido único.
-El concierto territorial, plasmado en el modelo autonómico, posibilitó el acceso de las regiones y nacionalidades al autogobierno, así como una notable descentralización administrativa en el conjunto del Estado.
-La concertación social, cuya expresión primigenia fueron los Pactos de la Moncloa trascendió la esfera orgánica de los agentes que los suscribieron, y proporcionó la estabilidad necesaria para desarrollar las políticas de reconversión económica y convergencia que permitieron al país la integración en la CEE.
-El compromiso con Occidente, materializado en la incorporación de España a la OTAN y a las Comunidades Europeas, demandó además la concurrencia de los tres acuerdos anteriores, sin los que este último, el gran compromiso estratégico de la España actual, hubiera estado condenado desde un primer momento al fracaso.
-El acuerdo de los agentes sociales permitió asimismo la continuidad de las estructuras vigentes, aunque éstas no pudieron permanecer intactas ante el poderoso empuje de los tiempos y las inevitables consecuencias de la apertura al exterior.
- Por último, el compromiso con Europa garantizó el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por la dictadura desde mediados de los 50, añadiendo a la relación bilateral con los Estados Unidos un nuevo vínculo, no exclusivamente militar, con los países vecinos del Occidente europeo, que ya avanzaban por la senda de la integración económica y política.
Pero la continuidad y el cambio no son sólo percepciones subjetivas. Quienes argumentan a favor de la continuidad recuerdan que, en lo jurídico-político, no existe ruptura legal con el franquismo, como lo prueba el hecho de que:
-La Ley para la Reforma Política (1976) fue elaborada y aprobada por los propios legisladores del Régimen.
-Exponen asimismo que el nuevo Monarca accede al trono en virtud de la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947, por designación directa de Franco (22/07/1969), sin que poseyese aún los derechos dinásticos, en poder todavía de su padre, el Conde de Barcelona. Abundan algunos en su formación como militar y las atribuciones que en este sentido le concede la Constitución de 1978.
-Un repaso a la composición de los distintos gabinetes formados antes de octubre de 1982 no deja lugar a dudas respecto a la filiación continuista de la mayor parte de los ministros, entre los que continúan ocupando un papel relevante los pertenecientes a la élite militar. Igualmente, en los distintos niveles de la Administración, desde los Ayuntamientos hasta los Ministerios, se confirma que persisten los mismos funcionarios que habían gestionado la cosa pública durante la Dictadura, incluidos lógicamente los oficiales y mandos de los tres Ejércitos.
-En cuanto a las relaciones exteriores cabe reconocer otro tanto. Durante la Transición se mantienen vigentes los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos, como principal aliado en la defensa occidental, e incluso se intensifican y amplían al conjunto de los países del entorno con la integración de España.
-También señalan quienes ponen el énfasis en la «continuidad» de las instituciones y de las estructuras sociales, la persistencia de las relaciones económicas preexistentes, caracterizadas por el predominio de la propiedad privada en los medios de producción y por la vigencia de los mecanismos del libre mercado.
-El peso de los grandes empresarios y financieros no disminuyó un ápice, e incluso se vio incrementado por las primeras privatizaciones y por los efectos del ingreso de España en la CEE; y lo mismo se podría decir del clero, cuyo status y funcionalidad –principalmente en el ámbito de la enseñanza– se vieron reforzados por los distintos acuerdos firmados con la Santa Sede.
-El conjunto de la sociedad tampoco experimentó grandes variaciones, dado que la verdadera modernización ya había comenzado a darse en la década de los sesenta. De ahí que algunos hablen de un «franquismo sociológico».
- En definitiva, es evidente que la Transición tuvo mucho de continuidad, probablemente más de lo que algunos hubieran deseado, aunque quizá menos de lo que otros estaban dispuestos a consentir. De hecho, quienes ponen el acento en el cambio también aportan evidencias palmarias.
La estructura social, pese a la continuidad a la que nos hemos referido, sufrió también cambios que no pueden dejar de señalarse.
-Uno muy claro es el reemplazo de la extinta OSE por sindicatos de clase que demuestran una importante autonomía y capacidad de movilización.
-Las leyes del matrimonio civil y el divorcio abrieron el camino a la reclamada emancipación de la mujer y forzaron mutaciones en el modelo de familia hasta entonces vigente, a la par que favorecieron una cierta secularización de las costumbres, que se vio potenciada por los efectos de la apertura informativa y la diversificación de las prácticas sexuales. En suma, estos y otros muchos ejemplos que podrían añadirse demuestran que el recuerdo de este período como una época de «cambios» posee también una sólida base real.
LOS CONDICIONANTES DE LA MEMORIA EN EL TARDOFRANQUISMO
Pero, ¿cómo fue posible alcanzar este difícil equilibrio? ¿Qué motivaciones y análisis estratégicos llevaron a los principales actores colectivos a converger en el escenario de la reforma política? ¿Qué referencias simbólicas y de memoria influyeron en la toma de decisiones? ¿Cómo pudo esta experiencia histórica remodelar las memorias y las identidades colectivas de los actores implicados? ¿Hasta qué punto y cómo las disensiones del presente pueden llegar a reconfigurar las memorias colectivas asentadas en los últimos veinticinco años? Estos y otros interrogantes han sido planteados de una u otra forma por quienes han pretendido acercarse a la comprensión de los problemas de nuestra historia reciente y son también los ejes que articulan esta exposición. En esta perspectiva, nuestro objetivo ahora es reflexionar sobre los condicionantes de memoria que hicieron posible la hegemonía de la estrategia reformista en el cambio de régimen, auténtica clave de bóveda de la Transición a la democracia.
La herencia del miedo La memoria personal de las generaciones que vivieron el cambio de régimen en la forma en que éste llegó finalmente a desarrollarse está atravesada por la coexistencia de recuerdos contradictorios y situaciones paradójicas. También la memoria colectiva de las organizaciones que protagonizaron este proceso se vio profundamente afectada por la experiencia, pero su mayor nivel de elaboración permitió articular una revisión de los tópicos que articulaban la memoria preexistente. La maltrecha memoria histórica de los españoles encontró así en el éxito de la estrategia reformista para salir de la dictadura un argumento de peso que, elevado a la categoría de mito, habría buscado redefinir la identidad de España, rompiendo amarras con una tradición, la autoritaria, que se había mostrado incapaz de legitimar la construcción de un Estado nacional. En efecto, el largo período de la dictadura franquista había obrado una profunda modificación en las actitudes políticas de los ciudadanos. La dureza de la guerra y la crueldad de la represión posbélica dejaron una huella indeleble en quienes habían logrado sobrevivir en el interior del país. A la fractura provocada por la guerra vino a sumarse la experiencia traumática de la posguerra.
-El miedo pasó a ser un elemento consustancial de la vida cotidiana durante todo el período, pero especialmente en las primeras dos décadas de gobierno autoritario.
-Quienes habían tenido que refugiarse en el exilio sufrieron también los rigores de un tiempo inclemente en el que toda Europa se vio desgarrada por la guerra.
-Muchos murieron, en el frente o en los campos de concentración, pero los supervivientes tuvieron la posibilidad de celebrar la victoria y, así, de algún modo paliaron el trauma de la guerra civil.
-Los que se quedaron en España no encontraron nunca esta compensación y poco a poco fueron haciéndose a la idea de que la dictadura iba a perdurar. Las nuevas generaciones crecieron en el silencio de lo que había pasado; sus padres les legaron el duro aprendizaje del olvido.
-Fue una generación huérfana, desconectada afectivamente de la dictadura, pero igualmente de las tradiciones críticas y las experiencias de lucha de quienes les habían precedido. En contraste con los republicanos del exilio, que alimentaron el vínculo con el pasado de sus organizaciones, los españoles del interior se acostumbraron a vivir con una memoria corta y a asumir sin entusiasmo las identidades artificiales fabricadas por la memoria oficial del régimen.
LOS USOS DE LA MEMORIA EN EL CAMBIO DE RÉGIMEN
-El anuncio de la muerte del dictador el 20 de noviembre de 1975 puso a prueba la capacidad de este estado de memoria como condicionante en la toma de decisiones. El hecho de que Franco hubiese muerto en la cama y las largas colas de ciudadanos que desfilaron delante de su cadáver aportan ya indicadores cualificados. Para entonces, los actores colectivos, tanto dentro del régimen como en la oposición, estaban en condiciones de sentarse a negociar sin grandes desgarros identitarios, dado que desde mediados de los cincuenta habían ido remodelando su memoria para hacerla compatible con la idea de escenificar en algún momento, seguramente tras la muerte de Franco, el episodio de la reconciliación.
-La reconciliación nacional En efecto, todos los autores coinciden en valorar la importancia que, para el éxito de las reformas, tuvo el largo proceso de adaptación ideológica, política y psicológica de los actores colectivos en liza.
-Los dirigentes del PCE lo definieron como «reconciliación nacional»27, si bien con este u otro nombre, tanto en el Gobierno como en la oposición, a uno y otro lado de la frontera, la mayoría de las fuerzas implicadas había comprendido la necesidad estratégica del reconocimiento mutuo.
-La idea de que era necesaria una «reconciliación nacional» debe ser entendida, por tanto, como la consecuencia lógica de que ninguno de los grandes actores colectivos de la España de los setenta contaba –o creía contar– con la fortaleza necesaria para alcanzar plenamente, y sin grave riesgo, sus objetivos. Esta percepción se había abierto paso desde los años de la apertura económica y se vio favorecida por los nuevos aires que por entonces soplaban en el contexto internacional. Durante casi dos décadas el despliegue de esta idea debió, no obstante, hacer frente a las todavía poderosas inercias de la guerra y la posguerra, alimentadas por unas memorias específicas, radicalmente enfrentadas, que habían conformado identidades excluyentes tanto en el interior del país como en el exilio. Todavía a mediados de los cincuenta España continuaba siendo una referencia polisémica. Con el paso del tiempo, el régimen fue agotando el crédito de su discurso legitimatorio, cada vez más vacío de contenido para las nuevas generaciones.
-La oposición en el exilio, por su parte, se había visto obligada también a reconocer su incapacidad para restaurar la legalidad republicana y el hecho incontrovertible de que había surgido una nueva España, producto de la modernización social y económica. Luego vino la decepción por cómo las potencias occidentales prefirieron inhibirse en la cuestión de España tras la victoria sobre el nazifascismo, lo que conllevó el abandono de la resistencia guerrillera (el maquis), que «entró en un callejón sin salida y en una espantosa tragedia, sin más horizonte que la débâcle y la muerte».
-El reconocimiento del régimen por parte de los EE.UU. y la admisión de España en la ONU fueron también golpes importantes para las aspiraciones de la oposición y el exilio republicanos.
-Pero quizá lo más impactante fue, como en el caso del propio régimen, el cambio generacional que vivió el país en los años sesenta, coincidiendo con el ciclo económico expansivo de la economía. A comienzos de los setenta casi el 70 por ciento de la población no había vivido la guerra y, aunque un recuerdo de estas características se transmite de
En contraste con esto, los sujetos políticos colectivos, tanto del régimen como de la oposición, permanecían oficialmente fieles a las memorias grupales, a sus símbolos, legitimaciones y discursos identitarios.
Los militantes conservaban así, por medio de rituales y liturgias específicas, el respeto hacia sus respectivos mitos fundacionales y el culto a una idea de misión como expresión de la razón de ser de sus organizaciones y el propósito fundamental de su existencia.
Fue necesario, como se ha dicho, un esfuerzo muy notable para ir introduciendo en la militancia organizada la idea, comprensible sin embargo para la mayor parte de la ciudadanía, de que era necesaria una «reconciliación nacional», o lo que es lo mismo: que ninguna de las Españas subsistentes estaba en condiciones de aspirar a una victoria definitiva.
El «consenso de los débiles»
. Para hacernos una idea de lo que esto representa, podemos recurrir a los resultados electorales del 15 de junio de 1977, la primera consulta democrática desde 1936. La distribución de los votos permite constatar que las estrategias reformistas de supervivencia y reorientación, adoptadas por los aperturistas del régimen y por la oposición moderada, respectivamente, obtienen un respaldo cercano al 80 por ciento. Es decir, expresan de manera bastante precisa el estado de ánimo de los ciudadanos, sus condicionantes de memoria y sus aspiraciones más básicas: salir de la dictadura y evitar una nueva contienda civil.
Ciertamente, y a diferencia de lo que sucediera en 1936, las estrategias basadas en el reconocimiento de las debilidades se muestran ahora hegemónicas frente a las que se orientan a hacer valer la propia fortaleza:
a) Así, los poderes del régimen, divididos y conscientes de su propia fragilidad, optaron mayoritariamente por una estrategia de supervivencia.
b) Para las fuerzas más representativas de la oposición, sin embargo, se trataba de aprovechar estas mismas condiciones del entorno, que le eran favorables, para corregir carencias o debilidades internas, entre éstas muy especialmente la escasa militancia y la falta de un apoyo popular de masas, por lo que optaron por estrategias de reorientación.
En suma, en 1975 los cuatro escenarios posibles en España eran:
-la ruptura democrática,
-la sucesión continuista,
-la reforma pactada y la
-confrontación civil.
El resultado, en la esfera de la ciudadanía, de este do ut des, es el llamado «cambio pacífico», la atenuación al máximo del conflicto latente entre «las Españas» que habían confrontado antes, durante y después de la Guerra Civil.
La reforma pactada concentró la responsabilidad histórica en los sujetos colectivos del pacto (Iglesia, Fuerzas Armadas, empresarios, partidos, sindicatos), descargando en buena medida a los ciudadanos del peso de la responsabilidad individual en la toma de decisiones. Es cierto que ni el Gobierno ni la oposición contaban a comienzos de los setenta con un respaldo indiscutible entre los ciudadanos, por lo que no estaban en principio habilitados para ejercer eficazmente como sus representantes en un proceso de negociación. Este déficit afectaba, como es lógico, de forma más acuciante al régimen autoritario, que se manifestaba ya desde mediados de los sesenta incapaz de asegurar su reproducción y encontraba demasiadas dificultades para adaptarse a las nuevas circunstancias derivadas del cambio social y económico que él mismo había promovido.
-La crisis de la dictadura quedaba patente además en la pérdida de cohesión interna y en la reducción de su capacidad para reprimir los conflictos.
-La oposición, por su parte, carecía de la madurez, los recursos financieros y la articulación necesaria para actuar como referente seguro en un proceso de ruptura democrática.
-La desconexión entre el exilio y la resistencia interior no era sólo física, sino también ideológica, orgánica y generacional.
Sin embargo, y quizá por todo ello, la aceptación por ambas partes de unas mínimas reglas del juego tuvo la virtualidad de potenciar la legitimidad del proceso, fagocitando los espacios neutros (ocupados por los llamados «indiferentes») y facilitando así la interpretación de que todos estaban representados, incluidos por supuesto los muchos españoles que por entonces no tenían una opción clara a favor o en contra de las reformas. Este reconocimiento mutuo permitió a las dos plataformas, la del Gobierno y la de la oposición, igualmente fragmentadas, reducir el número de actores y conllevó también la delimitación más precisa de los escenarios posibles del cambio.
Pudo comenzar así el diálogo –en principio no reconocido– que condujo al establecimiento de un nuevo marco jurídico para la convivencia, cuyo máximo exponente es la Constitución aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. Su refrendo ampliamente mayoritario el 6 de diciembre vino a confirmar el prerrequisito necesario de que, en efecto, todos (o casi todos) los españoles se habían visto representados.
El discurso pronunciado por el Rey en las Cortes el 27 de diciembre resume el simbolismo de esta ratificación, por la que el pueblo «ha manifestado en el referéndum su voluntad de apoyo a una Constitución que a todos debe regirnos y todos debemos acatar [...] Y en consecuencia, al ser una Constitución de todos y para todos, es también la Constitución del Rey de todos los españoles».
La Constitución se había aprobado con el respaldo del 87,8 por ciento de los votos emitidos. Sin embargo, la abstención había alcanzado el 32,8 por ciento, por lo que, en realidad, y pese a todos los esfuerzos desplegados tanto por el Gobierno como por la oposición, sólo el 59 por ciento de los censados había refrendado con su voto favorable la nueva Carta Magna. Se explica, por ello, la insistencia del monarca en implicar simbólicamente a todos.
MEMORIA Y POLÍTICA DE LA MEMORIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEMOCRACIA
Carente de argumentos más sólidos, el régimen había recurrido a la «Reconquista» y el «descubrimiento de América» para fundamentar históricamente la existencia y la misión de «una» Nación española que con poca fortuna se esforzaba en denominar también «grande y libre».
Sobre la monarquía restaurada recaía ahora también el peso de la Historia. La ruptura democrática había sucumbido por la memoria del miedo, pero los artífices de la reforma política eran conscientes de que las amenazas más importantes estaban todavía por venir.
La memoria de la guerra civil jugaba a favor de los cambios, pero la memoria profunda que sustenta las identidades nacionales continuaba estando gravemente afectada por la experiencia histórica del último siglo y era seguro que despertaría en el medio plazo, muy posiblemente de la mano de los nacionalismos periféricos. Sin una identidad española fuerte, asumida por todos los ciudadanos, como referencia integradora, estas identidades alternativas estarían llamadas a confrontar por la hegemonía en el territorio de las memorias y, en tales circunstancias, el consenso alcanzado por los actores políticos podría llegar a quebrarse.
Ciertamente potenciar la identidad española tras los desmanes cometidos en su defensa por el franquismo no era tarea fácil. Privados del duelo con que toda sociedad despide a sus muertos e inhabilitados para la confesión, los españoles que habían vivido bajo la dictadura y que se habían refugiado en la amnesia y el silencio tenían muy difícil recuperar la confianza necesaria para sentirse protagonistas de un proyecto común.
Conscientes de esto, los sucesivos gobiernos de la monarquía parlamentaria trabajaron en una doble dirección: de una lado,
-acometieron un ambicioso programa de modernización destinado a fortalecer la capacidad del Estado para reanudar con éxito el proceso de construcción de la nación española; de otro,
-una política de la memoria orientada, desde un primer momento, a magnificar el significado y la trascendencia histórica del cambio de régimen, entendido como refundación simbólica del Estado y coyuntura histórica en que emerge una nueva identidad nacional.
La estabilidad del sistema se suponía asentada en la práctica de una permanente negociación que, como cláusula de reaseguro, debía ser además refrendada por la voluntad mayoritaria de la ciudadanía. Tanto la Ley para la Reforma Política como la nueva Constitución observaron estos requisitos, lo que permitió a ésta última ser proclamada como el texto «sagrado» de la España democrática.
La memoria de los supuestos excesos y de la intransigencia del régimen republicano potenció el aprendizaje de la reforma y el consenso. Los recuerdos de la política militar y religiosa de la II República condicionaron el modo, extraordinariamente cuidadoso, en que los sucesivos gobiernos de la monarquía parlamentaria acometieron la relación con el Ejército y la Iglesia Católica desde 1975.
El diseño del Estado autonómico, por su parte, ponía de hecho las bases para el reconocimiento de la diversidad de España. Aunque la denominación era novedosa, la práctica de las autonomías podría conectar, no sin dificultades, con el esfuerzo desplegado en el XIX para fortalecer la construcción simbólica de las regiones como expresiones de una identidad nacional más amplia, con contenidos políticos y culturales bien definidos.
Por lo que respecta al ingreso en Europa, obra del primer Gobierno socialista, la firma del tratado de adhesión a la CEE fue vista por la inmensa mayoría de los españoles como una gran conquista nacional, en la medida en que no sólo suponía el reconocimiento de una identidad secularmente cuestionada, sino que abría importantes expectativas para nuestro desarrollo social y económico. En estos tres ejes hubo consenso; quizá porque hubo también memoria.
De ahí que, ante el desafío de la Transición, todos los sectores de la sociedad española sintiesen sobre sus espaldas esta especial responsabilidad: la de no hacer fracasar el proyecto.
No todos cedieron por igual ni fueron unánimemente generosos, pero el resultado final de sus aportaciones acabó siendo considerado como propio por la inmensa mayoría de los ciudadanos, incluidos quienes habían defendido opciones críticas, como el continuismo o la ruptura.
6. Crisis económica y movilización social, claves en los primeros tiempos de la transición. La consolidación de una nueva estructura sindical.
Juan Antonio García Díez
Ha pasado casi un cuarto de siglo desde que España inició el paso del régimen franquista a un sistema democrático. Abundan, con calidad variable estudios sobre los aspectos políticos de esta transición. Es menos lo que se ha escrito sobre la transformación de la economía y sobre los problemas a los que hubo de enfrentarse la política económica. El propósito de mi intervención es hablar de esto, desde mi experiencia personal como miembro del Gobierno entre 1977 y 1982. Quisiera empezar señalando que consideraciones y dificultades que hoy parecen tan lejanas como para no haber existido, tenían entonces una importancia de primer orden. Una sobre todas las demás; asegurar que el paso pacífico a una nueva situación política era posible. No debe olvidarse cómo. en un período muy corto, cambian los datos que. a comienzos de 1973 parecían condicionar la forma en que iba a producirse el fin del franquismo.
El esquema previsto por el anterior régimen se apoyaba en dos pilares:
-el mantenimiento de un fuerte ritmo de desarrollo económico y
-el nombramiento del Almirante Carrero. en Junio de aquel año, como Presidente del Gobierno (el primero desde la Guerra Civil) y garante de la continuidad. Ambos desaparecen en pocas semanas.
En Octubre de aquel año la primera crisis del petróleo desbarata la hipótesis de crecimiento continuado y en Diciembre Carrero es asesinado. Pocos meses después. en Abril de 1974, la revolución portuguesa pone fin a la larga historia del otro régimen autoritario en la Península Ibérica. Todo había cambiado.
. Para tratar de comprender la historia económica, pero no solo la económica de estos años, puede ser útil referirse brevemente a los tres hilos conductores que en mi opinión vertebran el proceso: crisis, cambio y aprendizaje.
En primer lugar, crisis.
La crisis es, primero, una crisis de la economía mundial.
El esquema de rápido crecimiento en las economías del primer mundo imperante desde que había iniciado la recuperación tras la Guerra Mundial se ve bruscamente alterado por la primera crisis del petróleo. Alteración que se acentúa con la segunda crisis del petróleo.
Hay también una crisis en las ideas económicas; tanto en las técnicas, sobre cómo manejar las economías industriales avanzadas, como en su sustrato ideológico. Se inicia el proceso que nos llevará del keynesianismo a la desregulación a ultranza, y en lo más puramente ideológico al fin del socialismo autoritario, a la crisis de la socialdemocracia y al revivir del liberalismo.
En España se vive además una profunda crisis política; el fin de un régimen y la necesidad ineludible de reemplazarlo por otro.
En segundo lugar, cambio.
Cambio previo a la crisis y cambio exigido por esta. En los años del desarrollo ya se ha producido en España un profundo cambio social. Un país pobre se ha convertido en un país modestamente acomodado. En el proceso una sociedad básicamente rural, jerárquica y profundamente religiosa ha pasado a ser urbana, liberal y laica. Y el cambio constitucional se acompaña por múltiples cambios en todo el sistema legal. El cambio político lleva a un cambio en el funcionamiento de la economía. El peso de los distintos actores en la vida económica cambia radicalmente.
En el terreno económico se nos impone, primero, aprender a manejar las nuevas instituciones que surgen: sindicatos libres, organizaciones empresariales, poderes territoriales. Pero además hemos de aprender a cambiar ideologías estereotipadas, fijadas en el ambiente cerrado de los últimos años del franquismo. Como ya se ha indicado. se inicia el movimiento del socialismo a la socialdemocracia y de ésta y del intervencionismo de derechas al liberalismo. Y, por fin, hay que aprender a tomar decisiones compartidas o limitadas por el poder de los demás agentes sociales. Teniendo en cuenta estos tres ejes vamos a desarrollar nuestro análisis.
Todos los índices económicos mostraban desde 1959 un fuerte ritmo de crecimiento, lo que a su vez había inducido un notable cambio social; el país se había urbanizado y enriquecido. Pero todo ello había llevado, y no solo a los gobernantes a tan alto grado de complacencia con lo conseguido que hacía olvidar algunos hechos esenciales.
-El primero, que, a pesar de la rápida modernización del país la estructura empresarial seguía siendo muy deficiente. Esto se manifestaba en el tamaño de las empresas, reducido incluso en el caso de las mayores, en su pésima estructura financiera, que las hacía muy sensibles a variaciones en los costes y disponibilidad de crédito, y en su bajo nivel tecnológico y organizativo, reflejó lo primero de la escasa capacidad de generar tecnología propia y lo segundo de las deficiencias de la propia clase empresarial.
-En segundo lugar, tendía con frecuencia a olvidarse que nuestro crecimiento económico no había sido muy creador de empleo; la población ocupada alcanzaría en 1974 un máximo histórico de casi 13 millones, habiendo aumentado en los diez años desde 1964 en poco más de un millón. Con un proceso muy fuerte de destrucción de empleo en la agricultura y con aumentos muy fuertes de productividad en la industria la economía española creaba poco más de 100.000 nuevos puestos de trabajo al año. El equilibrio del mercado de trabajo -de un mercado de trabajo en el que por razones demográficas y sociales la tasa de participación era muy baja- se lograba gracias al mantenimiento de un flujo emigratorio casi tan importante como la propia creación de empleo.
-En tercer lugar, la economía funcionaba con una determinada estructura de precios relativos que se vería muy afectada por la inminente crisis del petróleo. por las crecientes reivindicaciones salariales y por la necesidad de elevar el coste real del dinero. y por último. pero muy importante, porque explica en parte el porqué de la persistencia de los rasgos anteriormente señalados. una telaraña de intervenciones y rigideces institucionales limitaba extraordinariamente la capacidad de la economía para adaptarse a nuevas circunstancias y reasignar adecuadamente los recursos disponibles.
Pero al menos hay las siguientes áreas a señalar.
-Las relaciones laborales. sujetas al impuesto «pacto social» del anterior régimen: ni huelga ni libertad sindical y en contrapartida una Seguridad Social creciente y severísimas limitaciones al despido y a la movilidad laboral.
-El Sector Público. pequeño en tamaño y alimentado por un sistema fiscal insuficiente e ineficiente, pero omnipresente como interventor y autorizador en los campos más diversos.
-El Sector Exterior. cuya liberalización iniciada en 1959 se había frenado en 1964 sin recibir más impulso adicional que el derivado del criticado y sin embargo brillante acuerdo de 1970 con la CEE. Aquí las limitaciones a la importación se complementaban con la pervivencia de la legislación de control de cambios establecida en 1939 y con el recelo respecto a la inversión extranjera.
-El Sistema financiero. en el que se mezclaba la defensa de la posición adquirida por quienes en él se encontraban instalados, la pervivencia de amplios circuitos de financiación privilegiada y el mantenimiento de una retribución muy baja, en términos reales, al ahorro que el sistema generaba.
El elemento inflacionista venía a añadirse a una situación ya complicada; como hemos señalado, el rápido crecimiento de los precios había sido, hasta el estallido de la crisis del petróleo, el principal punto negro de la economía española.
-Saneamiento y reforma El Gobierno que se formó en el verano de 1977 se encontró con un panorama bien poco halagüeño. Por un lado, la economía venía arrastrando serios problemas estructurales, unos casi endémicos en nuestro país y otros surgidos en el proceso de rápido desarrollo que va de 1960 La economía política de la transición (1975-1982) 409 a 1974. Por otro, se habían acumulado graves problemas coyunturales como consecuencia de la forma en la que se hizo frente a la crisis del petróleo. Sobre lo primero, sobre los problemas estructurales, ya hemos indicado lo suficiente.
Por resumir de nuevo: la economía se había desarrollado muy protegida y muy intervenida, como consecuencia de lo cual la estructura productiva estaba fragmentada, tecnológicamente atrasada y era poco competitiva. existiendo además fortísimas rigideces en prácticamente todos los mercados de bienes y servicios, de trabajo, financieros.
El sector público encargado de gerenciar el amplio y poco eficaz aparato intevencionista era, sin embargo, y en términos económicos, raquítico, disponiendo de pocos recursos para hacer frente a lo que de él demandaban la sociedad y la economía. Pero a pesar de todo esta debilidad estructural no era percibida por el nuevo Gobierno como el problema más angustioso.
Ya se sabía hacía años que el primer Gobierno democrático tendría que poner en marcha un amplio programa de reformas. Lo que de verdad abrumaba era el corto plazo. la situación coyuntural que había creado la reacción ante la crisis internacional de los últimos gobiernos del régimen que veníamos a sustituir. El Gobierno formado tras las primeras elecciones democráticas se encontró con las consecuencias de tres años y medio de la política económica que hemos descrito. equivocada en su planteamiento inicial, ejecutada desde una debilidad creciente y que a partir de un determinado momento había ocupado un lugar secundario en las prioridades nacionales.
-Así, en 1976 el déficit corriente había alcanzado el 4% del PIB;
-los precios al consumo llegaban a crecer en una tasa anual del 38% en el tercer trimestre de 1977 y
-la masa salarial aumentaba en el año un 24o/c:. Y el «aquí no puede hacerse nada» en 1976 y 1977 de los gobiernos provisionales, con el «ha llegado nuestra hora» de los trabajadores y el «vámonos de aquí» del capital.
A partir del triunfo del PSOE en las elecciones generales de 1982 se formaría una especie de canon interpretativo de nuestra historia económica reciente, generalmente aceptado y, en más de un aspecto, discutible. El canon dice que a un esfuerzo brillante y solidario de lucha frente a la crisis, los Pactos de la Moncloa, sigue un período en el que la creciente derechización -aunque de esto se va hablando menos- y debilidad de los gobiernos de UCD, junto a la escasa atención que a los problemas económicos se presta, porque interesa más la política, lleva a la situación insostenible de finales de 1982.
El «saneamiento» se ocupa del corto plazo, de la política coyuntural. Busca restablecer los equilibrios rotos en la Balanza de Pagos y en precios. Se inicia con una importante devaluación nada más formarse el Gobierno, se continúa con un importante endurecimiento de la política monetaria y se completa con un pacto de moderación salarial.
La «reforma», que mira más a largo plazo, trata de hacer frente a los problemas estructurales de la economía. Responde a la idea de que la economía ha de funcionar con un grado mayor de libertad pero acepta al mismo tiempo que el Gasto Público debe crecer, y ello tanto por convencimiento de los protagonistas de la política económica como porque aquí está la contrapartida al sacrificio que se pide a los trabajadores en el pacto de moderación salarial.
Esta decisión de aumentar el Gasto Público tiene como consecuencia necesaria una reforma fiscal que aumente los recursos del Estado y que es también parte de las contrapartidas políticas a los trabajadores.
Este esquema, que es el definido en los Pactos de la Moncloa será el que, con variaciones de matiz, se aplique durante todo el período de UCD. Supone una política monetaria generalmente estricta junto a una política fiscal más relajada, la utilización permanente de la política de rentas y el crecimiento del Gasto Público y de la presión fiscal. Acompañado, todo ello, por una serie de reformas estructurales de intención generalmente liberalizadora.
. La reforma de la legislación laboral, cuya concreción fue el Estatuto de los Trabajadores de 1980 fue una ocasión fallida de alterar radicalmente la herencia de rigideces recibida del anterior régimen. El problema esencial es que mantuvo un grado tan alto de protección a los trabajadores empleados que el ajuste de plantillas siguió siendo un ejercicio extraordinariamente difícil y costoso
7. Las elecciones de 1977.
Las elecciones generales de España de 1977 se celebraron el miércoles 15 de junio para elegir a los miembros que iban a constituir las Cortes —el Congreso de los Diputados y el Senado—. Fueron unos comicios de carácter histórico, ya que constituyeron las primeras elecciones libres que se celebraban en el país desde los tiempos de la Segunda República, concretamente desde febrero de 1936. Fueron también las primeras elecciones libres que se celebraban tras la dictadura de Francisco Franco.
Las elecciones fueron convocadas por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez a través del Real Decreto 679/1977, de 15 de abril.1 Las Cortes resultantes de estos comicios fueron las que aprobaron poco después la Constitución de 1978.
Los resultados de las elecciones marcaron una tendencia de signo moderado, ya que los votantes apostaron mayoritaria y claramente por partidos de centroderecha y centroizquierda. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, nombrado el 3 de julio de 1976 por el rey para conducir la reforma política, desde el poder organizó una plataforma de «centro democrático», con la cual agruparse junto una serie de partidos en la luego denominada Unión de Centro Democrático. Esta coalición electoral, que concentró a un gran número de pequeños y medianos partidos centristas o liberales, resultó la ganadora de las elecciones y se quedó a unos escaños de la mayoría absoluta.
La otra gran sorpresa de la jornada fue el Partido Socialista Obrero Español que, liderado por el joven abogado Felipe González desde 1974, logró obtener un gran triunfo y obtuvo la segunda posición con casi 120 escaños, convirtiéndose además en el primer y principal partido de la oposición. Le arrebató así la hegemonía en la izquierda al Partido Comunista de España (PCE), formación política que durante los cuarenta años de dictadura se había distinguido por su lucha contra el franquismo y de hecho, hasta entonces, había sido el principal partido de la oposición antifranquista. Liderado por el histórico Santiago Carrillo, el PCE obtuvo el tercer puesto con 20 diputados. El PSP de Enrique Tierno Galván concurrió a las elecciones en coalición con varios formaciones que habían pertenecido a la Federación de Partidos Socialistas, pero esta solo obtuvo 6 escaños.
En posiciones más derechistas que las de UCD, Manuel Fraga, que fue ministro durante los años del desarrollismo franquista y, posteriormente, vicepresidente y ministro de Gobernación del primer gobierno del rey, lideró la Federación de Partidos de Alianza Popular (AP) que, representando al franquismo sociológico, obtuvo 16 diputados. Con ello, Fraga y AP quedaron a mucha distancia de la UCD, sin lograr capitalizar el voto conservador.
Varios partidos nacionalistas, destacando los catalanistas y vasquistas, también obtuvieron representación parlamentaria
8. La Constitución de 1978 y la definición de una monarquía democrática.
https://www.boe.es/boe/dias/1978/12/29/pdfs/A29313-29424.pdf
9. El gobierno de Adolfo Suárez. La nueva estructura territorial del Estado.
LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y LOS GOBIERNOS DE ADOLFO SUAREZ 1975-1981 Continuismo de Arias 1975-julio 1976 Unidad de la oposición Juan Carlos I juró su cargo ante las Cortes franquistas en noviembre de 1975. Su primera medida fue confirmar a Arias Navarro como presidente del gobierno pero le impuso numerosos ministros reformistas ( Areilza, Fraga, Garrigues, Osorio, Suárez...). Gobierno zarandeado por el Bunker o seguidores del franquismo a ultranza, por la oposición democrática que se lanzó a las calles en protestas y huelgas masivas y por la división interna de los ministros con diferentes ideas sobre la reforma. La Junta Democrática, liderada por el PCE y la Plataforma Democrática, liderada por el PSOE se unen en la llamada “platajunta”, que exigía al Rey y al gobierno un proceso de “ruptura” en la transición frente al reformismo franquista de los ministros.Exigían además amnistía general, reconocimiento de los partidos políticos, autonomías regionales y un proceso Constituyente. El 29 de mayo de 1976 el gobierno aprueba una ley de derecho de reunión y de derecho de asociación política, ambas restrictivas y de lenta aplicación. El Rey prescinde de Arias Navarro.
Nuevo gobierno de Adolfo Suárez. La Ley para la Reforma Política Noviembre de 1976 Tensión social y política Fracasado en franquismo continuista, el rey opta por una figura nueva, desconocida, joven y ambiciosa: Adolfo Suárez, hasta ahora secretario general del Movimiento.Nombra un gobierno de jóvenes políticos reformistas ( Martín Villa, Landelino Lavilla, Marcelino Oreja, Abril Martorell,...)y aplica con tibieza las leyes y disposiciones franquistas. Suárez mantuvo contactos con todos los líderes de la oposición para plantear su modelo de cambio. Este se concretó en la promulgación y aprobación por las Cortes franquistas de la Ley para la Reforma Política, de 18 de noviembre del 76. En él se afirmaba la necesidad de democracia y soberanía popular, se daba el poder a las Cortes elegidas por sufragio y se establecían las vías para el cambio político. El 15 de diciembre se aprobó en referendum nacional.
La tensión social era cada vez mayor: PCE y PSOE convocaron Congresos multitudinarios, las protestas y huelgas obreras se recrudecieron, el GRAPO y ETA secuestraban y asesinaban a diario. Enero de 1977 sea quizás el mes más critico de la transición con asesinatos de la ultraderecha ( Abogados laboralistas de Atocha) y duras acciones del GRAPO y ETA.
Instauración de una democracia y fin del Franquismo Convocatoria de elecciones generales Abril de 1977 Victoria de la UCD El 1 de abril el gobierno disolvió el Movimiento, el 12 legalizó el PCE, el 28 las centrales sindicales UGT y CC.OO. El PCE renunció al republicanismo y adoptó la bandera bicolor. Se crearon Alianza Popular, partido de derechas liderado por Fraga y la UCD ( Unión del Centro Democrático), liderada por Suárez. El gobierno, siguiendo la Ley de Reforma convoca elecciones a Cortes el 15 de junio de 1977. Con la libertad de prensa y el sufragio universal, España entró en la democracia definitivamente. La victoria fue para la UCD seguida por el PSOE. Suárez volvió a formar gobierno.
Elaboración de la Constitución Las primeras grandes reformas económicas: los Pactos de la Moncloa Octubre 1977 Preautonomías y aprobación Contitución 6 diciembre de 1978 Se creó una Comisión Constitucional y una ponencia de 7 miembros ( “los padres de la Constitución”) para redactar un texto constitucional. El único partido excluido fue el PNV, lo que radicalizó aún más el terrorismo vasco. Nuevo gobierno, primeras medidas económicas para parar la crisis económica con un aumento espectacular del paro y una inflación desbocada. Son los Pactos de La Moncloa de octubre de 1977. En ese otoño los nacionalistas tomaron la calle en el País Vasco y Cataluña; el gobierno respondió dando la preautonomía a ambos territorios aunque sin poder legislativo ni apenas poder de gestión. El consenso se convirtió en el medio de acción, primero en la política económica, después en el debate constitucional. Largos y complejos debates tanto en la ponencia como en el pleno del Congreso lograron, por fin, la aprobación del texto el 5 de octubre y su refrendo por el pueblo en referendum el 6 de diciembre de 1978. Se declaraba a España una monarquía democrática y constitucional y un Estado social y democrático de derecho. Elecciones de 1979. Segundo Gobierno de la UCD Elaboración de las principales leyes democráticas Desarrollo del Estado autonómico Aprobada la Constitución, se disuelven las Cámaras y se convocan elecciones para el 1 de marzo de 1979. Victoria de nuevo de la UCD seguida del PSOE. Destacan las caidas de votos de AP y del PCE. Este gobierno se encarga de derogar las principales leyes franquistas y de crear leyes adaptadas a los principios constitucionales en temas tan dispares como educación, sistema tributario, Tribunal Constitucional, divorcio, etc.
Las primeras elecciones municipales de la democracia en 1979 dieron el poder de numerosas ciudades a los partido de izquierda. A la vez, las Cortes estudiaban los estatutos de autonomía del País Vasco,Galicia y Cataluña que fueron posteriormente aprobados en referendum en sus regiones. Aplicando el artículo 143 de la Constitución, la redacción y aprobación de Estatutos de generalizó por todo el país. ETA seguía asesinando, entre enero y febrero de 1980 cometieron 21 asesinatos.
Dimisión Adolfo Suarez. Investidura Calvo Sotelo Golpe de Estado del 23-F Convocatoria de elecciones a Cortes en 1982. Victoria PSOE en Octubre de 1982. Fuertes disensiones por controlar mayor poder político llevaron a la división de la UCD y al cuestionamiento de Suárez como líder indiscutible. Este presentó la dimisión en enero de 1981. Durante el debate de investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo se produjo un golpe de Estado, el día 23 de febrero. La rápida actuación del Rey y de los subsecretarios de los ministerios así como las dudas de los golpistas y de los militares en general llevaron al fracaso de la intentona. El gobierno aprovechó la crisis para sacar adelante algunas leyes y disposiciones polémicas como la Ley de divorcio, un Acuerdo Nacional de Empleo con los sindicatos o la entrada en la OTAN. El fracaso de la UCD en las primeras elecciones andaluzas propició la convocatoria de elecciones generales para octubre de 1982. El PSOE y Felipe González consiguieron una mayoría absoluta aplastante: 202 diputados y 10 millones de votos. La UCD desapareció y Alianza Popular, de Fraga, se convierte en la segunda fuerza política con 106 diputados.
1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN LA CONSTITUCIÓN
La regulación constitucional de la organización territorial del Estado se regula en el Título VIII, artículos 137 a 158, ambos incluidos.
El artículo 137 establece que el Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Señala asimismo que todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. En relación con la autonomía, hemos de establecer también el principio general derivado del artículo 2 de la Constitución. Este artículo establece que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. Partiendo de esta afirmación, en la que aparecen los principios de unidad nacional, autonomía y solidaridad territoriales, el Título VIII construye lo que se ha dado en llamar “ Estado de las Autonomías”, una fórmula intermedia entre el denominado “ Estado centralizado” y el “Estado federal”.
La explicación de esta opción realizada por el constituyente tiene principalmente, las siguientes causas. a) Históricas. A raíz de la aprobación de la Constitución española de 1931 se estableció un sistema autonómico que no pudo desarrollarse como consecuencia de la Guerra Civil española de 1936, pero que dio sus frutos en la aprobación de los Estatutos de Autonomía de las actualmente denominadas “comunidades históricas”, Cataluña, País Vasco y Galicia.
Por tanto, en la Constitución de 1978 se trató de recuperar ese proceso abortado. b) Políticas. Si es cierto que España fue el primer Reino unificado de Europa, no es menos cierto que las diferencias entre los pueblos que la integran crearon, a lo largo de la historia, profundas e importantes divergencias en torno al grado de poder que conservaban éstos frente al poder central. La solución vino por la creación de esta formula mixta donde se establece el principio de unidad, pero al mismo tiempo, se reconoce el principio de autonomía de nacionalidades y regiones.
En relación con la Administración Local, como veremos, el grado de autonomía se aplica solo en lo referente a la gestión de sus propios intereses, pero no participa del grado analizado anteriormente al citar el artículo 2 de la Constitución. El Título VIII de la Constitución establece además los principios básicos de la organización territorial reiterando en su artículo 138 el principio de solidaridad y lo matiza en relación con los ciudadanos, en su artículo 139 al establecer el principio de igualdad en materia de derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio. El contenido exacto de estos artículos es el siguiente: Artículo 138 - El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el Art. 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular.
- Las diferencias entre los Estatutos de las distintas Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales. Artículo 139
- Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
- Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. De todo lo anterior, extraemos las siguientes consecuencias sobre el estado de las autonomías:
1. Se trata de un reconocimiento constitucional, es decir recogido en la Constitución.
2. Los sujetos autonómicos son múltiples.
3. Las entidades que son sujeto de autonomía no se hallan relacionadas entre sí en base al principio de jerarquía o subordinación, sino que están estructuradas en base a los principios de independencia, coordinación y competencia.
4. El proceso autonómico español se caracteriza por ser de naturaleza abierta. Hemos de entender que las diferencias entre las Comunidades Autónomas y los Municipios y las Provincias, a pesar de estar enunciados todos ellos como sujetos de la autonomía son profundamente divergentes. A modo de resumen diremos que: Las Comunidades Autónomas tienen personalidad jurídica propia independiente del Estado siendo auténticas entidades de derecho público y no simples órganos del estado o de su administración.
Ello se concreta en:
- Autonomía política. Pueden asumir y ejecutar decisiones políticas propias y diferentes a las del Estado. Es una autonomía superior a la de las entidades provinciales y municipales, va más allá de una autonomía meramente administrativa, con potestades legislativas y de gobierno.
- Autonomía normativa. Tienen potestad normativa, es decir capacidad legislativa.
- Autonomía institucional y de gobierno. Tienen competencias para configurar y estructuras de ordenación institucional y de gobierno.
- Autonomía administrativa. Además de aprobar sus propias normas de ordenación normativa sobre materias de su competencia, están habilitadas para proceder a su ejecución.
- Autonomía financiera. Gozan de esta autonomía para satisfacer sus competencias, asignándoles la constitución los recursos necesarios para la gestión de sus intereses, en coordinación con la hacienda estatal y con la aplicación del principio de solidaridad con el resto de los españoles. Los municipios y provincias también tienen autonomía para la satisfacción de sus fines, pero diferencia de las comunidades autónomas tan sólo se trata de autonomía administrativa y financiera.
10. Ruido de sables. El búnker antidemocrático y sus ámbitos y redes de poder. Tensiones golpistas.
-Ruido de sables en Játiva: 13-16 de septiembre de 1977 // 15 de abril de 1981
Altos mandos militares se reunieron para tratar acerca de la situación por la que atravesaba España, encaminada a la redacción de una Constitución y la creación de los Estatutos de Autonomía. Abogan por un ‘Gobierno fuerte’, presidido por un teniente general.
-Operación Galaxia: 17 de noviembre de 1978 // 18 de noviembre de 1978
Consistía en tomar el Palacio de la Moncloa en el instante en que estuviera reunido el Consejo de Ministros. Se aprovecharía la ausencia del rey, de visita oficial en México, y que Gutiérrez Mellado estaba de gira explicando la Constitución.
-Destitución de Torres Rojas: Finales de enero de 1980 // 26 de enero de 1980
Encabezada por Luis Torres Rojas, consistía en el asalto del Palacio de la Moncloa por las fuerzas de la Brigada Paracaidista mientras que el control de Madrid lo llevarían a cabo unidades de la División Acorazada Brunete 1 (DAC).
-23-F: 23 de febrero de 1981 // Relato en suplemento del 6 de enero de 1981 (Operación Zalamea)
Intento de golpe de Estado encabezado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero en plena sesión de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno. Milans del Bosch sacó los tanques en Valencia y el general Alfonso Armada aparecería como la solución a esta compleja situación.
-Operación Cervantes: 27 de octubre de 1982 // 3 de octubre de 1982
Buscaba ser un golpe cruento contra las instituciones en la víspera de las elecciones generales. A grandes rasgos consistía en la detención de líderes políticos, en dar tratamiento especial a las Capitanías Generales y en controlar los edificios públicos.
11. El nuevo poder municipal.
Las nuevas corporaciones democráticas
La clave de estas elecciones locales no estaba tanto en los resultados del día 3 de abril, con ser importantes, como en los acuerdos que se pudieran establecer para alcanzar la presidencia de los ayuntamientos.
La legislación aprobada el año anterior, ya comentada, preveía que los alcaldes fueran elegidos por la mayoría absoluta de los integrantes de las corporaciones en primera vuelta, y, si esto no se lograba, el cargo quedaría en poder de quien hubiera encabezado la lista más votada. Los pésimos resultados de Coalición Democrática28 hacían difícil que UCD pudiera lograr las alcaldías si no había obtenido la mayoría absoluta de los ediles, sobre todo en las ciudades más pobladas. Hay que recordar, en este sentido, que el partido centrista solo había obtenido esa mayoría cualificada en 4 de las 50 capitales de provincia (Ávila, Badajoz, Cuenca y Segovia), aunque sus candidaturas habían sido las más votadas en otras 3129 y siempre podría beneficiarse de que los ediles de Coalición Democrática o de Unión Nacional, incluso muchos independientes, nunca se sumarían a los concejales socialistas o comunistas para la elección de los alcaldes.
Las dos principales fuerzas de izquierdas —PSOE y PCE— ya habían previsto formalizar acuerdos tras la celebración de los comicios, por lo que se abría un nuevo escenario de la vida política española, con muchos ayuntamientos gobernados por los socialistas30. De hecho, en la región valenciana unos días antes de las elecciones ya se había anunciado un acuerdo de bases entre los dos partidos, formando una comisión mixta, con el fin de garantizar que “en aquellos municipios donde el voto popular sea mayoritariamente de izquierdas, el nuevo ayuntamiento sea también de izquierdas”, acordando también dar mayor relevancia al Pleno y fomentar que las comisiones informativas limitaran las atribuciones del alcalde.
El pacto, además, quedaba abierto a otros partidos como los nacionalistas de las diferentes regiones, incluidos los más radicales, y las organizaciones situadas a la izquierda del PCE (sobre todo las que más votos habían tenido, como el Partido del Trabajo de España y la Organización Revolucionaria de Trabajadores), así como a aquellas candidaturas presentadas como independientes, pero con clara identificación progresista.
La reacción de las derechas políticas, y de sus medios de comunicación afines, ante la posibilidad del acuerdo de las izquierdas para gobernar los ayuntamientos, no tardó en llegar. El destacado dirigente centrista valenciano, Emilio Attard, que había presidido la Comisión Constitucional en las Cortes elegidas el 15 de junio de 1977, no dudó en calificar el pacto como “fraude electoral”, mientras que el alcaldable de Madrid por ese mismo partido, José Luis Álvarez, declaró que era “torcer la voluntad popular”.
Los intentos a la desesperada de Gobierno de Suárez para abortar el acuerdo izquierdista llegaron a incluir propuestas de pactos a los comunistas, en el sentido de reconsiderar la solicitud del Santiago Carrillo cuando pedía una política de concentración nacional, si no confirmaban el acuerdo de política local con el PSOE. Tras el fracaso obtenido en esta estrategia, quisieron garantizar a los socialistas el número de alcaldías que le podían facilitar los ediles del PCE, que fracasaron también. En la prensa progresista, como la revista Triunfo, se reflejaba la denuncia de estos intentos, publicando que: […] esta tentativa denunciada por ambos partidos es el resumen de quince días de esforzadas maniobras de los neofranquistas por descomponer la unidad de la izquierda y mantener bajo el continuismo político el mayor número de alcaldías.
En efecto, la inmediata constitución de los Ayuntamientos “PSOE y PCE suscribieron un acuerdo-marco en el País Valenciano”,
En los siguientes días, fueron cerrándose los acuerdos concretos en cada región. En la andaluza la situación era más compleja porque requería la suma del Partido Socialista de Andalucía, sobre todo en las capitales de provincia. Hay que recordar las buenas relaciones que el partido dirigido por Alejandro Rojas Marcos tenía con el presidente Suárez, al que sus cinco diputados habían apoyado en la investidura votada en el Congreso pocos días antes. Además, el PSA había sido de las pocas organizaciones socialistas regionales que no se habían integrado en el PSOE tras los procesos de convergencia y unidad llevados a cabo en torno al grupo dirigido por Felipe González desde las elecciones de 1977, y, por tanto, competían en el mismo espacio ideológico. Hubo incertidumbre en el proceso negociador, iniciado formalmente el 14 de abril, porque los andalucistas no negaban la posibilidad de llegar a un acuerdo con los centristas. De hecho, el pacto no se cerró hasta la madrugada del mismo día 19, pocas horas antes de la celebración de los plenos para constituir las corporaciones y elegir a sus alcaldes. También con el tiempo justo, socialistas, comunistas y nacionalistas pudieron firmar el acuerdo para los gobiernos locales de Galicia, el llamado Pacto del Hostal, a pesar de los intentos de UCD con Unidade Galega, ofreciéndole formar parte de la Xunta regional a cambio de la presidencia de la corporación de La Coruña.
El pacto firmado garantizaba la gobernabilidad de 24 municipios, con 9 para alcaldes socialistas (entre ellos, Vigo y Ferrol), 6 para Unidade Galega (incluido el de La Coruña), 4 para el Bloque Nacional Popular Galego, 2 para los comunistas y 3 para la denominada Agrupación Municipal Democrática Galega, formada por independientes progresistas.
En los ayuntamientos de Cataluña, los centristas quisieron llegar a un acuerdo con los sectores más moderados del nacionalismo. Sin embargo, el catalanismo político prefirió facilitar el gobierno del denominado “bloque de progreso”. Además, los concejales de Esquerra Republicana de Catalunya se unieron al pacto de izquierdas, mientras que Convergència i Unió dejó libertad a sus ediles, a pesar de la negativa de muchos a firmar acuerdos con los comunistas.
Así, tras resolver los principales problemas surgidos en los distintos lugares de la geografía nacional, el día 18 de abril se pudo firmar el pacto definitivo que iba a posibilitar que socialistas y comunistas dirigieran los principales ayuntamientos de España hasta 1983. Al inicio del documento se defendía el acuerdo para “trabajar conjuntamente por la democratización plena de los municipios y por una gestión eficaz y honrada, por una mejoría en las condiciones de vida de los pueblos y las ciudades”. Asimismo, el pacto quedaba abierto a “todas las fuerzas progresistas en las distintas nacionalidades y regiones que quieran formar con los dos partidos mayorías municipales estables para llevar a cabo una actuación municipal que responda a las aspiraciones populares”.
Se hacía constar que abarcaba todas las situaciones resultantes de los comicios; es decir, tanto si la mayoría era conjunta de los dos partidos, como aquellos en que uno de los dos dispusiera de la mayoría absoluta, o donde estuvieran en minoría, con el fin de llevar “a cabo iniciativas conjuntas para defender adecuadamente los intereses de los ciudadanos”.
En la primera cláusula del texto firmado quedaban definidos los objetivos concretos siguientes:
1. Obtener para los ayuntamientos la autonomía organizativa y financiera garantizada por el artículo 140 de la Constitución.
2. Llevar a cabo un plan de actuación municipal que solucione las necesidades más urgentes de la población; dicho plan será establecido en base a los programas que cada partido sometió a la votación de los electores.
3. Democratizar el funcionamiento interno de los ayuntamientos en la búsqueda de un equilibrio entre las atribuciones del alcalde y los poderes de la Comisión Permanente y del pleno de concejales. En el caso de las ciudades se descentralizarán competencias hacia los barrios y distritos.
4. Asegurar la eficacia, transparencia y honradez de la gestión municipal, informando a los ciudadanos de todos los asuntos importantes.
5. Desarrollar la participación ciudadana en la política local mediante comisiones mixtas (Ayuntamiento–asociaciones) para el estudio de los problemas que vayan surgiendo. En la segunda cláusula, para alcanzar esos objetivos fijados, se planteaba el propósito de constituir mayorías estables junto a otras fuerzas progresistas en todos los municipios en los que el resultado electoral lo permitiera.
Para ello, los concejales del PSOE y del PCE se comprometían a apoyar en las votaciones para la alcaldía al cabeza de lista más votada de entre los dos partidos “con las excepciones ya acordadas en algunos municipios”. Además, se pactaba la distribución de las responsabilidades para garantizar la gestión de los ayuntamientos donde gobernaran, alternando los puestos para los representantes de los dos partidos y se establecía una próxima reunión para “fijar las líneas principales de un plan de actuación municipal en base a los programas electorales de los dos partidos”.
Un tercer punto del pacto exponía que, en el momento de la votación, cada uno de los concejales de un partido debía dar a conocer su papeleta, antes de depositarla, a un compañero del otro partido. Aunque podría ser considerado como el reconocimiento de un cierto recelo entre ambas organizaciones, los responsables del acuerdo quisieron justificarlo por no estar conformes con la normativa vigente que establecía una votación secreta para la elección del alcalde.
Con estas premisas y antecedentes se constituyeron las nuevas corporaciones, las primeras elegidas democráticamente desde los años de la Segunda República. En líneas generales, los acuerdos fueron cumplidos y, si bien UCD se convirtió en el partido que más alcaldes tuvo (49,4 % del total), muy por encima del porcentaje alcanzado por el PSOE (14 %) y el PCE (2,9 %), en las capitales de provincia los centristas presidieron la corporación en 20 ciudades, los socialistas en 2342, los nacionalistas vascos en las 3 de su región, y comunistas, andalucistas, galleguistas y nacionalistas canarios en las cuatro restantes.
Si tuviéramos que resaltar las principales características que definieron la experiencia de los ayuntamientos que desempeñaron su actividad en el período 1979-1983, podríamos enumerar las siguientes:
1. La extensión de la democratización al conjunto de la sociedad, incluidas las localidades más reducidas.
2. La implantación de un nuevo modelo de gestión municipal. 3. La existencia de un poder alternativo, de izquierdas, en las instituciones españolas.
4. La constatación de un cierto declive del movimiento vecinal tras la constitución de los ayuntamientos democráticos.
5. La confirmación de que, junto a elementos de ruptura, se mantuvieron otros de clara continuidad respecto a las etapas políticas anteriores.
12. Hacia el 23F de 1981. La crisis interna de UCD. ¿Un gobierno de concentración nacional? La trama del 23F. La ocupación de las Cortes.
LOS GOBIERNOS Y LA CRISIS DE LA UCD (1977–1982).
Principales problemas:
-el terrorismo,
-la crisis económica derivada de la del petróleo (cierre de fábricas,
-paro, manifestaciones y huelgas ahora legales,…),
-excesivas o apresuradas reivindicaciones democráticas de los partidos antes clandestinos y peligro de involución o golpismo de los partidarios del antiguo régimen que al hacerlo creen volver a la legitimidad.
Intento de solución: el consenso de los Pactos de la Moncloa EL TERRORISMO: Desde 1977, los gobiernos de la UCD se vieron empañados por el terrorismo. En enero de 1977 se inició una escalada terrorista:
–Los GRAPO y el FRAP secuestraron a dos importantes personalidades: el general Villaescusa y el presidente del Consejo de Estado, José Mª Oriol.
–La extrema derecha –los Guerrilleros de Cristo Rey– asesinaron a un estudiante en una manifestación en Madrid y el asesinato de 5 abogados laboralistas de la calle Atocha de Madrid pertenecientes al PCE y a CC.OO. (también en enero de 1977).
–Posteriormente ETA –Euskadi Ta Askatasuna– se convirtió en una amenaza para el éxito de la democracia. ETA nació en 1959 con miembros de las juventudes del PNV. En 1968 inician los 1º atentados terroristas con el asesinato de Melitón Manzanas, jefe de policía. Se declaraba antifranquista y antiespañola: pensaba que el fin del franquismo no traería la libertad del País Vasco. Tras la muerte de Franco, ETA se dividió en 2 ramas: –ETA político–militar que se fue alejando de los actos terroristas. De ella nació EE (Euskadiko Ezkerra) –ETA militar, partidaria del terrorismo puro. De ella nació, en 1979, la coalición Herri Batasuna (Pueblo Unido) que dispone de su propio Periódico, "Egin" y es considerada el brazo político de ETA. Desde 1998 pasa a denominarse Euskal Herritarrok (Nosotros, los ciudadanos vascos) y ha sido ilegalizada en 2003. A pesar del terrorismo, el gobierno siguió adelante con sus reformas democráticas.
LA CRISIS ECONÓMICA
Supuso un lastre a todo el proceso de la Transición: inflación (> 20 %) y carestía de la vida, paro creciente (> 15 %) cierre de fábricas, poco rentabilidad de las mismas, aislamiento de Europa, que intenta sortear su propia crisis, freno de la posibilidad de emigración, de los ingresos por turista,… Todo ello unido a unos años de sequía con restricciones del consumo de agua. Dado que se pretende una democratización también se tiene que autorizar el derecho a la huelga y la manifestación. Estas se multiplican y la extrema derecha ve todo esto como un argumento contra la democracia.
LOS PACTOS DE LA MONCLOA (octubre de 1977). Fueron firmados por los principales partidos de la Transición, las organizaciones empresariales y los sindicatos. Sus principales medidas pretenden llegar a un consenso que haga disminuir la conflictividad social por motivos económicos dejando claro que todos están en el mismo barco de la democracia y hay que evitar dar argumentos a los antidemócratas o hundirán el barco: se teme la asociación de estos con el ejército:
*Reducir la inflación. Para ello se devaluó la peseta en un 20% y se redujo el gasto público. Además se buscó la contención de salarios: los aumentos de sueldos estarían en función de la inflación prevista.
*Nueva reforma fiscal: se crea el IRPF, impuesto progresivo sobre la renta de las personas físicas –a mayor renta, mayor porcentaje de impuesto– y el Impuesto Extraordinario sobre el patrimonio. Se trataba de aumentar la recaudación fiscal a costa de quienes obtenían más ingresos.
*La reducción del consumo de petróleo y el desarrollo de fuentes de energía alternativas.
*El Estatuto de los Trabajadores (1979) que fijó las nuevas relaciones laborales
LOS GOBIERNOS DE LA UCD (1979–1982): UCD ganó de nuevo las elecciones legislativas de marzo de 1979, aunque ya con escaso margen respecto al PSOE. El PCE superó el 10% de los votos u obtuvo 23 escaños, manteniéndose como tercera fuerza política, mientras que AP se desplomó con tan solo 9 escaños, sólo uno más que CIU (8) y dos más que el PNV (7). Destacó, por último, el fuerte ascenso del radicalismo vasco, canalizado por Herri Batasuna, que se presentaba por 1ª vez y obtuvo 3 escaños.
A. Suárez formó su 3º gobierno –el segundo democrático y el primero tras la Constitución– Pero, en las elecciones municipales de ese mismo año (abril de 1979) el PSOE ganó en las principales capitales españolas (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla), mientras que en Cataluña y el País Vasco la mayoría cayeron en manos de los partidos nacionalistas El PSOE inició un cambio de estrategia para alcanzar el poder: Felipe González atemperó el discurso del partido. a) En el XXVIII Congreso del PSOE (mayo 1979) se mantuvo la ideología marxista como esencia del PSOE. Pero entonces Felipe González presentó su dimisión como secretario general del partido. b) Cuatro meses más tarde, se convocó un Congreso Extraordinario, donde se reeligió por aclamación a Felipe González y éste logró que el partido rechazara el marxismo. Así, trataba de atraer el futuro voto de los sectores sociales más moderados.
LA CRISIS DE ENERO–FEBRERO DE 1981: La dimisión de Suárez y el golpe de Estado de Tejero. Desde 1980, se acentúan una serie de problemas que provocaron la caída de Adolfo Suárez: –Se incentivan las discrepancias internas en la UCD. La UCD era una coalición de Partidos
La España democrática.
La monarquía de Juan Carlos I a través de sus gobiernos formado por liberales, democristianos, socialdemócratas y «azules» o antiguos falangistas. Por ello, la tarea de gobierno dio lugar a enfrentamientos entre estas distintas tendencias. –El Problema de las autonomías: dentro de la UCD surge una división entre los partidarios de facilitar las autonomías frente a los que defendían una aplicación restringida.
–La crisis económica iniciada en 1979 con la revolución islamista de Irán, y acentuada tras la guerra entre Irán e Irak, iniciada en 1980
–El azote del terrorismo. Entre 1978 y 1980 ETA asesinó a 235 personas, de ellas 144 pertenecían a las fuerzas armadas.
–El peligro golpista. Destacó la Operación Galaxia –así llamada por la cafetería donde se reunían los involucrados– que pretendió asaltar la Moncloa, detener a Suárez y formar un gobierno de salvación nacional. Fue desmantelada en nov, de 1978.
–El acoso del PSOE. En mayo de 1980, el PSOE presentó una moción de censura al gobierno de Suárez, proponiendo como candidato alternativo a Felipe González. Suárez superó el voto de censura (por 166 votos contra 152), pero salió muy debilitado políticamente.
Ante este cúmulo de problemas, en enero de 1981, se produjo la dimisión irrevocable de Suárez como jefe del gobierno. Los Socialdemócratas (dirigidos por Fernández Ordóñez) abandonaron la UCD. Para sustituir a Suárez, la UCD propuso al vicepresidente Leopoldo Calvo Sotelo. El día de su investidura se produjo el GOLPE DE ESTADO del 23 F de 1981 dirigido por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, un exaltado ultraderechista. Al frente de un grupo de 200 guardias civiles asaltó el Congreso de los Diputados durante la investidura de Calvo Sotelo y mantuvo retenidos a los diputados hasta el día siguiente. Al mismo tiempo, Milans del Bosch se sublevó en Valencia. Y al parecer estuvo implicado el General Armada, antiguo preceptor del rey. El golpe fracasó: el rey se dirigió a la nación por televisión en la madrugada del día 24 y desautorizó la intentona. Tejero y M. del Bosch fueron condenados a 30 años de prisión. Tejero fue puesto en libertad en 1996. M. del Bosch en 1990 debido a su mal estado de salud, muriendo en 1997. Alocución televisada de D. Juan Carlos a las 1:30 horas del 24 de febrero de 1981 (...) Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso y para evitar cualquier confusión, confirmó que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen las medidas necesarias para mantener el orden constitucional vigente. La corona, símbolo de la permanencia y la unidad de la patria, no puede tolerar acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir el proceso democrático que la Constitución, votada por el pueblo español, determinó en su día a través de referéndum. Aunque no alcanzó su objetivo, el golpe de estado mostró la existencia de un grupo de militares opuestos a la democratización de España.
EL GOBIERNO DE CALVO SOTELO (febrero de 1981–octubre de 1982) Tras este intento, 2 días después todos los partidos políticos apoyaron el nombramiento de Calvo Sotelo, al frente del nuevo gabinete para dar estabilidad al Régimen. Entre sus principales medidas podemos destacar:
a) La ley de divorcio que contó con la oposición de los democristianos de la UCD
b) Relanzó el proceso autonómico. Llegó a un acuerdo con el PSOE que permitió elaborar 9 nuevos estatutos de autonomía, con los que sólo quedaban pendientes Madrid, Castilla–león, Extremadura y Baleares, que se resolverían en 1983, ya con el gobierno socialista.
c) El Acuerdo Nacional de Empleo (junio de 1981) para frenar el principal problema de España, el paro, con el apoyo de la CEOE (Conf. española de organizaciones empresariales), UGT.
d) El ingreso de España en la OTAN (mayo 1982) de manera precipitada lo que provocó una ola de protestas populares y rompió el consenso anterior de la política exterior. El PSOE prometió que si ganaba las elecciones sometería a referéndum nacional la permanencia de España en la OTAN Pero, a lo largo de 1982 se acentuó la crisis de la UCD. Suárez abandonó el partido y fundo el CDS (Centro democrático y Social). Landelino Lavilla ocupó la presidencia de la UCD, sustituyendo a Calvo Sotelo que permaneció como presidente del Gobierno. –Las elecciones gallegas y andaluzas confirman la caída en picado de la UCD que solo obtuvo el 13 % de los votos. Ante esta situación, Calvo Sotelo se vio obligado a convocar nuevas elecciones en octubre de 1982 que fueron ganadas por el PSOE iniciando la década de los gobiernos socialistas (1982–1996).
23f: el fallido golpe de estado de Tejero en españa
Durante las 18 horas que los diputados estuvieron secuestrados en el Congreso, todo el país permaneció en vilo, atento a las retransmisiones por radio y por televisión de la prensa. Afortunadamente, el Golpe de estado liderado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero no obtuvo los apoyos esperados y todo quedó en un intento fallido. Pero el miedo, las dudas y la angustia del 23F confirmaron que la democracia española aún era muy débil.
13. El triunfo socialista de 1982. Los líderes del PSOE. El proyecto socialdemócrata en el contexto europeo.
GOBIERNOS SOCIALISTAS DE GONZÁLEZ (1982-1996) - RESUMEN
Primera legislatura 1982-1986 | Acaba la Transición democrática: El 28 de octubre de 1982, victoria por mayoría absoluta del PSOE en las elecciones generales. Felipe González forma el primer gobierno socialista. Objetivos del gobierno socialista: Generación de empleo, lucha contra la inflación, crecimiento económico. Lucha contra el terrorismo (GAL); se completa el mapa autonómico; expropiación de RUMASA; inicio de políticas de reconversión industrial; Plan de Empleo Rural; política de reformas educativas; ingreso de España en la Comunidad Económica Europea (CEE); referéndum sobre ingreso en la OTAN. |
Segunda legislatura 1986-1989 | El 22 de junio de 1986, se celebran elecciones generales legislativas conjuntamente con las autonómicas de Andalucía. Felipe González vuelve a ganar, revalidando la mayoría absoluta obtenida en 1982 aunque con 18 escaños menos. La Coalición Popular (más tarde Partido Popular) se consolidaba como la segunda fuerza política tras la desaparición de UCD. Crecimiento económico y disminución del paro; pacto de Jauría Enea contra el terrorismo de ETA. El 22 de febrero de 1988, entra en vigor el Real Decreto-ley que marca el ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas. |
Tercera legislatura 1989-1993 | El 29 de octubre de 1989, en las elecciones generales legislativas anticipadas, el PSOE se quedó a un diputado de la mayoría absoluta, aunque pudo seguir gobernando porque los diputados de Herri Batasuna se ausentaron durante toda la legislatura. Conferencia sobre Oriente Próximo en Madrid. Primeros casos de corrupción: caso Juan Guerra, hermano del Vicepresidente del Gobierno; dimisión del vicepresidente Alfonso Guerra. 1992: Olimpiadas de Barcelona y Expo de Sevilla. |
Cuarta legislatura 1993-1996 | El 6 de junio de 1993, se celebran elecciones generales anticipadas en las que el PSOE gana de nuevo, pero sin poder renovar la mayoría absoluta que tenía desde 1982. Acuerdo parlamentario del PSOE con los nacionalistas catalanes y vascos para practicar una política de reajuste económico para posibilitar la superación de la crisis y la creación de empleo. Crisis de relaciones Gobierno-PSOE. Recesión económica. Estallido de múltiples casos de corrupción, caso GAL, etc. |
El 29 de enero de 1981, Adolfo Suárez dimite como presidente del Gobierno y le sucede Leopoldo Calvo-Sotelo, que había colaborado con él en la creación de Unión de Centro Democrático (UCD). Agustín Rodríguez Sahagún le sustituye al frente del partido, luego de que Suárez presentara su dimisión ante el II Congreso Nacional. Tras la renuncia de Rodríguez Sahagún en noviembre, Calvo-Sotelo asumió también la jefatura del partido, de la que dimitió el 6 julio de 1982 para proponer como sucesor a Landelino Lavilla.
El 28 de julio de 1982, Adolfo Suárez abandona UCD, de la que fuera su presidente honorario desde enero hasta diciembre de 1981, renuncia a su escaño en el Congreso y el 31 de julio funda un nuevo partido, el Centro Democrático y Social (CDS), con el que concurrió a las elecciones generales de 1982, 1986 y 1989.
En 1982 la descomposición interna de UCD es total, se producen constantemente fugas de diputados que abandonan el grupo parlamentario del centro. El Gobierno no tiene más remedio que adelantar las elecciones generales al 28 de octubre. A comienzos de octubre se detecta otro intento de golpe militar. En este contexto se celebran las elecciones generales.
PRIMERA LEGISLATURA DE FELIPE GONZÁLEZ (1982-1986)
El 28 de octubre de 1982, victoria apabullante por mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones generales. Felipe González Márquez sucede a Calvo Sotelo como presidente del Gobierno. El PSOE obtiene una rotunda victoria con más de 10 millones de votos (el 48,1%) y 202 escaños. El segundo partido, la conservadora Alianza Popular (AP) de Manuel Fraga Iribarne, conseguía 107 diputados, debido al espectacular descenso de Unión de Centro Democrático (UCD) que se quedaba con 11 diputados frente a los 168 conseguidos en la legislatura anterior. El Partico Comunista de España (PCE) obtenía solamente 4 diputados, tras la expulsión de los renovadores que se habían enfrentado al líder del partido Santiago Carrillo. Los nacionalistas vascos y catalanes mantenían sus posiciones. El nuevo partido de Adolfo Suárez, el Centro Democrático y Social (CDS), conseguía solo 2 diputados.
La diversidad ideológica y el progresivo exceso de facciones dentro de Unión de Centro Democrático (UCD) condujeron a una crisis permanente en su seno. Tras dimitir Suárez como presidente del gobierno, en enero de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, que había colaborado con él en la creación de la UCD, le sucedió un mes más tarde. Asimismo, en el transcurso de ese mismo mes, Agustín Rodríguez Sahagún le sustituyó al frente del partido, luego de que Suárez presentara su dimisión ante el II Congreso Nacional. Al poco tiempo, después de la renuncia de Rodríguez Sahagún en noviembre, Calvo-Sotelo asumió también la jefatura del partido, de la que dimitió el 6 julio de 1982 para proponer como sucesor a Landelino Lavilla, quien resultó elegido presidente de la UCD siete días más tarde. Los antiguos grupos se fueron separando: los democristianos, primero; los socialdemócratas de Francisco Fernández Ordóñez, después; y, finalmente, el propio Suárez (que lo hizo el 28 de julio de ese año 1982), abandonaron el partido.
Las elecciones de octubre 1982 supusieron un descalabro para la UCD (7,14 % de los votos y 11 diputados) frente a la victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con el 48,1 % de los sufragios y 202 escaños). El 18 de febrero del año siguiente, la UCD se autodisolvió, siguiendo los trámites provistos por la Comisión Gestora creada ad hoc. El último presidente de la UCD, Landelino Lavilla, ya había presentado su renuncia en noviembre del año anterior.
González se convirtió en el primer socialista que alcanzaba la presidencia de gobierno tras 43 años y era la primera vez que un partido de izquierda accedía en solitario al gobierno. Las expectativas y las ilusiones eran muy altas. Diez millones de votantes dieron el apoyo al programa socialista de “cambio”, slogan electoral socialista, y al compromiso de crear 800.000 puestos de trabajo. Los socialistas obtienen la mayoría absoluta con un programa que simbolizaba la reconciliación nacional y la normalización de la vida pública. Felipe González imprimió a su gestión un marcado carácter socialdemócrata y europeísta, propugnando la apertura al exterior de España y su integración en diversos órganos supranacionales.
El liderazgo ejercido por Felipe González, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se correspondió con una declarada vocación europeísta y un empeño modernizador difícil de negar. Sin embargo, la escalada de la corrupción, el incremento del desempleo, los titubeos en la redistribución de recursos y la crisis ideológica que atenazaba al pensamiento occidental en esos últimos años defraudaron muchas esperanzas.
Con su mayoría absoluta, el PSOE impuso en el Parlamento su programa íntegro con una política que la oposición calificó de “rodillo socialista”. Una serie de leyes elaboradas por sus gobiernos y por el grupo parlamentario socialista transformaron las estructuras jurídicas con el objetivo de adaptarlas a las nuevas circunstancias políticas y sociales.
ECONOMÍA
Joaquín Almunia, nombrado ministro de Trabajo y Seguridad Social el 2 de diciembre de 1982 en el primer Gobierno de Felipe González, sobre la situación económica de España a finales de 1982, tras los primeros meses de legislatura socialista:
«Sabíamos que las dificultades eran enormes, pero teníamos las ideas claras de lo que había que hacer. En el primer mes cambiamos el esquema de la contratación temporal; revalorizamos las pensiones, subimos el salario mínimo y preparamos el proyecto de ley de reducción de jornada a 40 horas. En enero se firmó el Acuerdo Interconfederal.
La crisis era brutal; cuando llegamos al Gobierno se registraban 100.000 parados al mes; las cifras de parados en el Inem se multiplicaban cada día con jóvenes, con agricultores que se desplazaban de las áreas rurales a las ciudades y, además, con los españoles que volvían de la emigración. Estaba todo por hacer.
El gran ajuste económico, la reconversión, también la abordamos enseguida. Entre las elecciones del 28 de octubre y la toma de primeras decisiones salió mucho dinero de España de sectores que no estaban seguros de qué íbamos a hacer. Entre tanto, los sectores de la izquierda, sobre todo los organizados, como los sindicatos, pedían la redistribución de la riqueza, 'pero todavía no se podía, porque antes había que crearla. Y claro, los primeros años, casi todo fue ajuste y pocas alegrías. Ahora bien, las pensiones se revalorizaron cada ejercicio. Los pensionistas ganaron en poder adquisitivo cada año casi tres puntos; algo que no se ha hecho en los años del actual Gobierno, y eso que son tiempos de vacas gordas.» [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]
La primero que hizo el gobierno socialista fue devaluar la peseta, controlar el déficit y hacer una reconversión industrial.
La siguiente fue la expropiación del holding RUMASA del empresario Ruiz Mateos para combatir la especulación económica y el fraude contable. La expropiación provocó una demanda por parte del antiguo propietario ante el Tribunal de Estrasburgo contra el gobierno español. La privatización fue precipitada y su gestión mala. El saneamiento de las empresas corrió a cargo del contribuyente. Las empresas compradoras obtuvieron grandes ganancias al comprar al Estado a bajo precio y vender las empresas al precio del mercado.
La reconversión industrial (proceso técnico de modernización de industrias) se llevó a cabo en la siderúrgica, en la industria naval y en el sector de electrodomésticos, lo que costó el puesto de trabajo a miles de trabajadores y empleados, en contra de la promesa electoral del PSOE de crear 800.000 puestos de trabajo. En 1985, el índice de paro llegaba al 22 %.
En diciembre de 1988, el Gobierno socialista tuvo que enfrentarse a una huelga general convocada por las dos centrales sindicales mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras (CCOO), como consecuencia de los ajustes económicos: contención de salarios y Ley sobre la Reforma de las Pensiones de 1985. El PSOE, mayoritariamente, respaldó a Felipe González en sus posiciones. El triunfo socialista en las elecciones de octubre de 1989 reforzó su posición de liderazgo en la sociedad española y en el PSOE.
La relación entre el gobierno y los sindicatos se fue deteriorando como consecuencia de los ajustes económicos del gobierno socialista que mantuvieron una política de contención de salarios y que tuvieron como colofón la Ley sobre la Reforma de las Pensiones de 1985. El dirigente sindical ugetista Nicolás Redondo, entonces diputado socialista, no votó dicha ley. Ello aceleró la fractura entre el PSOE y la UGT y acentuó el enfrentamiento personal y político, finalizando en un modelo de convivencia socialdemócrata.
El Gobierno socialista llegó al poder cuando la economía española pasaba por su séptimo año consecutivo de crisis industrial. Una crisis atribuible a la subida de los precios del petróleo y que llevó en pocos años a situar la tasa del desempleo en el 17% de la población activa, viniendo de tasas del 4%. También la subida de precios se movía a ritmo de galope, con crecimientos anuales del 14% y el 15%. Eran los años en los que se acuñó el término 'estanflación'.
Carlos Solchaga formó parte en 1982 del equipo económico del primer Gobierno del PSOE: “Nosotros tuvimos muy en cuenta lo que en esos años estaban haciendo los socialistas franceses, que intentaron reactivar la economía con una política monetaria expansiva de bajos tipos de interés. También aumentaron el gasto público y emprendieron una serie de nacionalizaciones. El resultado no fue positivo, y sólo consiguieron destruir la confianza en su economía”.
Por eso el equipo económico del PSOE eligió otros derroteros. “Se trataba de sanear la economía para volver a crecer. Así, comenzamos con la devaluación de la peseta y optamos por una política monetaria restrictiva con altos tipos de interés. La tercera pata de este saneamiento era la reconversión industrial, que inició tímidamente la UCD. Esta reconversión de sectores como el siderúrgico y naval, y que se extendió al sector bancario (Banca Catalana, Rumasa, Hispano Americano), fue muy positiva en cuanto a la credibilidad que ganó el Gobierno del PSOE frente a los agentes económicos. Tanto inversores extranjeros como los empresarios españoles entendieron que el nuevo Gobierno era capaz de tomar medidas impopulares y hacer sacrificios en busca del beneficio general”.
La política de saneamiento dio frutos con prontitud. “La inflación bajó poco a poco para situarse en niveles del 8%, y el PIB empezó a crecer a tasas más elevadas. Además, se saneó la balanza de pagos, lo que supuso un fortalecimiento de la peseta frente a otras divisas”. Después de este proceso, y ya con la adhesión de España a la Unión Europea en julio de 1985, la economía española logró importantes crecimientos en torno al 5% anual.
Solchaga considera uno de los logros más importantes de las primeras legislaturas del PSOE hacer que el sistema fiscal funcionase para luchar contra el fraude. “Conseguimos que empezasen a pagar sus impuestos los agricultores propietarios, comerciantes, autónomos y profesionales liberales. En estos grupos de población había un elevadísimo fraude fiscal, frente a obreros y empleados que cumplían sus obligaciones con Hacienda. Los nuevos recursos captados constituyeron la base para la financiación de la inversión pública hasta 1992 y para crear el Estado del Bienestar. Se fijaron las pensiones no contributivas, se extendió la sanidad a la totalidad de la población, se duplicó el gasto público en educación y se multiplicó por diez el dinero destinado a becas. Unas inversiones y unas mejoras muy importantes que lamentablemente no está siguiendo la actual Administración”, concluye. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]
El gran objetivo socialista, el cumplimiento de la promesa electoral anunciada acerca de la creación de ochocientos mil puestos de trabajo, se vislumbró como el primer gran fracaso del gobierno de Felipe González. Carlos Solchaga anunció la imposibilidad de cumplir dicha promesa.
EDUCACIÓN
En educación, el gobierno socialista intentó mejorar la calidad de la enseñanza pública y controlar la privada, que estaba en su mayoría en manos de comunidades religiosas. Esto provocó un enfrentamiento con la Iglesia Católica.
José María Maravall, que se hizo cargo del ministro de Educación en el primer Gobierno de Felipe González, recuerda que el departamento se le denominaba “monasterio de Educación, pues la subordinación de la enseñanza pública respecto a la enseñanza privada era tal, que en un 90% estaba controlada por la Iglesia. Por eso, uno de los primeros esfuerzos fue para rescatar a Educación de la supeditación a grupos de intereses poderosos. En aquella época era práctica habitual que representantes de esos sectores acudiesen al ministerio con los borradores ya redactados de órdenes ministeriales y de decretos, incluido el encabezamiento para su publicación en el BOE, a falta tan sólo de que el ministro pusiera la firma”.
Maravall se encontró al llegar a Educación con que no estaba aprobada ninguna de las leyes orgánicas de desarrollo de la Constitución en materia de enseñanza, por lo que la legislación era preconstitucional. “Así que una de las primeras cosas que hice fue crear dos equipos: uno para elaborar la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, y otro para redactar la Ley de Reforma Universitaria”. Adoptó medidas para combatir la desigualdad de oportunidades. La primera medida legal fue un decreto de Educación Compensatoria, por el cual se proporcionaban más recursos a los estudiantes con menos rentas o con más necesidades educativas”. A propuesta suya y después de un fuerte debate con el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, “el Gobierno dedicó al Ministerio de Educación la mayor ampliación presupuestaria, y destinó 13.000 millones de pesetas a una subida salarial a los profesores para el año 1983”. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]
POLÍTICA INTERIOR
El 1 de julio de 1985 se aprueba la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que reforma la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La reforma tenía como objetivo eliminar la posibilidad de que los jueces eligieran a parte de sus miembros, fomentando así el corporativismo. El CGPJ rige el sistema judicial y tiene como función velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado. Desde ahora los miembros del CGPJ serán elegidos por el Parlamento. El Título II, artículo 112, trata de la elección de vocales para el Consejo General del Poder Judicial:
El Título II, artículo 112 de la LOPJ, trata de la elección de vocales para el Consejo General del Poder Judicial: «los vocales del Consejo General del Poder Judicial serán propuestos por el Congreso de los Diputados y por el Senado. Cada cámara elegirá, por mayoría de tres quintos de sus miembros, cuatro vocales entre abogados y otros juristas de reconocida competencia con más de quince años en el ejercicio de su profesión. Además, cada una de las cámaras propondrá, igualmente por mayoría de tres quintos de sus miembros, otros seis vocales elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se hallen en servicio activo.» El Presidente será designado por el Pleno del CGPJ entre miembros de la carrera judicial o juristas de reconocida competencia. Los vocales no pueden ser removidos ni sustituidos ni cesados y no pueden ser reelegidos. Formalmente, son nombrados por el Rey de España. Parece que fue peor el remedio que la enfermedad, pues en el futuro las elecciones de los miembros del Consejo fomentaron el chalaneo entre los partidos mayoritarios y, en alguna ocasión, llevó al bloqueo del Consejo.
ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL
Tomás de la Quadra asumió la cartera de Administración Territorial en el primer Gobierno de Felipe González, en plena vorágine autonómica. Estaba muy reciente la aprobación de los estatutos vasco, catalán, gallego, navarro, andaluz, riojano y cántabro, y se habían firmado los primeros pactos autonómicos entre la UCD y el PSOE. A él le correspondió negociar los demás estatutos, esto es, diez; decidir qué autonomías se decantaban por la vía rápida o la vía lenta; definir el nuevo modelo de financiación autonómica; establecer el Consejo de Política Fiscal y Financiera y afrontar el reto de los entes locales a través de la Ley de Bases de Régimen Local.
El gran diseño de la operación autonómica que emprendió ya estaba recogido en la Constitución y, por tanto, no tuvo que plantearse especiales improvisaciones. Confiesa que sólo tuvo dudas con la autonomía vasca y que procedía de la inquietud que generaban los líderes nacionalistas, que desde un principio dijeron que el Estatuto era de 'mínimos', con lo que abrían incertidumbres de futuro.
No le cabe duda de que el Estado de las autonomías, tal y como lo define la Constitución y su desarrollo posterior, es una “operación generosa que fue más allá que la Segunda República”. Con los años, el primer ministro socialista de Administración Territorial se ha reafirmado en la importancia histórica de la operación autonómica en España como un hecho que ha quedado en el “subconsciente colectivo. “Incluso en la controvertida situación vasca, su autonomía es un referente que da respuestas en estos momentos de incertidumbre”, dice. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]
TERRORISMO
José Barrionuevo fue ministro del Interior en el primer Gobierno de Felipe González: “Cuando acepté la propuesta de Felipe González tuvimos una conversación que dejó muy patente que en la II República un punto débil que contribuyó a truncar aquella experiencia democrática fueron los problemas de inseguridad ciudadana y de orden público, y que eso no podía ocurrirnos a nosotros. A comienzos de los años 80, ETA cometía más de 50 asesinatos al año. También tenían actividad terrorista los GRAPO, Terra Lliure, los Comandos Autónomos Anticapitalistas y el Exército Guerrilheiro do Pobo Galego Ceibe, y había brotes de violencia de extrema derecha”.
ETA recibió la victoria socialista con un atentado solo dos días después de conocerse los resultados. “El 18 de noviembre, varios etarras tirotearon en Rentería a un grupo de obreros, y murió uno de ellos. Cuando tomé posesión como ministro estaba secuestrado el industrial de Zumárraga Esteban Orbegozo. Ése fue el recibimiento que nos dio ETA. Entonces nos encontrábamos muy solos. Yo me alegro de las solidaridades que hay ahora, de la judicatura, de los medios de comunicación. Solidaridades que muestran personas que entonces nos la negaron a nosotros, que decían que éramos muy intransigentes y que debíamos dialogar con los nacionalistas”.
Hacen su aparición los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización terrorista vasca ETA y su entorno. Los GAL estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. Durante el proceso judicial contra esta organización fue probado que fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior, lo que provocó el «escándalo de los GAL».
POLÍTICA EXTERIOR
España mejora las relaciones con Francia, Portugal y Marruecos, los tres países vecinos. El gobierno socialista reconoce el estado de Israel. Se abre la verja con Gibraltar.
El 12 de junio de 1985, España firma el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, un tratado por el que España ingresó en la Comunidad Económica Europea —en la actualidad la Unión Europea— y que fue firmado el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid para entrar en vigor el 1 de enero de 1986. El Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea, UE) acababa con el secular aislamiento internacional y propiciaba la integración económica y política en la Europa desarrollada. España era admitida como miembro de la Comunidad Económica Europea. Las condiciones negociadas favorecían a algunos sectores y perjudicaban a otros.
El 1 de enero de 1986 entra en vigor Tratado de Adhesión de España a la Comunidad Económica Europea por el que España ingresó en la Comunidad Económica Europea (CEE), hoy Comunidad Europea (EU). El Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas había sido firmada el 12 de junio de 1985 en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid.
Fernando Morán, primer socialista ministro de Asuntos Exteriores, entre diciembre de 1982 y julio de 1985, cuenta cómo vivió aquella fecha histórica: “El primer Consejo de Ministros adoptamos decisiones de envergadura, desde una devaluación, leve, de la peseta, hasta la apertura de le verja de Gibraltar a peatones, más el relanzamiento de los grandes asuntos europeos desde Bruselas, adonde viajé con instrucciones del Gobierno para fijar posiciones con respecto a la OTAN. Habíamos discutido y pensado en no denunciar la adhesión, mantenernos dentro de ella pero sin integrarnos en el aparato militar. Aún no estaba decidido si someterlo a referéndum, cosa que se hizo posteriormente, cuando yo ya no era ministro”. [“Recuerdos del primer Gobierno de Felipe González”, en El País, 22 de octubre de 2002]
El ingreso de España en la OTAN fue un tema polémico. El PSOE había prometido en su programa electoral un referéndum sobre el tema y había declarado su posición con el ambiguo lema de “OTAN, de entrada no”, lo que no significaba claramente ‘no a la entrada en la OTAN’, sino ‘¿entrada en la OTAN?, por de pronto, y como primera respuesta, no’. La sociedad española se inclina a favor de la neutralidad y el Gobierno pospone el tema.
En 1984, González pedía un referéndum pidiendo el sí al ingreso en la OTAN. Condiciones: sin la integración militar y sin almacenamiento de material nuclear en territorio nacional. Pero la convocatoria tardaría aún dos años.
El 12 de marzo de 1986, Felipe González planteó la celebración de un referéndum para la incorporación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Mientras que la opinión pública española se debatía entre la conveniencia de pertenecer a la Comunidad Europea, el 12 de marzo de 1986 se celebró el tan ansiado referéndum sobre la pertenencia española en la OTAN.
El PSOE había pasado en cuatro años de propugnar "OTAN, de entrada, no" a solicitar la confianza de los ciudadanos para permanecer en ella, puesto que la cuestión se había mostrado como indisoluble al ingreso de España en la Comunidad Europea. González hizo campaña bajo el lema «o yo o el caos». Con una abstención cercana al 40%, una exigua diferencia del 13% otorgó el triunfo a la opción socialista mayoritariamente, excepto en Cataluña, País Vasco y Canarias. Los ataques de la oposición, encabezados por Manuel Fraga (recomendando la abstención) y Julio Anguita (recomendando el rechazo), fueron brutales. Además, el triunfo de la línea felipista fue negociada con Washington (previa apertura hispana de relaciones diplomáticas con Israel) para lograr la plena incorporación del país ibérico a la Organización, y no sin entrar en las estructuras militares (como fue la cuestión preguntada en el plebiscito).
Sus triunfos electorales propiciaron un liderazgo indiscutible en el PSOE y se convirtió en el eje de todos los debates políticos habidos en el socialismo español. Ante esta coyuntura favorable, González adelante las elecciones generales unos meses.
SEGUNDA LEGISLATURA DE FELIPE GONZÁLEZ (1986-1989)
El 22 de junio de 1986, se celebran elecciones generales legislativas conjuntamente con las autonómicas de Andalucía. El gobierno de Felipe González las vuelve a ganar con el 44 % de los votos y 185 diputados, revalidando así la mayoría absoluta obtenida en 1982 aunque con 18 escaños menos. La Coalición Popular (más tarde Partido Popular) se consolidaba como la segunda fuerza política tras la desaparición de UCD. El crecimiento del nuevo partido de Suárez, el Centro Democrático y Social (CDS) fue espectacular, obtenía 19 diputados. Los nacionalistas radicales vascos obtenían 5 escaños. Había dos nuevas formaciones nacionalistas moderadas: AIC (Agrupaciones Independentistas de Canarias) y CG (Coalición Gallega).
Felipe González ha adquirido un gran prestigio internacional y es considerado junto al canciller alemán Helmut Kohl y al presidente socialista francés François Mitterrand uno de los motores de la unidad de Europa.
ECONOMÍA
La “cultura del pelotazo” (creación de riqueza mediante la especulación y la corrupción política): Tras el ingreso de España en la CEE (Comunidad Económica Europea), el capital extranjero comienza a invadir España comprando empresas españolas, cuyos propietarios obtienen con la venta grandes beneficios que dedican a inversiones especulativas en bolsa y a hacer negocios no siempre legales. Fue lo que se llamó la “cultura del pelotazo”.
En este ambiente de “pelotazo”, surgen los primeros escándalos financieros: el de Javier de la Rosa y el de Mario Conde con el “caso Banesto”.
Javier de la Rosa ingresó, en 1971, en el Banco Pastor como adjunto a la dirección. Pasó luego por el Banco Urquijo, antes de incorporarse al Banco Español de Crédito (Banesto). En 1976, fue nombrado director general del Banco Garriga Nogués, filial de Banesto en Cataluña. En 1986 estalló un escándalo financiero, el banco tenía un agujero de casi 100 000 millones de pesetas. Fue condenado y cumplió condena en la prisión Alcalá Meco de Madrid. Allí compartió módulo con Mario Conde. Tras 20 años de litigio, en verano de 2011 fue absuelto por la Audiencia de Barcelona. La absolución del caso Hacienda zanjó los pleitos pendientes que De la Rosa tenía con la justicia.
Mario Conde fue presidente del Banco Español de Crédito (Banesto), a los treinta y nueve años de edad. La historia de Mario Conde al frente de Banesto se enmarca en la España de la cultura del 'pelotazo'. Tras llegar a la cumbre del mundo financiero, y ser un ejemplo para los estudiantes y empresarios de la época, el banquero fue condenado por estafa. Su carrera empresarial se vio truncada en diciembre de 1993 por el escándalo financiero conocido como “caso Banesto”, por el que fue condenado por el Tribunal Supremo. El banquero ingresó en prisión el 23 de diciembre de 1994; el juez le imputa los delitos de estafa y apropiación indebida, por un importe de 7.000 millones de pesetas. A partir de 1994, Mario Conde tuvo que hacer frente a varios procesos judiciales. Entretanto en 2000 realizó una incursión política, al presentarse a las elecciones generales del 2000 bajo las del Centro Democrático Social (CDS) consiguiendo 23.576 votos. Fue condenado a 10 años de cárcel, recurrió la sentencia al tribunal Supremo y éste duplicó la pena a 20 años.
En esta segunda legislatura socialista, la situación económica fue mejorando gracias al control de la inflación. Pero el gobierno de González cosechó un fracaso al no poder resolver el problema del paro.
El 15 de diciembre de 1988, el Gobierno socialista tuvo que enfrentarse a una huelga general convocada por las dos centrales sindicales mayoritarias, Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT), como consecuencia de los ajustes económicos: contención de salarios y Ley sobre la Reforma de las Pensiones de 1985. La huelga fue convocada contra una importante reforma en el mercado laboral, abaratando el despido e introduciendo los contratos temporales para los jóvenes trabajadores. Se convirtió en una movilización general del descontento con la política económica del gobierno socialista de Felipe González en su base social ante las continuas reformas en beneficio de la patronal. Tuvo un seguimiento masivo (ocho millones de personas, el 90% de la población activa de entonces) y el país quedó paralizado durante 24 horas, obligando al gobierno a negociar con los sindicatos. Felipe González recibió su primer gran golpe político. La reforma prevista fue retirada y se incrementó el gasto social. El PSOE, mayoritariamente, respaldó a Felipe González en sus posiciones. El triunfo socialista en las elecciones de octubre de 1989 reforzó su posición de liderazgo en la sociedad española y en el PSOE.
TERCERA LEGISLATURA DE FELIPE GONZÁLEZ (1989-1993)
El 1 de enero de 1989, España asumió, por primera vez, la presidencia de turno en la Comunidad Europea. A lo largo de seis meses, el Gobierno y la Administración aumentaron su actividad en Bruselas. El 26 y 27 de junio de 1989, se celebró la cumbre en Madrid, en la que se aprobó la primera fase de la unión monetaria y todos los países miembros se comprometieron a llevar a buen fin el proceso destinado a crear una moneda única y un banco central.
Las expectativas eran grandes y, al final, la presidencia de la Comunidad Europea fue un éxito personal del presidente Felipe González, que para poder capitalizar el V Centenario del Encuentro de dos Mundos en 1992, adelanta otra vez las elecciones legislativas. Las elecciones fueron anticipadas nueve meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 22 de julio de 1990.
El 29 de octubre de 1989, se celebran las elecciones generales legislativas en las que Felipe se quedó a un diputado de la mayoría absoluta, con 175 escaños (la mitad exacta del Congreso), aunque le fue posible seguir gobernando porque los diputados de Herri Batasuna se ausentaron durante toda la legislatura. El Partido Popular (PP) se presentaba a estos comicios, tras su refundación de ese mismo año, con un nuevo candidato, José María Aznar y con la intención de superar el “techo electoral” de Fraga, pero apenas logró modificar sus resultados anteriores. Izquierda Unida (IU), nueva coalición propiciada por el PCE, avanza y obtiene 17 diputados. Aparece un nuevo partido vasco, Eusko Alkartasuna (EA), producto de la escisión del PNV, y obtiene dos diputados.
El año emblemático de España fue 1992. Fue el año de la Exposición Universal de Sevilla, del V Centenario del Descubrimiento de América y de los Juegos Olímpicos. Todos estos acontecimientos llevaron la imagen de España hasta el último rincón del planeta; una imagen de modernidad y saber hacer que eclipsó, la tradición de toros y cante y apartó de los titulares los escándalos.
En 1992 se celebró el IV Centenario del Descubrimiento de América. Al igual que aconteció en 1892 con la Celebración del IV Centenario del Descubrimiento de América, el año 1992 fue epicentro de la Celebración del V Centenario del Descubrimiento de América concentrando gran número de actos conmemorativos y debates sobre el significado y consecuencias del acontecimiento. En 1992 se cumplía también el aniversario de la conquista del Reino de Granada por los Reyes Católicos y el de la expulsión de España (Sefarad) de los judíos no conversos que se dispersaron por toda la costa mediterránea.
En este mismo año de 1992, se conmemoraba también la publicación de la primera gramática de la Gramática de la lengua castellana de Elio Antonio de Nebrija (1441-1522), humanista y gramático español. Su carácter innovador reside en haber escrito la primera gramática normativa que se conoce. Las razones de su elaboración son políticas: entiende que la lengua debe ser elemento identificador de un pueblo y vínculo que una a sus gentes, por eso “debe llevarse en expansión” a cuantos pueblos “acudan las fuerzas militares”. El libro está dedicado a la reina Isabel I la Católica.
Entre el 20 de abril y el 12 de octubre de 1992 tuvo lugar la Exposición Universal de Sevilla 1992, conocida popularmente como "Expo'92" o "la Expo". La mascota oficial de la Expo 92 se llamó Curro, un simpático pájaro de pico y cresta multicolor. Al término de la Exposición Universal las infraestructuras se han aprovechado para reconvertirlas en un parque tecnológico llamado Cartuja 93 y un parque temático llamado Isla Mágica, además de usos administrativos, universitarios y de equipamiento para la ciudad.
Entre el 25 de julio y el 9 de agosto de 1992, se celebran en Barcelona los XXV Juegos Olímpicos de 1992, oficialmente denominados Juegos de la XXV Olimpiada. Fueron los primeros Juegos desde Múnich 1972 en los que no se produjo el boicot de ningún país. La vuelta a unos Juegos Olímpicos de Sudáfrica tras el fin del apartheid, de Cuba que no lo hacía desde la edición de Moscú 1980 y la de la Alemania reunificada fueron los regresos más reseñables. Fue también la última edición en que las ex repúblicas soviéticas participaron bajo la misma bandera.
ECONOMÍA
La economía española sufrió las consecuencias de la recesión económica de comienzos de los años noventa, a la que contribuyó la recesión en Alemania, que tuvo que cargar con los gastos de la reunificación.
La Olimpiada de Barcelona fue todo un éxito de organización y la ciudad aprovechó este evento para renovar y modernizar todo el entorno urbano. La Exposición de Sevilla ya no lo fue tanto, pues, pese a las inversiones en la Isla de la Cartuja y la construcción de la primera vía férrea del AVE (Alta Velocidad Española), no logró elevar el nivel económico de la región sur de España. La Expo 92 de Sevilla tuvo sus defensores y sus detractores. Años más tarde, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) convocó una protesta en el que fuera recinto de la Expo 92, bajo el eslogan Queremos curro, para manifestar su rechazo a "un evento que simbolizó una economía especulativa y la falsa modernización de Andalucía". Aquel evento "vino acompañado de promesas de desarrollo, riqueza y empleo y supuso un enorme despilfarro de dinero público y un inmejorable motor para la especulación inmobiliaria a nivel local". Ese tipo de "episodio se ha venido repitiendo desde entonces con grandes obras como el Estadio Olímpico o la Torre Pelli". Según el SAT, esta "economía de casino nos ha llevado a la situación actual [2012] de crisis".
En 1993, en España aumentaba el paro con el 24 % de la población activa (había 3 millones de parados), la inflación alcanza casi el 5 % y el déficit llega al 6 % del PIB.
Pero fueron dos acontecimientos dentro del partido socialista los que empezaron a debilitar el gobierno de Felipe González: afloramiento de casos de corrupción y divisiones dentro del partido socialista.
DISIDENCIAS DENTRO DEL PSOE Y EL “CASO GUERRA”
Felipe González era el presidente del Gobierno y Alfonso Guerra, el vicepresidente. En el partido, González era el secretario general y Guerra el vicesecretario. Alfonso guerra se dedicaba a mantener la comunicación entre el Gobierno y el partido, mientras González estaba muy centrado en la política internacional y dejaba relativa autonomía y mano libre a los ministros.
Surge el primer escándalo, protagonizado por el hermano del vicepresidente del Gobierno, Juan Guerra. Alfonso Guerra era diputado por Sevilla, donde mantenía un despacho oficial y su hermano Juan Guerra ejercía en ese despacho como secretario. Pero se afirmó que Juan Guerra utilizaba el despacho oficial de su hermano e incluso su nombre para negocios particulares con alcaldes para recalificar terrenos y lograr así pingües ganancias. La historia de Juan Guerra es la de un parado que, en solo ocho años, llegó a reunir un impresionante entramado de empresas con el único mérito de su parentesco fraternal con uno de los más altos dignatarios del PSOE, utilizando un despacho oficial, un sueldo pagado por el partido y toda clase de impunidad. El PSOE cerró filas a favor de su vicepresidente del gobierno, impidiendo la formación de comisiones de investigación para determinar las supuestas responsabilidades políticas de Alfonso Guerra en el crecimiento económico de su hermano, del que aseguraba no tener ninguna noticia de sus acciones en la Delegación del Gobierno de Sevilla.
«Me fui después de que estallara el llamado caso Juan Guerra. Yo viví todo aquello como lo que era: una operación montada en la que participó mucha gente, desde partidos políticos, medios de comunicación, sectores bancarios y algún sector diplomático también. Yo era perfectamente consciente de que era una operación montada. No dejé de estar seguro de lo que representaba: todo era una gran mentira fabricada. Del caso no quedó nada absolutamente, pero, por supuesto, me permitió sacar a relucir lo peor de la derecha española, financiera, política y mediática. Dentro del partido también, lógicamente, se empezaron a mover algunas aguas contra mí.» [Alfonso Guerra]
El hermano de Alfonso Guerra, Juan Guerra, fue juzgado por cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones, de los que fue finalmente absuelto en su mayoría y que supuso uno de los mayores juicios mediáticos del país. Todo quedó en agua de borrajas, pero fue utilizado por la prensa enemiga de los socialistas y por algunos miembros del partido socialista.
El caso Guerra salpicaba así al vicepresidente del Gobierno. Diferentes personalidades socialistas dentro del partido comienzan a socavar el poder que ejercía Alfonso Guerra dentro del partido y a quitarle el control. Por el control del partido luchan guerristas y renovadores.
En 1991 dimite Alfonso Guerra como vicepresidente del Gobierno y le sustituye en el cargo Narcís Serra, que era ministro de Defensa. Alfonso Guerra mantiene su puesto como vicepresidente del partido, de modo que la lucha continuará toda una década. La lucha entre los diversos sectores del partido por lograr parcelas de poder terminará en el Congreso de 2000.
LOS GAL
La oposición de derechas en el Parlamento no lograba ningún medio contundente para desbancar a González del Gobierno. Es la prensa la que empieza una campaña de acoso al gobierno de González destapando casos de corrupción. Uno de los más sonados fue el de los GAL.
Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron agrupaciones parapoliciales que practicaron lo que se ha denominado terrorismo de Estado o «guerra sucia» contra la organización criminal ETA y su entorno. Estuvieron activos entre 1983 y 1987, durante los primeros años de los Gobiernos de Felipe González. La investigación periodística sobre los GAL se inició en 1987 en el periódico nacionalista vasco Deia y prosiguió en Diario 16 en 1989. Pedro J. Ramírez, despedido de Diario 16, crea El Mundo, en el que prosigue las investigaciones sobre las fuentes de financiación e implicaciones políticas de los GAL. Durante el proceso judicial contra los GAL quedó probado que la organización fue financiada por altos funcionarios del Ministerio del Interior.
El entonces ministro del Interior, José Barrionuevo Peña, fue condenado en 1998 a diez años de prisión. Desde 2004 está en libertad definitiva. Rafael Vera Fernández-Huidobro, secretario de Estado para la Seguridad del Gobierno de Felipe González entre 1986 y 1994, fue condenado en julio de 1998 por delito de secuestro y malversación de caudales públicos en relación con el grupo terrorista GAL.
El expolicía José Amedo fue sentenciado en 1991 a 108 años de cárcel por seis delitos de asesinato frustrado, asociación ilícita, falsificación de documentos de identidad y otros delitos relacionados con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL). Más tarde, en un libro, Amedo revela la supuesta connivencia entre el juez Baltasar Garzón, director del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, y el entonces secretario general del Partido Popular, Francisco Álvarez-Cascos, con el visto bueno, siempre según el libro, de José María Aznar, para resucitar judicialmente el caso Gal y echar al PSOE del poder. González nunca ha sido acusado formalmente ante un tribunal por estos hechos.
Al principio la prensa involucró en el escándalo de los GAL a funcionarios policiales, pero tirando del hilo se fue viendo que todo apuntaba a la implicación de altos cargos políticos. En la siguiente legislatura socialista, el caso de los GAL fue una espada de Damocles que pendía sobre el Gobierno de González.
Los escándalos que salpicaban al Gobierno de Felipe González, tales como la organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el despilfarro del dinero público o los escándalos detectados en la cúpula del Banco de España y la Guardia Civil; unidos al aumento del paro, anunciaban la pérdida de confianza de buena parte del electorado socialista.
Además de la crisis económica que se había iniciado en la segunda mitad de 1992, Felipe González tuvo que hacer frente a la aparición de nuevos escándalos, que se tradujeron en un duro enfrentamiento con la oposición, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, por lo que el cuarto mandato socialista sería conocido como la «legislatura de la crispación».
Entre los nuevos escándalos, el más espectacular y el de mayor impacto popular y mediático fue el «caso Luis Roldán», primer director no militar de la Guardia Civil de toda su historia, detenido acusado de haber amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones ilegales y a la apropiación de los fondos reservados del Ministerio del Interior, y que en abril de 1994, cuatro meses después de su detención, se dio a la fuga. Estos escándalos abrieron de nuevo una crisis de confianza en el gobierno socialista.
CUARTA LEGISLATURA DE FELIPE GONZÁLEZ (1993-1996)
Para las elecciones de junio de 1993, González incorpora a su equipo a jueces, entre ellos a Baltasar Garzón, que se había destacado en la persecución de delitos de corrupción. El PP se presenta como un partido “centrista”.
El 6 de junio de 1993, se celebran elecciones generales. Las elecciones fueron anticipadas seis meses, ya que debían haberse celebrado el domingo 28 de noviembre. Todas las encuestas, incluso los primeros pronósticos a pie de urna en la noche electoral, daban por ganador al PP. Pero grande fue la sorpresa de todos cuando, al finalizar el recuento, el ganador había sido el PSOE. Pero esta vez no había logrado la mayoría absoluta, ganó con mayoría relativa, si bien con la cómoda cifra de 159 diputados. El Partido Popular de José María Aznar, que estaba convencido de su victoria, fue derrotado y lograba solamente 141 escaños. El CDS (Centro Democrático Social) desaparecía y los demás partidos apenas registraban variaciones significativas.
Los socialistas se quedaban a 17 escaños de la mayoría absoluta, por lo que para poder gobernar Felipe González tuvo que llegar a un acuerdo parlamentario con los nacionalistas catalanes y vascos y practicar una política de reajuste económico para posibilitar la superación de la crisis y la creación de empleo. Esto haría cambiar su forma de gobernar, sustentada hasta ahora en la mayoría absoluta y, como criticaba la oposición, en una política del “rodillo”. Tras la pérdida de la mayoría, Felipe González dijo aquello de “he entendido el mensaje”, es decir, el sentir de la ciudadanía.
Esta sería la última legislatura de Felipe González y estaría salpicada de escándalos y errores. A González se le ofrecían dos opciones para gobernar: pactar con Izquierda Unida (IU) o con los nacionalistas catalanes de CiU. La elección del hacer pactos con los nacionalistas catalanes provocó una radicalización de la izquierda que se aproximó en algunos temas a la derecha y formó lo que se llamó la “pinza PP-IU”, colaborando con la derecha en una tarea de acoso al Gobierno.
De hecho, el programa electoral socialista, centrado en la frase del "cambio por el cambio", pretendía afrontar los graves problemas que, precisamente, habían motivado el adelanto de las elecciones: medidas para incentivar la economía frente a la crisis y el llamado impulso democrático para combatir la corrupción. Sin embargo, los socialistas no terminaron de convencer a un electorado cansado ya de grandes promesas electorales abandonadas. Los años de desgaste al frente de los destinos del país, los continuos escándalos y los gravísimos problemas económicos lastraron la credibilidad política del Gobierno socialista.
Comienza así la legislatura de la “crispación”, en la que los nacionalistas no suscribieron ningún pacto con los socialistas, pero los apoyaron en los grandes proyectos hasta que los escándalos en los que se vio implicado el partido socialista hizo insostenible el apoyo por parte de los nacionalistas periféricos. A lo que hay que añadir el acoso de la oposición, sobre todo del Partido Popular, que acusaba a González de estar vendiendo España a los intereses y a las aspiraciones económicas de los catalanes. Aznar repetiría a lo largo de la legislatura el mantra de “váyase, señor González”.
Los casos de corrupción han destrozado la credibilidad de todo el estamento político español, bien sea de manera justa o de manera injusta.
Caso Roldán: llamado así por Luis Roldán, director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado. Roldán se fuga cuando estaba siendo vigilado ante el temor de un procesamiento. Esto provoca la destitución del ministro del Interior. Roldán, fugado, hace declaraciones a la prensa antifelipista en las que acusa a altos cargos del Gobierno de estar implicados en el caso GAL.
Caso Naseiro: presunto caso de financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias, es decir, cobros de comisiones a cambio de adjudicaciones de obras públicas. El caso fue conocido poco después de la llegada de José María Aznar a la presidencia del partido en 1989. Un juez instructor de Valencia dictó auto de procesamiento contra varios miembros del Partido Popular entre los que se encontraban su tesorero Rosendo Naseiro y Ángel Sanchis Perales, diputado por Valencia y también antiguo tesorero del partido. El procesamiento había tenido lugar tras haberse realizado escuchas telefónicas a otro miembro del partido, cuyo hermano estaba siendo investigado por narcotráfico. Estas escuchas descubrieron un supuesto caso de financiación ilegal del Partido Popular y de enriquecimiento personal de algunos implicados. El caso Naseiro se saldó favorablemente para los populares, dado que el Tribunal Supremo no admitió las pruebas presentadas. El Tribunal Supremo archivó la causa por irregularidades en la instrucción del sumario: Las escuchas telefónicas se habían ordenado para investigar únicamente el caso de narcotráfico.
Caso Filesa: financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.
Caso Banesto: trama de corrupción empresarial en el Banco Español de Crédito (BANESTO) que estalló a finales de 1993 y terminó con la condena judicial de los entonces responsables del banco, con su presidente Mario Conde a la cabeza por delitos de estafa y apropiación indebida. Conde fue condenado a veinte años de prisión por el Tribunal Supremo. El 28 de diciembre de 1993, el Banco de España intervino el Banco Español de Crédito (BANESTO) y destituyó a su presidente, Mario Conde. Razón: corrían peligro los depósitos de los clientes, no solo por la mala gestión de la directiva, sino también por haberse aprovechado Conde de su posición para hacer oscuros negocios y aumentar su patrimonio personal. Conde, prototipo de empresario moderno, tenía intención de ponerse a la cabeza de un movimiento de derechas que desbancara a los socialistas del Gobierno.
Caso Ibercorp (1994): supuso la caída en desgracia del entonces gobernador del Banco de España, Mariano Rubio, que fue detenido por falsificación de documentos, evasión de impuestos y especulación bursátil con valores bancarios. En 1992, el Banco de Inversiones Ibercorp es intervenido por el Banco de España. En abril de 1994, salta a la luz pública que Mariano Rubio, exgobernador del Banco de España, tenía una cuenta secreta con dinero negro en Ibercorp por valor de 780.000 euros. A causa de estas revelaciones, el 5 de mayo de 1994, Manuel de la Concha, presidente de Ibercorp y Mariano Rubio fueron detenidos e ingresaron en prisión. En julio, la juez del caso les acusó de cohecho, estafa y apropiación indebida. Rubio se vio envuelto en el caso por un crédito de 18 millones de euros que concedió a Ibercorp, pese a un informe desfavorable de la Inspección del Banco de España. El caso Ibercorp constituyó un escándalo que implicó a relevantes personalidades de la vida económica española. Tiene que dimitir Carlos Solchaga, ministro de Economía y Hacienda y defensor de las tesis neoliberales en el gobierno frente a las socialistas tradicionales de Alfonso Guerra. Dimite también el ministro de Agricultura por implicación en este caso.
Las escuchas del Cesid. Entre 1983 y 1991, bajo el Gobierno socialista de Felipe González, el Gabinete de Escuchas del Cesid había estado grabando ilegalmente conversaciones a empresarios, políticos, periodistas e incluso a Su Majestad el Rey. Las escuchas ilegales de los servicios secretos se convirtieron en el caso papeles del Cesid y provocaron un número importante de ceses y dimisiones. El primero en caer fue el director del Centro, el general Alonso Manglano. Después, conforme EL MUNDO iba descubriendo nuevos escándalos, fueron cayendo nuevas cabezas: Julián García Vargas, ministro de Defensa, y Narcís Serra, vicepresidente del Gobierno.
Caso BOE: este caso llevó ante los tribunales a la directora general del Boletín, Carmen Salanueva, el 20 de julio de 1994. Había decidido comprar el papel con que imprimir el BOE a determinadas empresas, pese a que el precio era bastante superior al que podían ofrecer otros competidores en el mercado. La diferencia entre el precio de mercado y el precio pagado por el Estado para imprimir su diario oficial iba a parar el bolsillo bancario de su presidenta. El resultado del juicio a Carmen Salanueva se saldó con una condena de doce años de prisión.
Comienza una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno socialista de González, orquestada por la prensa conservadora ABC y El Mundo, que empieza a entrecruzar los casos Roldán, GAL, CESID y a filtrar y depurar informaciones. Los años 1994 y 1995 fueron los años de la crispación en los que el Gobierno estuvo constantemente a la defensiva. Ante esta campaña de acoso y envuelto en los escándalos, el Gobierno no pudo hacer llegar a la opinión pública los buenos datos de la mejora económica y de la creación de empleo.
Este clima político de crispación y desprestigio del Gobierno llevó a los nacionalistas catalanes a quitar su apoyo al Gobierno y a votar en contra de los Presupuestos para 1996. El Gobierno tuvo que prorrogar los de 1995 y convocar elecciones anticipadas para marzo de 1996, en las que se pronosticaba una debacle electoral para los socialistas y una victoria abultada para el Partido Popular (PP), pero las urnas volvieron a dar una sorpresa.
En este contexto se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, en las que el Partido Popular por primera vez sobrepasó al PSOE en número de votos, lo que le llevó a exigir la celebración de elecciones generales, pero González se negó porque seguía teniendo el apoyo de CiU. José María Aznar a partir de entonces en cada intervención parlamentaria utilizará la «machacona invectiva» de «Váyase, señor González» jaleada por los diputados del grupo parlamentario popular.
Un mes después de las elecciones europeas, las declaraciones de dos policías, Amedo y Domínguez, condujeron a la detención de varios altos cargos de la administración socialista por su presunta participación en el secuestro y asesinato frustrado del ciudadano francés Segundo Marey, confundido con un miembro de ETA por un comando de los GAL.
En marzo de 1995 se destapó otro gran escándalo relacionado con la «guerra sucia» contra ETA. En esa fecha el juez Javier Gómez de Liaño ordenó detener al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por su presunta implicación en el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA capturados en Francia por los GAL en 1983 y cuyos cadáveres, enterrados en cal viva, fueron encontrados en Bussot (Alicante) dos años después.
Poco después estallaba un tercer escándalo relacionado con los GAL y que fue conocido como el de los papeles del CESID, sustracción por parte del segundo jefe del servicio secreto, el coronel Juan Alberto Perote, de documentos que al parecer implicaban a más políticos socialistas en el «caso de los GAL» y con los que se quería chantajear al gobierno socialsta, una prueba más de la estrategia de acoso al Gobierno socialista de Felipe González. Parte de los documentos eran transcripciones de las escuchas telefónicas ilegales, por lo que tuvieron que dimitir el ministro de Defensa y su sucesor en el cargo.
El 19 de abril de 1995, un mes antes de los comicios autonómicos, Aznar sufrió un atentado terrorista con coche bomba cuando viajaba con su vehículo. El blindaje del automóvil le salvó la vida. El atentado se atribuyó al comando Madrid de la banda terrorista ETA.
En mayo de 1995 se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, en un clima marcado por el atentado de ETA contra el líder de la oposición, José María Aznar. Volvió a ganar el Partido Popular que aventajó en casi cinco puntos al PSOE. Casi todas las capitales de provincia y las ciudades de más habitantes pasaron a estar gobernadas por el PP.
El 27 de enero de 1996 y bajo el lema «Hay que pararlos. Te juegas mucho», tuvo lugar la huelga general convocada por UGT y CC OO para mostrar su oposición a la reforma laboral aprobada mediante el Real Decreto sobre Fomento de Empleo y Protección por Desempleo, por el gobierno socialista de Felipe González. La reforma incluía, entre otras medidas, el fomento de los contratos con bajo salario para los jóvenes, el aumento de la movilidad geográfica y el recorte de algunas prestaciones por desempleo.
En enero de 1996, el XII Congreso del PP proclamó de nuevo a Aznar candidato a la Presidencia del Gobierno.
Ante el cúmulo de escándalos el líder de CiU y presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, retiró el apoyo parlamentario al gobierno, que quedó en minoría en las Cortes. El presidente del gobierno Felipe González no tuvo más remedio que convocar elecciones generales para el día 3 de marzo de 1996.
El 3 de marzo de 1996, se celebran elecciones generales en las que la victoria fue para el PP, pero no por el amplio margen que se esperaba pues solo superó al PSOE en 300.000 votos —9,7 millones frente a 9,4 millones— y se quedó lejos de la mayoría absoluta —consiguió 156 diputados, 15 más que el PSOE—. Se producía un simple cambio de papeles, lo que llevó a Alfonso Guerra a calificar el resultado de “una dulce derrota y una amarga victoria”.
De todas formas el PP logró su objetivo de desalojar a los socialistas del poder, después de intentarlo con denuedo durante más de una década. Tras los comicios, los socialistas pasaron a la oposición y Joaquín Almunia fue elegido portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados.
Los socialistas se quejaron de la conspiración de la derecha para desalojarlos del Gobierno. Pero la realidad es que en el resultado electoral pesaron muchos los patentes casos de corrupción. El poder ejercido durante tantos años por los socialistas llevó también al desgaste de su programa. La crisis económica y el hartazgo de la población con los continuos casos de corrupción llevaron a la derrota electoral del PSOE de Felipe González.
Sin embargo, juzgando globalmente todas las legislaturas socialistas de Felipe González, hay que reconocer que los socialistas consiguieron acabar en España con el “ruido de sables”, modernizaron el país integrándolo en Europa, consolidaron el estado del bienestar e hicieron realidad la exigencia de Ortega y Gasset (1883-1955) de “europeizar España”, contra el “iberizar Europa” de Miguel de Unamuno (1864-1936).
Pero hay que criticar a los gobiernos socialistas por no haber sabido atajar de raíz un mal, que ellos consideraban típico de la derecha: la corrupción.
«Querer ignorar que el pueblo español es más indulgente con un gobernante incompetente que con episodios de corrupción tan graves como los que nos ocurrieron fue un grave error. Cuando al jefe del dinero se lo llevan los guardias y al jefe de los guardias se lo llevan a la cárcel por llevarse el dinero, las cosas no pueden ir peor.» [José Bono Martínez, presidente del Congreso de los Diputados durante el gobierno socialista de Zapatero. En María Antonia Iglesias: La memoria recuperada. Madrid: Aguilar, 2003]
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE)
Días 20, 21 y 22 de junio de 1997, el PSOE celebra en Madrid el 34° congreso en el que Felipe González anuncia que no se presentará a la reelección como Secretario General. Joaquín Almunia es elegido secretario general del partido.
En septiembre de 1997, Joaquín Almunia sustituyó a González en la presidencia del grupo parlamentario socialista.
El 24 de abril de 1998, el exministro Josep Borrell, destacado socialista catalán y muy popular en toda España, derrota a Joaquín Almunia en las elecciones primarias para nombrar candidato del PSOE a la presidencia del gobierno. A pesar del apoyo del “aparato del partido”, Almunia pierde las primarias, convocadas por él para legitimar su elección (había sido elegido solo por los delegados al Congreso).
Inmediatamente, Almunia presentó su dimisión como secretario general, pero el partido le convenció de que esperase a la decisión que habría de tomar el Comité Federal; pocos días más tarde, llegó con Borrell al acuerdo de permanecer en el cargo. El partido quería seguir manteniendo el control y Borrell exigía intervenir en el programa y en las listas electorales.
El mes de mayo de 1999, al descubrir la prensa que dos colaboradores de Borrel, inspectores fiscales en Barcelona, se habían aprovechado de sus cargos para enriquecerse de forma ilícita, Josep Borrell presenta su renuncia a ser candidato a la presidencia.
El 24 de julio de 1999, el Comité Federal eligió a Almunia candidato a la presidencia del gobierno.
En febrero de 2000, los socialistas (PSOE) pactan un acuerdo gubernamental con Izquierda Unida (IU): incluía la presentación de candidaturas conjuntas al Senado en numerosas provincias y estaba basado en un programa común de izquierdas. El acuerdo no contenta a nadie.
El 12 de marzo de 2000, se celebran elecciones generales en las que el PP obtiene una apabullante victoria con mayoría absoluta: 183 diputados, mientras que el PSOE pasó de los 141 diputados obtenidos en 1996 a 125. Joaquín Almunia presentó públicamente su dimisión como secretario general de su partido. Se convoca una gestora provisional y se convoca un Congreso extraordinario.
En julio de 2000, en el transcurso del 35º Congreso del PSOE, es elegido, entre cuatro candidatos y por estrecho margen, José Luis Rodríguez Zapatero como sucesor de Almunia. El partido cierra filas e inicia el “cambio tranquilo”.
En abril de 2004, al mes siguiente de la victoria socialista en las elecciones generales (que permitió al PSOE formar gobierno, con Rodríguez Zapatero al frente), Joaquín Almunia se convirtió en comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, sustituyendo en dicha responsabilidad a Pedro Solbes (vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda en el nuevo ejecutivo español). Conservó dicha cartera en la nueva Comisión Europea que, presidida por el portugués José Manuel Durão Barroso, fue constituida en noviembre de ese mismo año.
Felipe González y Alfonso Guerra, lo que les unía y lo que les separaba:
«Entre Alfonso y yo había, y creo que, en parte, permanece, una corriente de afecto humano que ha sobrevivido a momentos muy fuertes. Existía eso, más que una corriente de posiciones comunes, que nunca las hubo. Pero la falta de sintonía en ese aspecto no me turbaba. Y me turbaba tanto menos en cuanto que la lealtad de Alfonso permitía que, siempre que llegaba el momento de tomar una decisión, su posición cedía ante la mía. En ese punto había pocas dudas, pero las posiciones no eran convergentes, sin duda, sin duda. Algunas veces, incluso, fueron opuestas. Pero, digamos que esto se debía mucho más a un problema de fondo que, como algunos dicen, a un motivo ideológico. Tiene que ver con el temperamento, el carácter, el estilo... elementos que condicionan finalmente todo el proceso de toma de decisiones, el modo de aproximarse a la vida y a los problemas. En todos esos aspectos, Alfonso y yo éramos muy diferentes. Entre los dos había un vínculo afectivo fuerte, pero nuestra manera de aproximarnos a la relación con los demás, a la conformación de un equipo, a la manera de hacer política, al enfoque de los problemas, era muy distinta, siempre fue muy distinta.»
ANOTACIÓN INTERESANTE de apuntes:
La diferencia entre el PP y el PSOE es poca en el discurso dominante:
1. MERCADO.
2. MOVILIDAD SOCIAL.
3. DEMOCRATIZACIÓN.
La diferencia está en la forma de gestionar estos tres conceptos:
MERCADO:
-Economía de libre mercado para la derecha.
-Economía social de mercado para la izquierda.
MOVILIDAD SOCIAL:
-Redistribución en base a mérito y posición social para la derecha.
-Elevando la presión fiscal para conseguir servicios públicos que palien la brecha social PARA LA IZQUIERDA.
DEMOCRATIZACIÓN:
- Derechos restringidos para la derecha.
-Derechos en su máxima expresión para la izquierda.
14. La construcción de la sociedad del bienestar. La transición económica y la conclusión del capitalismo de Estado franquista.
El régimen de bienestar español tiene su propia historia institucional y social, pero no es menos cierto que desde 1986 la entrada en la UE no solo determina nuestras políticas económicas y monetarias (sobre todo después de la entrada en el Euro en 2000), sino que también condiciona nuestras políticas sociales, tanto en su concepción como en su diseño. Y entre estas políticas están las de inclusión social que se ponen en marcha a partir de la Estrategia Lisboa 2000.
Del análisis de este marco condicionante y de la gestión de la crisis por la UE se han llegado a las siguientes conclusiones. La crisis económica y financiera desencadenada en la Unión Europea no ha sido un acicate, ni una buena oportunidad para profundizar el compromiso hacia los objetivos del Tratado de la Unión y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Ni ha servido para desarrollar políticas dirigidas a crear unas sociedades armoniosas, cohesivas e inclusivas que respeten los derechos fundamentales, en unas economías de mercado socialmente sanas, como se dice en el Tratado.
El Parlamento Europeo critica, con enorme dureza, a la troika como mecanismo de emergencia para afrontar la crisis de la deuda de los Estados miembros. Señala, además, que las políticas de austeridad, con sus recortes en servicios sociales y bienestar, así como su impacto deflacionario en la economía, son incompatibles con la consecución del objetivo de reducción de la pobreza de la Estrategia Europa 2020, así como con otros objetivos de la UE, como la inclusión social, la igualdad, la eliminación de la pobreza y la cohesión territorial. Ha fracasado la estrategia de reforzar el modelo europeo y que la Unión tome en sus manos su futuro, que es lo que pretendía la Estrategia Europa 2020, adoptada en respuesta a la crisis.
Por ello, se puede afirmar que la crisis ha imprimido un retroceso en el proceso de europeización y un deterioro de aquellas políticas económicas, sociales y de empleo de la UE, que habían contribuido a mejorar las condiciones laborales, la salud, la seguridad, promoción de la igualdad de oportunidades y la inclusión social. Estas políticas han ido acompañadas de un estilo de decisión que cuestiona la naturaleza de la esencia comunitaria en favor de intervenciones que orillan las opiniones y decisiones de órganos como el Parlamento Europeo y órganos de consulta social y laboral de gran importancia (p. e., el Comité Económico y Social Europeo, CESE).
Así, la crisis del euro es también y, sobre todo, una crisis de los valores europeos.
Se han cumplido los pronósticos del CESE en el sentido de que ha tenido lugar un «aumento de la injusticia y de las desigualdades y se reducen los espacios de libertad». Por otra parte, se ha contrastado la eficacia de las políticas europeas y nacionales de lucha contra la exclusión social y la pobreza. El avance institucional, convergencia y visibilidad de las políticas y programas de inclusión ha sido importante para fortalecer la conciencia social sobre la pobreza y para avanzar en la idea y práctica de sociedades cohesionadas, pero, por otra parte, la crisis actual ha puesto de manifiesto la debilidad estructural de dichas políticas (como las de inclusión activa, lucha contra la pobreza infantil y garantía de mínimos), que no solo han demostrado su debilidad, sino también su subordinación a las políticas de austeridad, con lo cual su eficacia ha sido limitada y abren un campo de incertidumbre sobre su futuro en los años posteriores a la salida de la crisis.
TRANSFORMACIONES, CAMBIOS INSTITUCIONALES E IMPACTOS SOCIALES EN EL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA (2000-2013)
La singularidad del caso español reside en la debilidad estructural del modelo económico adoptado a partir, sobre todo, de la entrada en la unión monetaria y el euro, de un mercado de trabajo fuertemente segmentado y con tendencias internas de polarización en cuanto a salarios y condiciones de trabajo y, finalmente, un modelo de Estado de bienestar de amplia cobertura en servicios y prestaciones pero de baja intensidad protectora, es decir, con una limitada capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad.
Esta naturaleza del modelo español ha supuesto que las políticas de ajuste para hacer frente a la gran depresión tengan como prioridad la reducción de la deuda a costa de las prestaciones sociales así como una mayor precariedad del mercado de trabajo que fragiliza aún más la estructura social, a la vez que profundiza la dependencia de España respecto del núcleo económico-financiero dominante en la UE. Esta realidad, es decir, la posición subordinada del modelo de crecimiento español al núcleo central de la UE, un mercado de trabajo segmentado y un Estado del bienestar de limitada efectividad en la reducción de las tasas de pobreza y, por otra parte, la convergencia cognitiva e institucional europea, hacen de las políticas sociales un espacio de desarrollo institucional ambivalente a la vez que conflictivo en la medida en que las políticas sociales tienen que dar respuesta a demandas contradictorias en el seno del Estado de bienestar (entre clases sociales y grupos de interés muy variados así como entre diferentes niveles de gobierno) y ajustarse al marco imperativo europeo dominante de las políticas económicas y financieras respecto de las políticas sociales.
El periodo 2000-2013 para el conjunto del Estado de bienestar español, puede definirse como una combinación de contención del gasto social (sobre todo, entre 2000 y 2004) y reestructuración institucional (la denominada por los expertos como recalibración o reequilibrio entre políticas y funciones de gasto social entre 2005 y 2010) que han abocado finalmente a la regresión iniciada en mayo de 2010 y, sobre todo, profundizada desde diciembre de 2011 hasta la actualidad sin soporte en el diálogo social.
Las políticas de consolidación fiscal y de devaluación interna aplicadas desde mediados de 2010 han puesto de manifiesto la debilidad endémica de las dos columnas vertebrales del Estado de bienestar: el mercado de trabajo y el propio de sistema de protección social que durante los años de bonanza no mejoraron ni la estabilidad laboral ni la intensidad protectora. Las políticas sociales aplicadas desde finales de 2011, con un primer avance entre mayo de 2010 y 2011 en forma de ajuste de gasto social, y consolidadas desde finales de diciembre de 2011 con el nuevo cambio de gobierno y, sobre todo, a partir de julio de 2012 (Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad) hasta la actualidad, suponen la subordinación del Estado de bienestar a las exigencias de la troika en forma de «reformas» justificadas para hacerlo sostenible financieramente en el futuro. En la práctica tales reformas suponen una regresión (retrenchment) en las políticas sociales.
La agrupación de las políticas sociales entre aquellas que reciben más apoyo es clara: la opción de recorte en las políticas sociales es rechazada por una gran mayoría de los ciudadanos, la posición favorable al recorte en enseñanza, pensiones y sanidad es inferior al 5% y ligeramente superior en protección del desempleo (6,3%) y ayudas a la dependencia (8,3%). Destacamos, a continuación, algunos de los impactos en las diversas políticas sociales.
La crisis ha tenido un impacto específico sobre las personas mayores en España. A pesar de ser históricamente uno de los colectivos sociales con ingresos más bajos y mayor vulnerabilidad económica, en estos momentos la posesión de tres recursos cruciales —pensión, vivienda e inserción en las redes familiares—, son fuentes básicas de seguridad. La movilización de dichos recursos en el actual contexto de depresión económica se traduce en capacidad para proporcionar apoyo económico a familiares que han perdido el empleo o ingresos, la disponibilidad para acoger a miembros de la familia en su propia vivienda o la capacidad para cuidar a nietos, entre otros, frente a la creciente dificultad de hijos e hijas de conciliar vida laboral y cuidado así como frente a la pérdida de apoyo público para tal objetivo.
No obstante, desde el año 2010 se han sucedido diversas reformas de las pensiones que han coincidido en reducir la capacidad adquisitiva y la seguridad de las personas una vez que abandonan el mercado laboral. Por ello cabe preguntarse en qué dirección seguirán evolucionando, juntamente con el recorrido de otras prestaciones y programas sociales, a la hora de proporcionar no solo un envejecimiento activo y autónomo, sino también lo que en estos momentos puede ya considerarse una de las principales mallas de seguridad en nuestro país ante los devastadores efectos de la crisis económica.
La reforma sanitaria está teniendo un impacto negativo tanto en la cobertura del sistema como en su configuración institucional, desplazando el gasto sanitario a los hogares y a las organizaciones sociales, y penalizando especialmente a colectivos muy vulnerables como los inmigrantes indocumentados, enfermos crónicos o jóvenes mayores de 26 años desempleados. En la cobertura del sistema sanitario se excluyen a determinados colectivos de la población (inmigrantes indocumentados), introduciendo un mayor copago en medicamentos (incluido el hospitalario) para la población pensionista y la población activa. Medidas todas ellas que se han demostrado de dudosa eficacia en recaudación y demanda de servicios sanitarios. En cuanto a la configuración institucional, la atención sanitaria asistencial para las personas sin recursos, el aseguramiento privado y la atención informal vía ONG van ganando peso, introduciendo en el sistema sanitario una polarización excluyente en función de la capacidad adquisitiva.
En el ámbito de la educación, las reformas de racionalización del gasto y de ordenación del sistema educativo también están teniendo consecuencias en la equidad del sistema. En primer lugar porque, mientras la LOMCE tiende a recentralizar competencias educativas imponiendo un currículo básico o evaluaciones comunes a las CC.AA., el RDL 14/2012 permite «descentralizar» algunos recortes en materias como el ratio de alumnos por clase, la oferta de bachillerato o las tasas universitarias a los cuales pueden o no acogerse las CC.AA. Las diferencias en los resultados académicos entre las CC.AA. responden en más de un 85% de los casos a sus diferencias socioeconómicas (OECD, 2013a). En segundo lugar, porque la proliferación de medidas de privatización endógena y exógena como la libertad de elección y la autonomía de centros educativos o el impulso de la concertación, cuando se desarrollan en un contexto de crisis como el actual, pueden tener un impacto no deseado sobre la igualdad de oportunidades de las clases sociales más desfavorecidas. Para minimizar su impacto cabe modular la libertad de elección de centros introduciendo cláusulas de integración y medidas de control en los criterios de selección, especialmente en los centros concertados, para evitar que se reproduzcan tanto la polarización social como las diferencias socioeconómicas. En la medida en la que los factores socioeconómicos de las familias tienen un peso sustantivo (que no determinante) en el abandono escolar y en los resultados académicos y mientras no se incida previamente en ellos, no se conseguirá que las familias más desfavorecidas lleguen en igualdad de condiciones a las evaluaciones finales o «reválidas» que impone la LOMCE.
En relación a los servicios sociales públicos han tenido un desarrollo importante por medio de la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia (LAPAD), así como por el desarrollo de una última generación de leyes de servicios sociales autonómicos que garantizan una serie de prestaciones con carácter universal.
Pero la crisis, a partir de 2010, ha supuesto reducciones de la oferta, no solo en el nivel de la gestión, sino también en algunas leyes de servicios sociales. Parece que los cambios de las mayorías políticas en algunas CC.AA. derivados de las últimas elecciones facilitaron la adopción de tales medidas restrictivas, pero también se produjeron en algún caso antes de las mismas. Los servicios sociales públicos siguen adoleciendo de fallos en la prestación de algunas de sus prestaciones, particularmente de aquellas que sirven para apoyar la esfera de la familia. Especialmente relevante han sido las medidas de estabilidad presupuestaria incluidas en la Ley 20/2012 junto con las contenidas en las Leyes de los Presupuestos Generales del Estado (2012-2014) que han asestado un duro golpe a la protección social de la LAPAD. Los recortes presupuestarios inciden en que nuestro nivel de protección (0,7%/PIB) sea uno de los más bajos de la UE. El objetivo de alcanzar un nivel de protección del 1% del PIB, en el 2015, tal como estaba previsto en la LAPAD, queda muy lejos de conseguirse con dichas medidas. Tal como pone de manifiesto el Programa Nacional de Reformas (2013), el sector privado jugará un papel importante en la oferta de los servicios en el Sistema de Atención a la Dependencia. El cambio de modelo asistencial puede producir una dualización de los servicios y cambio de enfoque en los objetivos asistenciales de la LAPAD promoviendo una privatización de los mismos.
Un último problema de los servicios sociales es el de las consecuencias no deseadas de la descentralización territorial de las competencias políticas, como es la desigualdad de la acción de los mismos en el sector público. Esta situación es pauta general en nuestro actual Estado de las autonomías, si bien también puede darse en los Estados centralizados. Las diferencias de la oferta pública en centros y servicios entre las diferentes CC.AA. es una pauta general que nos muestra la muy limitada capacidad equilibradora de la Administración General del Estado en el cumplimiento del principio constitucional de crear las condiciones de igualdad en todo el territorio del Estado. Relacionado con este aspecto, es importante señalar que la ley 27/2013 de régimen local, ha abierto un campo de incertidumbres en el desarrollo de los servicios sociales municipales, a la vez que supone un reto en la coordinación entre los niveles autonómico y municipal de los servicios sociales.
En relación a la protección de mínimos en España, sus características plantean la necesidad de una reforma sustancial. Su dispersión de prestaciones ubicadas en distintos sectores de la política social, orientadas a grupos específicos (discapacidad, pensiones o servicios sociales) basadas por lo tanto en lógicas protectoras heterogéneas; esquemas protectores en los que varían sus condiciones de acceso (acceso a través de previa contribución a los seguros sociales, umbrales de valoración de necesidad, requisitos adicionales de discapacidad, edad o cargas familiares), características de la prestación (derecho, duración, intensidad, cuantía fija o diferencial, consideración de los miembros del hogar) así como las obligaciones y contraprestaciones asociadas a su percepción. El resultado es un esquema protector en el que se tratan de forma incoherente situaciones de necesidad similares y que deja sin cobertura de mínimos ciertas situaciones de necesidad, tal como muestran los estudios sobre pobreza y exclusión.
El cambio de ciclo económico que comenzó en 2008 se ha traducido en una fuerte presión para el conjunto de prestaciones de mínimos. Estas prestaciones, que habían ido disminuyendo muy lentamente en el periodo previo de crecimiento económico, crecieron fuertemente entre los años 2008-2010, para verse frenadas en los años 2011-2012. Este crecimiento se debe casi en exclusiva a las prestaciones destinadas a la población activa, ya que las prestaciones destinadas a la población no activa (PNC, LISMI y FAS) disminuyen durante el periodo. Los subsidios de desempleo son el esquema más importante de la protección asistencial: el 70% de este tipo de prestaciones. Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) son el único mecanismo protector de poblaciones potencialmente activas sin vínculo contributivo previo. Estos programas de RMI crecieron también en los primeros años de crisis, de manera que en 2011 el número de hogares perceptores de prestaciones de este tipo duplicaba el de 2008. En 2012, algo más de 200.000 hogares han accedido a este tipo de prestación lo que supone apenas el 10% de la prestación asistencial. Los cambios y reformas de los años previos a la crisis se han trocado en un relativo freno en el gasto y muchas CC.AA., en especial en 2012, han introducido importantes restricciones en los requisitos de acceso, en las cuantías o en la duración de estas prestaciones.
Ordenar el mosaico de esquemas de garantía de rentas y reforzarlos sigue siendo una política pendiente en la lucha contra la exclusión social y la pobreza.
Por último señalar, que la crisis ha provocado un descenso de los flujos migratorios, descensos que los responsables de las políticas migratorias han interpretado como eficacia en la lucha contra la inmigración irregular.
Pero la crisis económica no es la responsable de la tendencia restrictiva de la política migratoria ni de los recortes en los derechos sociales adquiridos (sanidad y competencias de las corporaciones locales, son dos ejemplos de ello), esta es una decisión política plasmada en la legislación y que sigue la tendencia común al resto de países de la Unión Europea.
EL FUTURO DE LA REFORMA SOCIAL Y DEL ESTADO DE BIENESTAR Y EL PAPEL DEL TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
La crisis actual no solo es coyuntural ni solo afecta al Estado de bienestar, sino que es estructural, un cambio de época, un rumbo nuevo en el curso histórico de la reforma social. Esta afirmación viene corroborada por el amplio debate científico y político sobre la crisis y por la intensidad de los cambios económicos, tecnológicos, sociales e incluso políticos. Esto supone que al mismo tiempo que las sociedades europeas buscan salidas pragmáticas a la crisis actual, que no reduzcan su bienestar ni el marco democrático en que tiene lugar, también estén obligadas a mirar a largo plazo, a debatir sobre el futuro de la reforma social en un contexto de mundialización de los problemas sociales y, por tanto, a diseñar el tipo de instituciones que regularán los mercados de trabajo, las formas de consumo y las modalidades de protección social. Mirada compleja, vertebrada por diferentes intereses e ideologías, por la senda de la historia social de cada país y por los condicionantes del rumbo de la reforma social europea en su conjunto.
En el caso de España, y después de un largo curso histórico de 50 años de reforma social tardía, aunque ascendente (1963-2008), consolidada por la democracia política, parece que se ha iniciado un periodo de transición hacia una nueva fase de la reforma social histórica. Un tiempo nuevo que viene precedido por la aceleración de desequilibrios sociales (dualización social en el mercado de trabajo), económicos (desequilibrios en la geografía económica acelerados por la globalización y la ubicación dependiente del centro económico europeo) y políticos (crisis del modelo territorial y político pactado en los años de la transición política, 1977-1981), desequilibrios no nuevos, ya que fueron desarrollándose a partir de los primeros años de la década de los 90.
Como consecuencia, se ha fragilizado la fábrica institucional del Estado de bienestar e intensificado la pobreza y la exclusión social, a la vez que el espacio social de la precariedad se ha extendido a una parte creciente de las clases medias españolasLa salida de la crisis solo podrá ser posible mediante la recreación de un pacto social de salida que sea equitativo y solidario, una reforma social futura basada en objetivos de igualdad y en el desarrollo de la democracia.
En este sentido, la cuestión central es si la respuesta a la cuestión social, es decir, la reforma social, se orientará de manera predominante hacia la privatización e individualización de los riesgos sociales o hacia nuevas formas de institucionalización y socialización de riesgos.
El Estado de bienestar español se encuentra en una encrucijada histórica de transición hacia una nueva reforma social, condicionada por el Modelo Social Europeo. La cuestión social clásica, conflicto y conciliación relativa entre capitalismo y democracia, entre necesidades del mercado y necesidades sociales, es ahora diferente en la medida en que tiene lugar en un nuevo marco global que lo condiciona, nuevos problemas sociales y una amplia variedad de actores, viejos y nuevos, que operan tanto a escala local como a escala mundial.
Género, medio ambiente, defensa de la infancia, solidaridad entre generaciones, organización de los cuidados de personas en situación de dependencia y garantía de los derechos de personas vulnerables o con necesidades específicas, son nuevos elementos constitutivos de la reforma social emergente que se han consolidado durante la larga fase de reestructuración del Estado de bienestar. Factores todos ellos que han desbordado la esfera del Estado de bienestar y que han supuesto una profunda reorganización de las esferas clásicas de bienestar: Estado, mercado, familia y sociedad civil. En este contexto, la nueva reforma social no solo pasa por la extensión y consolidación de los derechos sociales, sino también por el reforzamiento de las instituciones democráticas donde están incrustados y desde donde se les da respuesta.
En la práctica, los avances en la reforma social histórica han sido un entreverado de reivindicaciones, resistencias, conflictos sociales, acción colectiva y pactos abiertos o relativamente implícitos entre capital y trabajo con la mediación del Estado. Los pactos sociales, sean de gran calado (caso del Pacto de la Moncloa en 1977 o del Pacto de Toledo en 1995) o fruto del goteo de acuerdos puntuales en materias de protección social (dependencia, desempleo, infancia y familia, etc.) han comprendido casi siempre no solo transacciones entre los requerimientos del mercado y las demandas sociales, sino también pactos en torno al perfeccionamiento de la democracia.
La necesidad de un nuevo contrato social a medio plazo reside en el interés de las grandes mayorías de ciudadanos para las que un trabajo decente y una protección social eficaz es la garantía de una vida social digna. La crisis actual ha provocado tanto una creciente desafección política por los impactos sociales de la crisis como por el estilo impositivo de las reformas sociales y el incumplimiento de las ofertas electorales. Esta realidad demanda que, como condición previa de pacto social, tenga lugar una reconstitución democrática de las instituciones que canalizan las políticas sociales, sea mediante su reforma, sea mediante la creación de otras nuevas.
Lo que exige tanto una profundización de la democracia como la implicación en el nuevo contrato social del diálogo civil, cuya base reside en la economía social y en las organizaciones voluntarias. Estas, las entidades del Tercer Sector de Acción Social (TSAS), se tendrán que plantear, por un lado, si finalmente aceptan el reto de las instituciones europeas de consolidarse como un agente necesario en la inversión social y un complemento de esfuerzos públicos, tendrá que potenciar sus funciones de protección, innovación e inversión social, diversificar ingresos y prestación de servicios, readaptar sus estructuras y evitar dinámicas de empresarialización del sector y de contratación pública a cualquier precio para garantizar su supervivencia. Alternativamente, pero sin necesaria colisión con el anterior objetivo, pueden apostar por potenciar un modelo de organizaciones sociales de derechos, o de incidencia política, más sostenible, autónomo y liviano en términos de expansión financiera, orientado a la defensa del Estado de bienestar como institución central de la protección social en la lucha contra la exclusión. Pero, además, en el medio plazo, las entidades del TSAS están emplazadas a un mayor protagonismo en el desarrollo de la reforma social futura mediante el apoyo a fórmulas de desarrollo humano que se apoyen en la economía social y en el desarrollo de nuevas formas de participación social.
Pero el pacto o contrato social no es un acto único con capacidad para crear las condiciones definitivas de la reforma social del siglo XXI, sino un proceso complejo y de largo plazo que necesariamente estará vertebrado de muchos pactos, bloqueos y conflictos a través de los cuales se construirá la reforma social futura. En el corto-medio plazo, el pacto social deseable es aquel que concite acuerdos en favor de una salida de la crisis en la que el crecimiento económico suponga creación de empleo de calidad, un sistema de protección social eficaz y políticas redistributivas que reduzcan la pobreza y la vulnerabilidad y que se apoye en un triple diálogo político, social y cívico.
Si bien la salida a la crisis actual o círculo vicioso de la recesión dependerá en muchos sentidos del modelo de salida a la crisis de la UE, cada país miembro adoptará una salida específica que depende de los constreñimientos de su historia económica y social y del tipo de instituciones políticas, así como de la capacidad de los actores sociales, en su más amplio sentido, para crear las condiciones de dicha salida.
Desde la perspectiva del desarrollo social y de la inclusión social dicho pacto requiere de nuevos contenidos y nuevas formas o estilos de gobernanza. Son nuevos contenidos un crecimiento económico sostenible, la promoción de la economía social y una relación salarial basada en empleo suficiente y digno y prestaciones sociales y servicios de calidad, a la que deben subordinarse y modularse las políticas de consolidación fiscal y de reducción de la deuda pública y privada. En cuanto a estilos de gobernanza, la experiencia de que las reformas laborales no pactadas traen consigo comportamientos estratégicos de los agentes económicos y que el estancamiento del diálogo social genera consecuencias negativas no previstas por las reformas hechas unilateralmente, como ha sucedido con la austeridad contractiva, conlleva no solo el retorno al pacto social, sino a su ampliación a los actores sociales que la crisis actual ha colocado en primer plano, como los nuevos movimientos sociales y asociativos.
15. El debate político sobre la OTAN. Las claves de un referéndum dirigido.
El ingreso de España en la OTAN: una historia controvertida
Fue tras el discurso de investidura del presidente Calvo Sotelo, con quien España inició los trámites para entrar en la OTAN, el 25 de febrero de 1981. Meses después, el 2 de diciembre de 1982, el país comunicaba a la organización su intención formal de adherirse al tratado de Washington
El Rey Felipe VI, acompañado del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han presidido este lunes la celebración del 40 aniversario de la adhesión de España a la OTAN. Una relación que tardó en consolidarse, y que no ha estado exenta de voces contrarias y controversias, aquí un pequeño resumen.
Los inicios
Fue tras el discurso de investidura del presidente Leopoldo Calvo Sotelo, de la conservadora UCD, con quien España inició los trámites para entrar en la OTAN, el 25 de febrero de 1981, solo años después del fin de la dictadura franquista. Según informaba entonces el diario El País, tan solo el 18% de la población estaba de acuerdo con entrar en la organización, el 52% estaba en contra, y el 30% restante no respondía. Unos números que reflejaban el antimilitarismo de un país que acababa de salir de 40 años de dictadura para adentrarse en la aventura de la democracia.
Meses después, el 2 de diciembre de 1982, el país comunicaba a la organización su intención formal de adherirse al tratado de Washington. El 30 de mayo, España se convertía en el miembro número 16 de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.
Un giro político
Sin embargo, todo cambió con la victoria del socialista Felipe González en 1982. González llegó al Gobierno con la promesa de un referéndum sobre la permanencia de España en la organización. El socialista pasó, en tan solo cinco años, de defender la salida de la OTAN a pedir el voto a favor de mantenerse en la misma y tardó cuatro en celebrar una votación que pareció intentar posponer lo máximo posible.
González aprobó en 1984 el llamado Decálogo de Paz y Seguridad. Este debería aprobarse con un referéndum e incluía ciertas condiciones para la adhesión del país a la organización. La integración no conllevaría su incorporación a la estructura militar y quedaría prohibido almacenar e introducir en el país armas nucleares en España.
El 12 de marzo de 1986, el referéndum quedó aprobado con el voto favorable del 52,24% de los participantes, según el Gobierno. "¿Considera conveniente para España permanecer en la Alianza Atlántica en los términos acordados por el Gobierno de la Nación?", rezaba la pregunta de la consulta. Para algunos críticos, la pregunta era engañosa y no introducía en ningún momento la palabra OTAN.
Según los acuerdos de esa modalidad de pertenencia diseñada para España, “las autoridades militares españolas retendrían el mando de dichas fuerzas y cederían únicamente a los comandantes aliados su control operativo”.
En la página oficial del Ministerio de Exteriores se explica que algunas de las áreas básicas acordadas en la primera mitad de los años 90 fueron: “preservar la integridad del territorio español; defensa aérea de España y sus áreas adyacentes; defensa y control del Estrecho de Gibraltar y sus accesos; operaciones navales y aéreas en el Atlántico oriental; operaciones navales y aéreas en el Mediterráneo occidental; y provisión de territorio e instalaciones para recepción y tránsito de refuerzos y apoyo logístico, aéreo y marítimo”.
Plena participación en la estructura militar
En 1997, con la llegada al poder del conservador José María Aznar, del Partido Popular, España decide incorporarse en la estructura militar de la OTAN. Sin embargo, el vínculo con la organización ya se había estrechado antes cuando en 1995, el socialista Javier Solana, entonces ministro de Asuntos Exteriores, fue nombrado secretario General de la Alianza, convirtiéndose en el primer español en ostentar el cargo.
"El 3 de julio de 1997, el Gobierno español anunció su deseo de ubicar el futuro Cuartel General del Mando Subregional Sudoeste de la OTAN en el acuartelamiento de Retamares", explica la página del Ministerio de Exteriores que continúa: "Finalmente, España culminó su incorporación plena a la estructura militar integrada de la OTAN el 1 de enero de 1999. A partir de entonces, se produjo la incorporación progresiva de generales, oficiales y suboficiales españoles al resto de cuarteles generales de la estructura de mandos de la OTAN".
España quiere duplicar su gasto militar en "los próximos años" según el presidente Pedro Sánchez. Actualmente, el país invierte poco más de un 1% de su PIB en defensa, más de 12.200 millones de euros. Madrid acoge este 2022 una Cumbre de la Alianza Atlántica que secelebrará los días 29 y 30 de junio.
La voluntad de los socialistas de aumentar el gasto en defensa, abrió una herida con el principal socio del Gobierno, Unidas Podemos, con quien el Partido Socialista gobierna en coalición.
Sin embargo, España es el segundo país que menos invierte en defensa de la Asociación.
22 misiones junto a la OTAN
En cuatro décadas de convivencia, España ha participado en 22 misiones de la OTAN con 125.000 efectivos de las fuerzas armadas. En total, 119 españoles perdieron la vida en misiones durante estos 40 años. España, además, anunció que aumentará el despliegue de tropas en Lituania y Letonia.
Las de Letonia y Lituania han sido las últimas misiones junto a la organización, y han tenido lugar dentro del marco de la invasión rusia de Ucrania. El ejército español ha desplegado en Letonia a 500 efectivos que trabajan dentro de las fuerzas internacionales de la OTAN para la disuasión de Rusia. El Gobierno español ha enviado tambiñen carros de combate Leopardo 2E y vehículos de infantería Pizarro. En el caso de Letonia, aviones F-18 y 140 militares del Ejército del Aire realizan operanciones de vigilancia aérea desde la base de Siauliai.
La primera misión llevada a cabo por España junto a la organización empezó en 1992. Fue la Standing Naval Forces y consistió en operaciones de patrullaje en el Mediterráneo.También en 1992, empezaron las operaciones militares en Bosnia-Herzegovina. Allí participaron 46.000 militares españoles desde el inicio. Fueron las llamadas misiones de Implementación y Estabilización.
En marzo de 2011, la OTAN se encargó de las misiones en Libia relevando a Estados Unidos y a una coalición internacional. Se trataba de la operación Unified Protector. Otra misión destacable fue la llevada a cabo en Afganistán, con las llamadas Fuerza de Asistencia Internacional de Seguridad.
16. El terrorismo de ETA. El Estado frente a ETA. El problema de la guerra sucia.
El terrorismo ha marcado de manera trágica la historia reciente de España, desde los años sesenta del siglo XX. En esta unidad didáctica analizaremos primero en qué consiste tal fenómeno. Después nos adentraremos en su evolución durante tres fases diferentes:
-La dictadura franquista
-La transición a la democracia
-El periodo democrático
Al analizar el fenómeno terrorista, es necesario focalizarlo en las víctimas de sus acciones. Sólo de esa forma conseguiremos que la injusticia cometida en el ejercicio de una violencia ilegítima se visibilice a partir de ellas, con ellas, junto a ellas; pues son la demostración más evidente de la violación del derecho humano más básico: el derecho a la vida.
Al igual que ocurre con otros fenómenos sociales complejos, existen diferentes definiciones de terrorismo. Entre los especialistas no se ha llegado a un consenso sobre qué es el terrorismo, pero en casi todos los casos se subraya que estamos ante una herramienta para imponer por la fuerza un determinado proyecto político, por lo que se trata de infundir miedo en los oponentes y en la propia sociedad. Dicho esto, pasemos ahora a resumir los siguientes elementos que caracterizan, de forma general, el fenómeno del terrorismo:
-VIOLENCIA CLANDESTINA El terrorismo actúa de forma secreta u oculta para eludir la acción de la justicia. La clandestinidad provoca a su vez un mayor aislamiento y radicalidad del grupo.
-GENERACIÓN DE UN CLIMA DE TERROR La etimología de la palabra indica que terrorismo viene de terror, que es precisamente lo que se pretende provocar mediante este recurso: un miedo intenso entre los rivales y en la sociedad en general.
-BUSCA IMPONER OBJETIVOS POLÍTICOS Detrás del terrorismo hay un proyecto de poder, dirigido contra alguna institución u organización a la que se pretende someter mediante el uso de la fuerza.
-IMPACTO PROPAGANDÍSTICO Los grupos terroristas aprovechan el impacto que provocan sus atentados, su repercusión a través de los medios de comunicación, para difundir sus exigencias. Si bien el fenómeno terrorista es un problema global, ha afectado en distinto grado y con una diferente evolución histórica en los países de nuestro entorno.
Tipos de organizaciones terroristas que han actuado en España:
-NACIONALISTAS RADICALES E INDEPENDENTISTAS Pertenece a esta tendencia la banda terrorista más sangrienta y longeva. Se trata de ETA, Euskadi Ta Askatasuna (País Vasco y Libertad). Las diferentes ramas de esta organización son responsables de la muerte de 853 personas entre 1968 y 2010, dentro de una campaña violenta cuyo principal objetivo era la independencia del País Vasco. Además, en Cataluña los miembros de EPOCA (tres víctimas mortales) y Terra Lliure (una), en Galicia los del Exército Guerrilheiro do Povo Galego Ceive (dos) y en Canarias los del MPAIAC (una), también quisieron emular a ETA.
-YIHADISTAS Su objetivo es implantar un califato bajo una interpretación dogmática, ortodoxa y minoritaria de la sharia, la ley islámica. En España el primer atentado de esta orientación tuvo lugar en 1985 en el restaurante El Descanso. Células yihadistas causaron la mayor masacre terrorista de nuestra historia: los ataques del 11 de marzo de 2004 en Madrid, con un balance de 193 víctimas mortales y 1.761 heridos. Más recientes son los atentados de Barcelona y Cambrils, cometidos por el Estado Islámico el 17 de agosto de 2017, con 16 personas asesinadas y más de un centenar de heridos.
-EXTREMA IZQUIERDA Los principales exponentes del terrorismo de esta tendencia fueron los GRAPO, Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre. Fundados en 1975, permanecieron en activo hasta la primera década del siglo XXI. Apoyándose en su ideología maoísta, pretendían instaurar por la fuerza una república socialista en España. Son responsables de alrededor de 80 asesinatos.
-GAL El caso de los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, injustificable en un estado democrático, no se ajusta a la ideología ultra. Fue un tipo de antiterrorismo ilícito, parapolicial, que empleó los mismos métodos terroristas que aquellos (ETA) a quienes decían combatir. Asesinaron a 27 personas entre 1983 y 1987.
ULTRADERECHA El terrorismo de este tipo estuvo fragmentado en diferentes organizaciones: BVE (Batallón Vasco Español), Triple A (Alianza Apostólica Anticomunista) o GAE, Grupos Armados Españoles. Sus principales metas eran el regreso a una dictadura como la franquista y responder a ETA con un terrorismo de signo opuesto. Se les atribuyen unos 60 asesinatos.
17. La integración en las Comunidades Económicas Europeas. La modernización de la economía española. La consolidación de una estructura social mesocrática.
La adhesión de España a la Comunidad Económica Europea
La entrada de España en la Unión Europea se hizo efectiva en 1986, pero la firma del Tratado de Adhesión en Madrid se produjo en junio de 1985. Además, la primera petición para adherirse a la Comunidad Económica Europea se hizo en 1962 por el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castella.
Hasta la llegada de la democracia en 1975 no comenzaron los trámites para formar parte de la UE. En 1979 empezaron las negociaciones y hasta 7 años más tarde no se consiguió este objetivo con el que todos estaban de acuerdo que iban a lograr una mayor democratización del país.
A la vez que España, también entró a formar parte de la Unión Europea nuestro país vecino, Portugal.
El primer Presidente del Parlamento Europeo español fue el socialista Enrique Barón, que ocupó este cargo desde 1989 hasta 1992. Hasta ahora, este lugar tan solo lo han ocupado otros dos españoles: José María Gil-Robles entre 1997 y 1999, y el ahora Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, que fue presidente de la institución de 2004 a 2007.
Durante los primeros años en los que España formó parte de la Unión Europea, fue uno de los países que más beneficiados salió del reparto de fondos comunitarios ya que el país tenía una renta per cápita inferior al 75% de la media comunitaria. Por lo que la adhesión a la UE supuso un fuerte impulso económico para España.
En 1991 España firmó junto con muchos otros países europeos el Acuerdo Schengen por el que se suprimieron los controles en las fronteras entre esos países y se permitió la libre circulación de personas. Y un año más tarde, firmó el Tratado de Maastricht donde se inició el proceso para tener una moneda única, hecho que acabó sucediendo en 2002 con la puesta en circulación del euro.
España en la actualidad
España dispone de 59 representantes en el Parlamento Europeo. Estos eurodiputados se distribuyen entre los diferentes grupos que forman la cámara.
En términos financieros, los datos de 2017 nos dicen que:
- La Unión Europea tiene un gasto de 9 664 millones de euros en España, lo que supone un 0,83% de la renta nacional bruta del país.
- Por otro lado, España contribuye al presupuesto de la Unión Europea con 8 080 millones de euros, lo que es un 0,69% de su renta nacional bruta.
Algunos datos en comparación con la media europea
- La edad media de la población española es de 43.6 años, tan solo 0.5 puntos por encima de la media europea.
- España es el cuarto país en cuanto a población de la UE. Con 46.7 millones de personas, tan solo se sitúa por detrás de Alemania, Francia e Italia.
- En cuanto al consumo de energías renovables, España con un 17% se sitúa a tan solo 0.4 puntos por debajo de la media europea, pero muy lejos de las cifras de Islandia, país que se sitúa a la cabeza con un 72.7%
- España es uno de los mayores destinos turísticos de la UE, y datos como que en 2017 registró 306 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos, lo que supuso un 20% del total de la Unión Europea, lo demuestra.
18. La redefinición del mundo conservador. El Partido Popular hacia el poder político.
- LOS GOBIERNOS DE AZNAR.
LEGISLATURAS DE JOSÉ MARÍA AZNAR
PRIMERA LEGISLATURA DE AZNAR Y EL PP (1996-200)
En 1989 es confirmado como candidato a la Presidencia del Gobierno. Desde ese momento, y aunque Fraga era el presidente nominal de la formación, José María Aznar asumió el ejercicio de liderar al Partido Popular.
El 29 de octubre de 1989, se celebraron las cuartas elecciones generales. El ex-presidente de Castilla y León, José María Aznar, logró superar el techo electoral de Fraga, 25,8% de los votos, e incluso derrotó a Felipe González en la capital. Estos resultados le despejaron el camino hacia la sucesión de Fraga en la dirección del Partido Popular, ratificada en el X Congreso celebrado en Sevilla, entre el 31 de marzo y el 1 de abril de 1990. Aznar se convirtió en nuevo jefe de la oposición al PSOE y portavoz parlamentario del PP.
El X Congreso Nacional del PP de 1990 consagró el liderazgo de Aznar quien, en este momento, tomó posesión de la presidencia nacional del partido. En su discurso de proclamación, ofreció un "proyecto de libertad" y propuso avanzar hacia un centro-derecha pragmático de corte europeo.
Los escándalos que salpicaban al Gobierno de Felipe González, tales como la organización de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), el despilfarro del dinero público o los escándalos detectados en la cúpula del Banco de España y la Guardia Civil; unidos al aumento del paro, anunciaban la pérdida de confianza de buena parte del electorado socialista.
Las elecciones legislativas de 1993 enfrentaron a González y Aznar. Volvieron a ganar los sociales, aunque el Partido Popular logró el 34,8% de los votos y obligó al PSOE a gobernar con mayoría simple.
Además de la crisis económica que se había iniciado en la segunda mitad de 1992, Felipe González tuvo que hacer frente a la aparición de nuevos escándalos, que se tradujeron en un duro enfrentamiento con la oposición, tanto del Partido Popular como de Izquierda Unida, por lo que el cuarto mandato socialista sería conocido como la «legislatura de la crispación».
Entre los nuevos escándalos, el más espectacular y el de mayor impacto popular y mediático fue el «caso Luis Roldán», primer director no militar de la Guardia Civil de toda su historia, detenido acusado de haber amasado una fortuna gracias al cobro de comisiones ilegales y a la apropiación de los fondos reservados del Ministerio del Interior, y que en abril de 1994, cuatro meses después de su detención, se dio a la fuga. Estos escándalos abrieron de nuevo una crisis de confianza en el gobierno socialista.
En este contexto se celebraron las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 1994, en las que el Partido Popular por primera vez sobrepasó al PSOE en número de votos, lo que le llevó a exigir la celebración de elecciones generales, pero González se negó porque seguía teniendo el apoyo de CiU. José María Aznar a partir de entonces en cada intervención parlamentaria utilizará la «machacona invectiva» de «Váyase, señor González» jaleada por los diputados del grupo parlamentario popular.
Un mes después de las elecciones europeas, las declaraciones de dos policías, Amedo y Domínguez, condujeron a la detención de varios altos cargos de la administración socialista por su presunta participación en el secuestro y asesinato frustrado del ciudadano francés Segundo Marey, confundido con un miembro de ETA por un comando de los GAL.
En marzo de 1995 se destapó otro gran escándalo relacionado con la «guerra sucia» contra ETA. En esa fecha el juez Javier Gómez de Liaño ordenó detener al general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo por su presunta implicación en el secuestro y posterior asesinato de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, presuntos miembros de ETA capturados en Francia por los GAL en 1983 y cuyos cadáveres, enterrados en cal viva, fueron encontrados en Bussot (Alicante) dos años después.
Poco después estallaba un tercer escándalo relacionado con los GAL y que fue conocido como el de los papeles del CESID, sustracción por parte del segundo jefe del servicio secreto, el coronel Juan Alberto Perote, de documentos que al parecer implicaban a más políticos socialistas en el «caso de los GAL» y con los que se quería chantajear al gobierno socialista, una prueba más de la estrategia de acoso al Gobierno socialista de Felipe González. Parte de los documentos eran transcripciones de las escuchas telefónicas ilegales, por lo que tuvieron que dimitir el ministro de Defensa y su sucesor en el cargo.
El 19 de abril de 1995, un mes antes de los comicios autonómicos, Aznar sufrió un atentado terrorista con coche bomba cuando viajaba con su vehículo. El blindaje del automóvil le salvó la vida. El atentado se atribuyó al comando Madrid de la banda terrorista ETA.
En mayo de 1995 se celebraron las elecciones municipales y autonómicas, en un clima marcado por el atentado de ETA contra el líder de la oposición, José María Aznar. Volvió a ganar el Partido Popular que aventajó en casi cinco puntos al PSOE. Casi todas las capitales de provincia y las ciudades de más habitantes pasaron a estar gobernadas por el PP.
En enero de 1996, el XII Congreso del PP proclamó de nuevo a Aznar candidato a la Presidencia del Gobierno.
Ante el cúmulo de escándalos el líder de CiU y presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, retiró el apoyo parlamentario al gobierno, que quedó en minoría en las Cortes. El presidente del gobierno Felipe González no tuvo más remedio que convocar elecciones generales para el día 3 de marzo de 1996.
El 3 de marzo de 1996, se celebran elecciones generales, en las que la victoria fue para el PP, pero no por el amplio margen que se esperaba pues sólo superó al PSOE en 300.000 votos —9,7 millones frente a 9,4 millones— y se quedó lejos de la mayoría absoluta —consiguió 156 diputados, 15 más que el PSOE—. De todas formas el PP logró su objetivo de desalojar a los socialistas del poder, después de intentarlo con denuedo durante más de una década. El estrecho margen de votos no permitía gobernar en solitario y el Partido Popular (PP) estuvo en un tris de no poder formar Gobierno.
El diario El País y su accionista mayoritario, Jesús de Polanco, trató a toda costa, y lo propuso editorialmente en su periódico, que uno de los suyos, Alberto Ruiz Gallardón, se hiciera cargo del Gobierno. Al final, tras larga espera y duras humillaciones, Pujol se dejó pactar por Rodrigo Rato.
Así, para asegurar la gobernabilidad del Estado, Aznar tuvo que pactar acuerdos bilaterales con los partidos nacionalistas de centro-derecha: Convergencia y Unión (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y Coalición Canaria (CC).
El Pacto del Majestic con CiU incluía el apoyo catalán en el Congreso de los Diputados a cambio del apoyo del Partido Popular de Cataluña en el Parlament autonómico, el traspaso de competencias, el final del servicio militar obligatorio y un aumento de la transferencia del porcentaje del IVA y el IRPF a las Comunidades Autónomas, que pasó del 15 al 30 % del total recaudado. Además Aznar tenía que prescindir del presidente del PP de Cataluña, Alejo Vidal-Quadras.
El expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, ha afirmado que fue Pedro J, director del diario de derechas El Mundo, quién instó a José María Aznar a pactar con Convergència i Unió (CiU). "Y entonces se acaba el 'Pujol, enano, habla castellano' y viene aquello de 'Pujol, guaperas, habla lo que quieras'”. La noche del triunfo electoral del PP, Aznar saludó a los seguidores con dos palabras “hemos ganado”. En la campaña electoral se habían oído ataques al presidente de la Generalitat de Cataluña y jefe de los nacionalistas catalanes reprochándole hablar solo catalán en sus apariciones. Ahora, tras el triunfo electoral, los seguidores del PP gritaron: “Pujol, enano, habla castellano”. Cuando se supo que el PP no había conseguido la mayoría absoluta y tenía que hacer pactos con los nacionalistas periféricos, Aznar declaraba que “hablaba catalán en la intimidad”. Y ahora el cambio de actitud del PP frente a Pujol fue radical: “Pujol, guaperas, habla lo que quieras”.
El pacto con los nacionalistas vascos y catalanes dificultaría enormemente al Gobierno a la hora de llevar a la práctica el programa propuesto durante la campaña electoral: el cumplimiento de los acuerdos de Maastricht y la convergencia con Europa.
El 4 de mayo de 1996 y en la segunda sesión del debate de investidura, Aznar fue investido presidente en el Congreso de los Diputados con los 181 votos de populares, convergentes, peneuvistas y canarios. En la toma de posesión, anunció un nuevo estilo de Gobierno basado en el "diálogo abierto" con todos los actores sociales y en un programa que definió como "centrado y centrista, reformista y reformador". Redujo el número de ministros a catorce, al frente de los cuales colocó a diez hombres y cuatro mujeres. Por primera vez creó un ministerio dedicado exclusivamente a Medio Ambiente.
El 14 de abril de 1997, se aprueba la Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Objetivo: abaratar el suelo para garantizar el acceso a la vivienda, incrementar la oferta de suelo disponible para urbanizar. Se elimina la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, ahora todo él es urbanizable.
El 20 de junio de 1997, durante la sesión inaugural del XXXIVº Congreso del PSOE, Felipe González anunció su decisión de no continuar desempeñando el cargo de secretario general del partido. Le sustituyó el ex ministro Joaquín Almunia. Tres meses más tarde renunció a la presidencia del grupo parlamentario socialista, que pasó también a Almunia, con lo que González dejó de ser oficialmente el principal miembro de la oposición al gobierno de Aznar.
El 2 de mayo de 1998, Bruselas aprobó la definitiva lista de los once países que integrarían el grupo de vanguardia de la recién creada moneda única europea (el euro), España entre ellos. Con la intención de cumplir los objetivos previstos por la Unión Europea (UE) para la Unión Económica y Monetaria, Aznar había aprobado una serie de medidas urgentes para la reactivación de la economía y el fomento del empleo, que lograron un decidido avance tras la firma de nuevos acuerdos entre los agentes sociales (sindicatos y empresarios) en 1997 con la mediación del ejecutivo.
El 13 de abril de 1998, fue aprobada la Ley de Régimen del suelo y valoraciones, que venía a llenar el vacío legal dejado por la sentencia 61/1997 derogatoria y estuvo vigente hasta el 1 de julio de 2007. Se define lo que es suelo urbano, suelo no urbanizable, suelo urbanizable. Se pretendía que, al poner en el mercado una gran cantidad de suelo que puede desarrollarse, el precio de este bajará. Esta Ley de Liberación del Suelo fue punto de partida de la llamada “burbuja inmobiliaria” – referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles. La burbuja tuvo su comienzo en 1997 y duró hasta principios de 2008.
Sus consecuencias han sido la
-profundización de la crisis inmobiliaria española,
-la nacionalización de numerosas cajas de ahorros quebradas,
-ayudas públicas para fusiones de otras muchas entidades bancarias y el
-aumento de desahucios en España en aplicación de la ley hipotecaria española.
A finales de enero de 1999, en el XIII Congreso del PP en Madrid, Aznar volvió a ser elegido presidente del partido y definió la nueva política del PP como “de centro”.
El 2 de octubre de 1999, tras el anuncio de por parte de ETA de una tregua indefinida y total, Aznar declaró que su gobierno abriría el proceso de paz si la organización terrorista demostraba que el cese del uso de las armas era definitivo. El 3 de noviembre se iniciaron los contactos, pero el 27 de noviembre ETA puso fin a la tregua, al considerar que no se estaba profundizando en el “proceso de construcción nacional” vasco.
En 2000, Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, firmado por el PSOE, el PP y el, sirvió de marco para posteriores actuaciones como la Ley de Partidos Políticos. En virtud de esta, el Gobierno y la Fiscalía General del Estado presentaron sendas demandas para lograr la ilegalización de Batasuna (‘heredera’ de EH) por su vinculación con ETA, lo que el Tribunal Supremo falló en marzo de 2003.
La banda terrorista ETA reanuda una serie de atentados.
SEGUNDA LEGISLATURA DE AZNAR Y EL PP (2000-2004)
El 12 de marzo de 2000, el PP de José María Aznar obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones legislativas, con una participación del 69,98%; logró el 44,54% de los votos para el Congreso de los Diputados y 183 escaños (y 127 senadores). El PSOE perdió 16 actas de diputados respecto a los comicios anteriores y se quedó con un 34,08% de votos y 125 escaños (y 61 senadores). Convergència i Unió (CiU) se convirtió en la tercera formación política en número de escaños (15 diputados y 8 senadores) e Izquierda Unida (IU) tan sólo obtuvo el 5,46% y 8 actas de diputado (y ningún senador).
En la nueva legislatura creó un nuevo ministerio, el de Ciencia y Tecnología. El presidente del Gobierno confirmó en el cargo al ministro de Economía, Rodrigo Rato, a su vez Vicepresidente Segundo, y creó el Ministerio de Hacienda, donde situó a Cristóbal Montoro. Por su parte, Mariano Rajoy pasó a ocupa la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de la Presidencia, convirtiéndose con ello en el número dos del gobierno. La mayoría absoluta conseguida en estas elecciones generales propició una línea política desligada de pactos con otras formaciones políticas, lo que desencadenó algunos momentos de crispación a partir de 2002. Aznar ya no necesitaba la ayuda de ningún otro partido para llevar a cabo su programa político sin traba alguna.
Las mayores dificultades del segundo mandato de José María Aznar estuvieron relacionadas con asuntos como la inmigración ilegal, que pretendió atajar y resolver con diversas reformas de la
-Ley de Extranjería (2000); la
-huelga general de junio de 2002; la catástrofe ecológica del
-Prestige; la aplicación de la
-Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza (LOCE, de 2002), que pretendía reformar y mejorar la educación en España;
-el fuerte incremento del precio de la vivienda; y la
-agudización de las tensiones con los nacionalismos catalán y vasco.
Diciembre de 2000, el Gobierno de Aznar firma el Pacto de Estado por las Libertades y contra el Terrorismo, junto con el PSOE, pacto que sirvió de marco para posteriores actuaciones como la Ley de Partidos Políticos.
En 2001 fue abolido el servicio militar obligatorio para los varones, o una prestación social sustitutoria para los objetores de conciencia. El Gobierno de Aznar llevó a cabo la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
El 1 de enero de 2002 entra en circulación el euro en España. Culminaba así uno de los pilares básicos del proceso de integración económica europea.
Comienza el proceso de negociaciones con el Reino Unido acerca de Gibraltar, y el
-progresivo deterioro de las relaciones diplomáticas con Marruecos como consecuencia de la denominada
-crisis de Perejil (el islote deshabitado, situado a pocos metros de sus costas, fue ocupado el 11 de julio de 2002 por efectivos militares marroquíes, que fueron desalojados por tropas españolas que permanecieron durante unos días en el islote.
En enero de 2002, durante el XIV Congreso del PP celebrado en Madrid, Aznar dio a conocer su intención de no presentarse a la reelección y permitir la sucesión tras ocho años en el Gobierno. Fue designado presidente nacional del partido. Comenzó la carrera por la sucesión en el seno del partido. Tres nombres sonaban con fuerza para sustituir a Aznar: Jaime Mayor Oreja, Mariano Rajoy y Rodrigo Rato.
Iniciativas legislativas de la segunda legislatura de Aznar: Plan Hidrológico Nacional, Ley Orgánica de Calidad de la Educación, Ley de Sanidad, reforma del Código Penal. Muchas fueron criticadas por el principal partido de la oposición, el PSOE.
Noviembre de 2002:
-Desastre del Prestige. El petrolero monocasco, con 77.000 toneladas de fuel en sus bodegas, se rompió en dos, sumergiéndose frente a las costas gallegas y provocando una catástrofe ecológica sin precedentes en las costas españolas.
Finales de 2002 e inicios de
-2003, Aznar se alinea con el gobierno estadounidense de George W. Bush para invadir Irak y derribar al régimen de Saddam Husayn, y manda tropas españolas a Irak.
El 3 de septiembre de 2003, Aznar designó “a dedo” a Mariano Rajoy candidato a las elecciones generales de marzo de 2004 por el Comité Ejecutivo Nacional.
El 16 de marzo de 2003: Cumbre de las Azores, donde el primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, el jefe del gobierno Español, José María Aznar y el primer ministro de Portugal, José Manuel Durão Barroso, quien ejercía además de anfitrión, dieron su apoyo al presidente americano George W. Bush para la invasión de Irak que se inició tres días más tarde, el 20 de marzo.
En las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el 16 de noviembre de 2003, ganó CiU en número de escaños aun siendo el PSC la lista más votada. El 14 de diciembre de 2003, Joan Saura por ICV-EUiA, Pasqual Maragall por el Partit dels Socialistes de Catalunya y Josep-Lluís Carod-Rovira por ERC ratificaron el acuerdo mediante la firma del Pacto del Tinell.
El 14 de diciembre del 2003: se firma el Pacto del Tinell en el Salón del Tinell de Barcelona, acuerdo para formar un Gobierno catalanista y de izquierdas en la Generalidad de Cataluña. Fue suscrito por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Alternativa (ICV-EUiA) firman un pacto con la intención de acceder al Gobierno de Cataluña.
Además de garantizar un Gobierno tripartito, el acuerdo se articula en cuatro grandes puntos: "Más y mejor autogobierno. Más calidad democrática. Un nuevo impulso económico para Cataluña. Cataluña, una nación socialmente avanzada". Una nueva política territorial y ambiental". El primer punto prometía la elaboración de un nuevo Estatuto de Cataluña. En un anexo, se incluía una cláusula que excluía la posibilidad de cualquier pacto de Gobierno o establecer acuerdos de legislatura con el PP, tanto en la Generalidad como en las instituciones de ámbito estatal.
-El jueves 11 de marzo de 2004, tres días antes de la fecha señalada para la celebración de las elecciones generales, estallan en Madrid diez bombas en cuatro trenes de cercanías causando la muerte a 191 personas e hiriendo a más de 1.500. Era el mayor atentado terrorista de la historia española y europea. Inicialmente se pensó que había sido obra de ETA, sospecha que confirmó el ministro del Interior Angel Acebes pocas horas después. Sin embargo, la investigación de la policía pronto se inclinó por la pista del terrorismo islamista vinculado a Al-Qaeda, aunque el gobierno mantuvo que la principal hipótesis seguía siendo ETA.
Aznar llamó personalmente a los directores de los principales periódicos nacionales para transmitirles su absoluto convencimiento de que ETA era la autora de la matanza. La Ministra de Exteriores, Ana de Palacio, presiona a los cónsules y diplomáticos españoles para que difundieran en el extranjero la tesis de la autoría de ETA.
Durante los días siguientes al atentado, se desató una fuerte polémica sobre su autoría, inicialmente atribuida a ETA por el gobierno de José María Aznar. Este extremo sería descartado poco después, al confirmarse que los autores materiales de la masacre estaban vinculados al terrorismo islamista. Algunos medios de la derecha continuaron manteniendo la tesis de la autoría de ETA, conocida en la prensa como la “conspiranoia” (conspiración + paranoia) y sus defensores como los “conspiranoicos”.
Parece que Aznar no manipuló deliberadamente la información oficial sobre los atentados terroristas de Madrid. La primera información policial que aquel día llegó al Gobierno apuntaba a ETA. Cuando comenzaron a llegar datos que apuntaban en dirección contraria a la hipótesis de ETA, la bola de nieve ya no podía detenerse sin transmitir la sensación de que el Gobierno había mentido y que rectificaba a marchas forzadas, impelido por el miedo de perder las elecciones. Era muy difícil modular el mensaje.
Ante la confusión sobre la autoría del atentado, unos 11 millones de personas salieron a la calle exigiendo «queremos saber la verdad». Miles de manifestantes se concentraron ante las sedes del PP acusando al gobierno de «ocultar la verdad» y exigiendo «saber la verdad antes de votar», además de proferir gritos de «No a la guerra». A las 8 de la tarde compareció el ministro Acebes para informar de la detención de cinco marroquíes. Cuatro horas más tarde volvió a comparecer para comunicar que se había hallado un vídeo en el que un árabe reivindicaba el atentado en nombre de Al-Qaeda.
El domingo 14 de marzo de 2004, tres días después de los asesinatos, se celebraron según lo previsto elecciones generales, con una altísima participación, superior al 75%; la victoria fue para el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), lo que permitió a su líder, José Luis Rodríguez Zapatero, convertirse en presidente del gobierno, sustituyendo en el cargo a Aznar. Los socialistas habían alcanzado 164 diputados −les habían faltado 12 para la mayoría absoluta−, mientras que el candidato del PP, Mariano Rajoy, se quedó en 148 escaños. Así, Rajoy no pudo suceder a Aznar en la presidencia del gobierno, que pasó a ser desempeñada por el candidato y líder socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
El 16 de abril de 2004, se produjo la tercera alternancia desde la recuperación de la democracia en España: José Luis Rodríguez Zapatero quedaba investido como nuevo presidente del gobierno. En el Congreso recibió el apoyo del PSOE, de Esquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya, Coalición Canaria, Bloque Nacionalista Galego y Chunta Aragonesista. CiU, PNV, EA y Nafarroa Bai se abstuvieron. El PP votó en contra.
En octubre de 2004, se el PP celebra su XV congreso y el líder de la oposición, Mariano Rajoy, intentó un cierto aggiornamento al centro. Alberto Ruíz-Gallardón, que se perfilaba como moderado («Algo habremos hecho mal»), dio uno de los discursos inaugurales, replicado por el ala dura. Lo que permitió a Rajoy ubicarse en una posición intermedia y articular las dos almas del partido. Aznar utilizó su furibundo discurso de clausura para efectuar un férreo llamamiento al cierre de filas. Ángel Acebes fue elegido secretario general y Eduardo Zaplana siguió al frente del grupo parlamentario. La continuidad quedaba sellada.
Verano de 2005, el dirigente catalán Josep Piqué ataca a Acebes y Zaplana por estar “sus nombres asociados al pasado” aznarista. Pero pronto tuvo que retractarse tras ser desautorizado por Rajoy. El PP había acatado la victoria socialista, sin aceptarla políticamente.
Aznar se despedía del Gobierno en un momento político profundamente marcado por el atentado terrorista que, el 11 de marzo de 2004, se cobró la vida de 191 personas en Madrid.
Alejado de las tareas de Gobierno, José María Aznar asumió la tarea de presidir la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES).
El 21 de abril de 2005 ingresó en el Consejo de Estado.
En algunos medios periodísticos se ha escrito que la relación personal de Aznar con el rey Juan Carlos I no era tan buena como con la que el rey tuvo con Felipe González, cosa que Aznar desmintió, ya como expresidente, en una entrevista, afirmando: Mis relaciones con el Rey son correctas; no dijo cordiales. El rey, jefe supremo de las Fuerzas Armadas, nunca manifestó estar de acuerdo con la participación de España en la invasión de Iraq. El rey no ofreció un título nobiliario al expresidente Aznar en agradecimiento por los servicios prestados a la nación. Todos los expresidentes de la democracia recibieron títulos nobiliarios, excepto González, que rechazó el título de Duque de Dos Hermanas.
OFENSIVA CONTRA LOS MEDIOS NO GRATOS AL GOBIERNO
El estrecho margen de votos conseguidos en las elecciones elecciones generales del 3 de marzo de 1996 no permitía gobernar en solitario por no disponer de una mayoría absoluta. Ante este resultado, un editorial del diario El País, entonces el periódico más progresista, cuyo accionista mayoritario era Jesús de Polanco, propuso que Alberto Ruiz Gallardón, que tenía fama de moderado dentro del PP, se hiciera cargo del Gobierno.
Cuando Aznar logró formar Gobierno con el apoyo de los nacionalistas periféricos, comenzó una política de acoso y derribo contra el grupo privado de comunicación, mal visto por el Gobierno: PRISA (Promotora de Informaciones, Sociedad Anónima), grupo liderado por Jesús Polanco y que incluía el diario El País, la cadena de radio SER, la televisión Canal +, las editoriales Alfaguara y Santillana y la plataforma digital Canal Satélite. El grupo PRISA estaba considerado como ideológicamente afín al partido socialista PSOE y responsable de las últimas derrotas electorales del PP.
Existían dos proyectos de plataformas digitales: PRISA, de Polanco, y otro liderado por Telefónica. Telefónica iba a ser privatizada y Aznar había colocado al frente de la empresa a César Alierta, compañero de pupitre e íntimo amigo suyo. El Gobierno, por decreto, impone un determinado decodificador de señales cuando PRISA ya se había decidido por otro tipo de decodificador. La Comisión Europea echó abajo algunas de esas decisiones, abriendo paso así al normal uso de un descodificador de emisiones digitales que inicialmente no estaba bien visto por el gobierno de turno en España.
Tras el rechazo del decreto por parte de la Comisión Europea, Aznar emprende la lucha contra PRISA ahora por vía judicial. El director del semanario extremista Época, Jaime Campmany, presentó en la Audiencia Nacional una denuncia contra los responsables de Canal Plus por supuestas irregularidades en la gestión de esta empresa. El juez Javier Gómez de Liaño admitió la denuncia y procesó a Polanco, a Juan Luis Cebrián, consejero delegado y a otros directivos de Sogecable.
Los fiscales Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordillo apoyaron todas las actuaciones del juez Gómez de Liaño. Durante la instrucción trascendió que "un secretario de Estado" había encargado el informe sobre las cuentas de Sogecable utilizado para presentar las querellas contra los directivos de esta empresa televisiva.
A la protesta internacional se sumaron el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, el filósofo Norberto Bobbio, los escritores Norman Mailer, Susan Sontag, Umberto Eco, Carlos Fuentes y varios centenares más de intelectuales, directores de periódicos y profesionales de Europa y América.
Un contundente veredicto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional echa por tierra las acusaciones contra PRISA. En noviembre de 1997 la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional descartó contundentemente todas las acusaciones formuladas contra los directivos de Sogecable: ni había existido estafa alguna, ni apropiación indebida de ningún tipo, y declaró que la instrucción llevada a cabo por el juez Gómez de Liaño se había vuelto "un tanto errática" y con peligrosa proximidad a "una causa general" contra Canal Plus. El juez fue acusado, juzgado y condenado por prevaricación y luego expulsado de la carrera judicial. En 2000 recibió un indulto del gobierno de Aznar para volver a la carrera judicial, con la condición de no incorporarse a la Audiencia Nacional durante 25 años.
Mientras tanto, el Gobierno de Aznar ya había posibilitado la creación de una empresa de televisión digital que agrupaba a RTVE, varias cadenas autonómicas de comunidades dominadas por el PP y la mexicana Televisa, con participaciones minoritarias del diario El Mundo, la cadena Cope, el semanario Época y otros medios. Este fue el germen de Vía Digital, plataforma competidora de Sogecable, que los años siguientes se fue desangrando económicamente y terminó fusionándose con la plataforma rival.
El Tribunal Supremo cerró en 2003 la guerra iniciada por José María Aznar, obligando al Estado a pagar una indemnización a la empresa perjudicada: la plataforma de televisión digital promovida por Sogecable.
POLÍTICA ECONÓMICA
Aznar se fijó como tareas básicas de su gestión económica
-el recorte del déficit de las cuentas del Estado, liquidar deudas,
-asfixiar la inflación y
-estimular la actividad generadora de empleo: España tenía entonces una la tasa de paro del 22,9%. Para lograr este objetivo, Aznar aplicó una política económica neoliberal: la desregulación normativa, la reducción del peso del Estado en la economía,
-la eliminación de altos cargos de la administración,
-la privatización general de las empresas públicas y el hincapié en la
-liberalización monetaria empezando por una bajada de los tipos de interés.
Hay que añadir que el Gobierno de Aznar siguió básicamente la política de contención del gasto ya puesta en marcha por el último ministro socialista, Pedro Solbes. A lo que hay que añadir la buena coyuntura económica internacional y los altos ingresos fruto de las numerosas privatizaciones. La concertación social con los sindicatos también favoreció.
Abril de 1997, el Gobierno firma un acuerdo con la CEOE, UGT y CC OO, para impulsar el “diálogo social”: moderación salarial, flexibilización del mercado de trabajo para reducir las indemnizaciones por despido y incentivar así las contrataciones indefinidas.
La finalidad de estas medidas era cumplir con los requisitos impuestos por la Unión Europea —inflación, déficit público, deuda pública, tipos de interés— para poder adoptar la nueva moneda común, el euro. Y en este campo el éxito fue completo porque la economía española experimentó un fuerte crecimiento, se redujo el paro y la inflación bajó a mínimos históricos, por lo que en mayo de 1998 España pudo formar parte del grupo de once países de la Unión Europea que adoptaron el euro.
El equipo económico de Aznar pronto logró resultados positivos: crecimiento estable y saneamiento financiero, lo que permitió al país afrontar con confianza el cumplimiento los criterios de convergencia requeridos para participar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria en enero de 1999: déficit de las administraciones públicas inferior o igual al 3% del PIB; deuda pública acumulada inferior o igual al 60% del PIB, inflación promedio no superior en 1,5 puntos a la media de los tres estados miembros con la tasa más baja; tipos de interés nominal a largo plazo no superiores en 2 puntos a la media de los tres estados con los precios más reducidos; y, mantenimiento de la peseta en la banda de fluctuación fijada por los mecanismos de cambio del Sistema Monetario Europeo (SME), al menos durante dos ejercicioía en recuperación. Para cumplir con las condiciones impuestas por Maastricht, el Gobierno vendió prácticamente las joyas de la corona: Gas Natural, Telefónica, Repsol, Endesa, Argentaria, Tabacalera, Aldeasa, Aceralia, Indra, Red Eléctrica Española, Iberia, etc., Aznar aprovechó la venta para poner al frente de las empresas privatizadas a sus amigos más cercanos. Las subastas de licencia de telefónica Movil, Sfera, Tsm aportaron también ingresos a las arcas estatales.
Otra gran fuente de ingresos fueron los fondos de cohesión europeos que había negociado González, lo que le había valido el calificativo de “pedigüeño” por parte de Aznar cuando estaba en la oposición. Con los fondos estructurales conseguidos por Felipe González de Europa, España hizo carreteras, autovías, vías ferroviarias, etc.
Pero el verdadero “milagro económico” lo llevará a cabo el vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato, con el boom de la construcción, financiada con préstamos extranjeros y sin regulación. Se construyeron más casas que el resto de Europa junta, casas que ahora están sin vender o con hipotecas impagables.
Al llegar al gobierno, Aznar se negó a pactar con la Italia gobernada por el democristiano Romano Prodi un retraso en el cumplimiento de las condiciones para acceder a la Unión Económica Monetaria. Prodi quería parar el reloj para dar tiempo a España e Italia para acceder a la moneda única, el euro. Pero Aznar se negó a aceptar el trato e impuso un severo plan de ajuste que no sólo permitió a España pasar el “corte” y entrar en el euro, sino situar a España en la primera fila y ganar un enorme prestigio internacional. Alemania no esperaba que España fuera capaz de cumplir los criterios para acceder al euro. El éxito de España llevó a los países mediterráneos a ser admitidos al club de moneda única, cuando en 1994 el líder parlamentario de la CDU alemana, Wolfgang Schäuble, había propuesto una Europa “de dos velocidades”.
El Gobierno de Aznar intentó vender la integración de España en la Unión Económica Monetaria (euro) como un éxito propio (“hemos hecho los deberes”) cuando fue debido a una decisión política de la Unión Europea que autorizó la entrada a todos los países, excepto Grecia.
Los logros del Gobierno durante la VII Legislatura fueron exhibir un presupuesto equilibrado, certificar un respetable crecimiento económico y situar la tasa de desempleo en un 11%.
Al finalizar 1997, España había cumplido los criterios de convergencia fijados en el tratado de Maastricht para acceder a la Unión Monetaria el 1 de enero de 1999, con una inflación en el entorno del 2 %, un déficit público por debajo de los límites de Maastricht y unos tipos de interés inferiores al 5 %. El reverso de la medalla de estos éxitos económicos era el alto nivel de paro que afectaba a una de cada cinco personas en edad de trabajar. No obstante, entre enero y septiembre de ese mismo año se crearon 317.200 puestos de trabajos netos y la tasa de desempleo se redujo hasta el 20,55 %.
«Las cosas le iban razonablemente bien al PP de Aznar en el Gobierno. Pero en febrero de 2003 y marzo tuvieron lugar las manifestaciones contra la guerra de Iraq y contra la intención de Aznar de aliarse con América para derribar el régimen de Iraq. Aznar veía que su partido se iba consolidando como la nueva «mayoría natural» de un país sociológicamente escorado hacia el centro izquierda. No es ningún secreto estadístico que España tiene el corazón ligeramente a la izquierda.
Al PP la gestión económica le iba de perlas. De los catorce años de gobierno de Felipe González había heredado una economía dinámica y abierta al exterior, repuesta de la reconversión industrial y oxigenada por las generosas ayudas de la Unión Europea: un billón de pesetas anuales, es decir, el 1 % del PIB. Esta era la herencia que dejaba González, el «pedigüeño», mote con el que Aznar descalificó las negociaciones del González con sus socios europeos sobre la cuantía de los fondos de cohesión.
La privatización de las grandes empresas públicas había dejado las arcas del Estado a rebosar. La economía estaba saneada, había dinero en caja y el petróleo estaba a 25 dólares el barril. China todavía no se perfilaba como potencia económica. Los españoles consumían como jamás lo habían hecho. España iba bien, aunque a unos les iba mejor que a otros.» [Fragmento de La España de los pingüinos, de Enric Juliana. Editorial Destino, 2006. Publicado en ELPAIS.es - 25-01-2006]
"España va bien", este fue el frecuente latiguillo de Aznar en los dos primeros años de su primera legislatura, en oposición a las críticas del líder de la oposición Felipe González Márquez. En 1995, meses antes de ser presidente del Gobierno, decía: "Veo a España cansada y débil. Uno de nuestros grandes pecados es el debilitamiento de la identidad nacional". Al poco tiempo de estar en el Gobierno y obrado el milagro de la burbuja del ladrillo, exclamó: "España va bien."
LEY DEL SUELO 1997-2001
El 14 de abril de 1997, se aprueba la Ley de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios Profesionales. Objetivo: abaratar el suelo para garantizar el acceso a la vivienda, incrementar la oferta de suelo disponible para urbanizar. Se elimina la distinción entre suelo urbanizable programado y no programado, ahora todo él es urbanizable.
El 13 de abril de 1998, fue aprobada la Ley de Régimen del suelo y valoraciones, que venía a llenar el vacío legal dejado por la sentencia 61/1997 derogatoria y estuvo vigente hasta el 1 de julio de 2007. Se define lo que es suelo urbano, suelo no urbanizable, suelo urbanizable. Se pretendía que, al poner en el mercado una gran cantidad de suelo que puede desarrollarse, el precio de este bajará.
El 23 de Junio de 2000, se aprueba, con carácter urgente, la ley de Medidas Urgentes de Liberalización de sector Inmobiliario y Transportes, publicada en B.O.E nº 151 del Sábado 24 de Junio de 2000. Esta ley da pie a las recalificaciones, pactos ilícitos entre constructores y políticos, comisiones fraudulentas, especulaciones con la vivienda y el suelo, desproporcionada subida de los precios de la vivienda, hipotecas basura que sustentaban el precario mercado inmobiliario que se había creado artificialmente. El aparente auge de la economía y el descenso del paro eran datos engañosos. La mano de obra en la construcción no era segura a medio plazo. Se empezó a inflar la enorme "burbuja inmobiliaria" que ha supuesto la ruina de la economía española.
En 2001, la Sentencia 164/2001 del Tribunal Constitucional deroga parte de la Ley del Suelo del 98, por invadir parte de las competencias de las Comunidades Autónomas y de los Ayuntamientos. Se interpretaron los artículos relativos a la clasificación de suelo como urbanizable de tal forma que permitía un amplio margen de actuación en este ámbito a los entes territoriales, lo que en la práctica anuló muchos de los efectos liberalizadores que se atribuían a la ley.
Esta Ley de Liberación del Suelo fue punto de partida de la llamada “burbuja inmobiliaria” – referencia a la existencia de una burbuja especulativa en el mercado de bienes inmuebles. La burbuja tuvo su comienzo en 1997 y duró hasta principios de 2008. Sus consecuencias han sido la profundización de la crisis inmobiliaria española, la nacionalización de numerosas cajas de ahorros quebradas, ayudas públicas para fusiones de otras muchas entidades bancarias y el aumento de desahucios en España en aplicación de la ley hipotecaria española.
Ya con Felipe González el 1994 y 1995 se había reducido el paro considerablemente. Al entrar en la Comunidad Europea, España recibió dinero a chorro, dinero que fue invertido en la construcción, en vez de en la tecnología y I+D+i.
«El problema contrastado que arrastra nuestra economía no es otro que la demolición controlada de la economía productiva que empezó con la Ley del Suelo de 1998, en plena era Aznar; ley que entre otras cosas dejaba las puertas abiertas a la urbanización de todo lo que no estuviera protegido de manera especial. O sea, que menos los parques regionales o nacionales, todo es aprovechable. Esto hizo que nuestra economía se apalancara en posiciones fáciles, simplemente abastecer al ladrillo, dejando en la cuneta a la industria tradicional manufacturera, que tan buenos resultados nos dio en las décadas de los años sesenta, setenta y ochenta y al I+D básico.
Es cierto que mientras funcionó, las arcas del Estado se llenaban y parte del tejido productivo ganaba dinero, pero el ladrillo es la economía que menos dinero retorna a la industria para la renovación tecnológica, formación, I+D, etcétera y la que más circulante inmoviliza.
Todavía recuerdo el "España va bien" de José María Aznar y ahora vemos que, efectivamente iba bien, pero para los que se forraban con su política. Concluyo, el paro actual [2009] no es el problema, es la consecuencia.» [Francisco Javier España Moscoso: “El paro, una consecuencia”, en El País - 30/08/2009]
POLÍTICA ANTITERRORISTA – NACIONALISMOS PERIFÉRICOS
El Gobierno tuvo que hacer frente a la violencia de ETA y de los miembros de Jarrai (las juventudes de la Koordinadora Abertzale Sozialista, en la que también se integra ETA), así como al esclarecimiento de los atentados perpetrados por los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) llevados a cabo contra militantes etarras entre 1983 y 1987.
La eficacia policial en su lucha contra el terrorismo de ETA y el creciente rechazo de la ciudadanía hacia la violencia de los terroristas, llevaron a que la organización terrorista decretara, en septiembre de 1998, un alto el fuego indefinido, ratificado en varios comunicados emitidos en los últimos meses de 1998 y los primeros de 1999.
El 28 de noviembre de 1999, ETA puso fin a dicho alto el fuego, demostrando así que su intención no había sido otra que profundizar en lo que los terroristas denominaban “proceso de construcción nacional” vasco.
En enero de 2000, la banda terrorista reanudó la comisión de atentados.
El 12 de diciembre de 2000: Aznar y el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero firmaron el Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo o Pacto Antiterrorista. Este pacto sirvió de marco para posteriores actuaciones como la Ley de Partidos Políticos.
La política antiterrorista del gobierno del PP reafirmó el nacionalismo español. Para el PP España no era una «una nación de naciones» y menos aún un «Estado plurinacional» sino una «nación única», aunque pluricultural, «diversa culturalmente». Se promovió la uniformización del Estado de las Autonomías a la que se opusieron los partidos nacionalistas periféricos: Cataluña (CiU), el País Vasco (PNV) y Galicia (BNG), que firmaron en julio de 1998 la Declaración de Barcelona en la que acordaron una política conjunta para el reconocimiento de sus respectivas identidades y «realidades nacionales».
El fracaso del «frente constitucionalista» en las elecciones vascas de mayo de 2001, llevó al gobierno del PP a plantear la ilegalización de Herri Batasuna, para lo que pactó con el PSOE y CiU una nueva Ley de Partidos Políticos, aprobada con los votos a favor de PP, PSOE, CIU, CC y el Partido Andalucista. El objetivo de la ley es garantizar el funcionamiento del sistema democrático: "impidiendo que un partido político pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático de libertades, justificar el racismo y la xenofobia o apoyar políticamente la violencia y las actividades de las bandas terroristas".
Tras el atentado de ETA en Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002, que Batasuna no condenó, se inició el proceso de ilegalización de este partido. A principios de 2003 el Tribunal Supremo declaró ilegal a Batasuna al considerarla el «brazo político» de ETA. Tanto la nueva Ley de Partidos como el proceso de ilegalización de Batasuna fueron muy contestados por los partidos nacionalistas vascos. Como alternativa, el lehendakari Juan José Ibarretxe propuso un «plan de pacificación» (Plan Ibarretxe): celebración de un referéndum que regulara «la libre asociación de Euskadi al Estado plurinacional Español». El Plan Ibarretxe acentuó aún más el enfrentamiento entre «nacionalistas» y «constitucionalistas» y entre los gobiernos de Madrid y de Vitoria.
En noviembre de 2003 tuvieron lugar las elecciones catalanas cuyo resultado llevó a una coalición entre el PSC-PSOE, Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), e Iniciativa per Catalunya (partido asociado con Izquierda Unida). Se formó así el primer gobierno de izquierdas en Cataluña desde 1936, presidido por el socialista Pasqual Maragall. CiU, que había monopolizado el poder durante 23 años, pasó a la oposición. El pacte del Tinell del PSC-PSOE, IC y ERC (el tripartit excluía cualquier acuerdo con el PP) fue criticado duramente por el gobierno de Aznar porque suponía la entrada en el gobierno catalán de un partido independentista como ERC, que se venía a sumar al soberanismo vasco del Plan Ibarretxe.
A finales de enero de 2004 un escándalo hizo tambalearse al gobierno catalán del tripartit. ABC hacía público que el líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, se había entrevistado en Perpiñán con la cúpula dirigente de ETA para negociar una tregua exclusiva para Cataluña. Carod tuvo que abandonar el cargo de conceller en cap. Pocos días después ETA declaraba una tregua «sólo para Cataluña con efectos del 1 de enero de 2004».
POLÍTICA EXTERIOR
«En el 2000, habiendo logrado la mayoría absoluta, manifestó: "Es el momento de hablar de España sin complejos." Dicho y hecho. El apóstol de la 'España una, grande y libre' decidió poner una pica en Flandes, o sea, en Washington. Basta leer la definición de Pujol, que lo conoció a fondo cuando ambos pactaron en 1996: "Aznar es un castellano del siglo XVI. Tenía grandes ambiciones sobre el papel de España en el mundo. Quizá demasiadas. No es proeuropeo. Solo hay para él una superpotencia: Estados Unidos".» [Ángel Sánchez de la Fuente: “Las tentaciones mesiánicas de José María Aznar 'Primo de Rivera'”, en el Periódico, 29 de mayo del 2013]
El PP apostó por un mayor alineamiento con los Estados Unidos. En 2003 se abrió el debate sobre el proyecto de Constitución Europea y el gobierno español se opuso al no aceptar el reparto de votos que se proponía para la adopción de decisiones en los Consejos Europeos.
Desmarcándose de la política exterior europeísta que España había priorizado hasta entonces, Aznar apostó por una línea de corte atlantista que representó un claro acercamiento al presidente estadounidense George W. Bush, especialmente a raíz de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.
«Aznar tenía un plan. Un plan que no era nada descabellado. Consciente de las contradicciones del proyecto europeo y bien informado de las debilidades estructurales del eje francoalemán, vio en la guerra de Iraq la posibilidad de colocar a España en un plano privilegiado de las relaciones internacionales, forjando una estrecha alianza con Estados Unidos. España seguiría siendo una potencia de tipo medio, pero se convertiría en la primera de las potencias medias e incluso podía ver colmada la aspiración de ingresar en el G-8. El precio a pagar, lógicamente, era el incondicional apoyo a la estrategia de Bush en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puesto que España no estaba en condiciones de ir a Iraq en primera línea de combate al igual que los británicos, aunque esta hipótesis llego a ser sopesada por alguno de sus colaboradores.» [Enric Juliana, o. c.]
La decisión de Aznar de alinearse con la postura estadounidense en favor de una intervención armada en Irak, pese a tener al resto de las formaciones políticas españolas y a buena parte de la ciudadanía en contra, fue uno de los asuntos más controvertidos de los últimos meses de su gestión.
«El PP se consolidó en el poder a caballo de una irrepetible coyuntura económica. La corriente principal avanzaba a favor de su partido y sólo podía ser interrumpida por dos acontecimientos trágicos: la guerra y el terrorismo. No es ningún secreto que Rajoy nunca fue un entusiasta de la adhesión española a la invasión de Iraq. Como tampoco lo fue Rodrigo Rato, el único miembro del Gobierno que se atrevió a discrepar sobre este asunto en una reunión del Consejo de Ministros. Pero también es sabido que el PP cerró filas y celebró como un gran triunfo político el voto unánime de sus diputados en favor de la intervención militar cuando, en marzo de 2003, la oposición logró forzar una votación secreta en el Congreso de los Diputados con el vano propósito de abrir algún tipo de fisura en el monolito gubernamental.
Los sondeos indicaban en aquel momento que más del 80% de la población española estaba en contra de la política del Gobierno en este asunto. Hacía años que no se producía un divorcio tan acusado entre la mayoría gubernamental y la opinión de la calle. La decidida oposición del Papa Juan Pablo II a la guerra no podía ser un mensaje ignorado por el centro derecha español. Sin embargo, el PP cerró filas firme como una roca, conforme a esa vieja tradición hispánica que obliga a seguir al jefe por encima de todas las cosas. Quedaba claro que España ha sido, es y seguirá siendo durante bastante tiempo un país caudillista.» [Enric Juliana, o. c.]
La foto de las Azores: Se ha dicho muchas veces que a Aznar se le subió el triunfo a la cabeza. «Se entusiasmó demasiado cuando vio que el viento soplaba muy a su favor» (Jordi Pujol). Aznar estaba radicalmente seguro de sí mismo y absolutamente convencido de poder garantizar a su partido una larga permanencia en el poder. La famosa foto de las Azores es muy elocuente al respecto. Aznar sonríe, es la culminación de la carrera de un hombre que se había sentido profundamente menospreciado por sus adversarios.
BALANCE CRÍTICO DE LAS LEGISLATURAS DE JOSÉ MARÍA AZNAR
«Sus modos y maneras, tan autoritarias como cuasi chulescas, atemorizaban, y de eso puedo dar fe, hasta a muchos de sus propios fieles que no ocultaban en privado sus críticas ante el particular carácter de su líder carismático.
Un afamado empresario, que, sin ser compañero de pupitre, conoce muy bien al singular personaje, le tildaba de “comandantín”, una especie de “franquito” que se recreaba en la suerte de su poder, disponía de una corte de aduladores-palmeros y dirigió este país desde sus mismísimas convicciones hasta el punto de meternos de hoz y coz en una guerra de ocupación ilegal. Su desapego de la realidad social y el cúmulo de mentiras en los días finales de su mandato, tejieron la red letal que expulsó al Partido Popular del poder.
Tuvo Aznar López una aceptable primera legislatura. La llegada de la mayoría absoluta con su reelección en las urnas fue el punto de descarrilamiento y la llegada del don de la ebriedad. Emborrachado hasta arriba de poder, de pelotas múltiples y de un corifeo mediático uniforme, previo pago de su importe, se llegó a creer líder del mundo mundial y en esas se fumaba un puro con los pies sobre la mesa de su amigo George, o se fotografiaba con éste y Tony Blair en el siniestro daguerrotipo de las Azores.
Aznar López, que prometió la regeneración democrática, fue víctima de su propia prepotencia, de su sobradez que dirían los jóvenes. Armado de un aparato mediático comandado por algunos profesionales tan poco preparados como adictos a las consignas del jefe, persiguió cualquier atisbo de librepensamiento en la radiotelevisión pública y en los múltiples medios que iban cayendo de su lado comprados con el dinero de empresas entonces públicas como Telefónica. TVE-1, TVE-2, Antena 3, buena parte de la FORTA, RNE, Onda Cero, Cope, el formidable y ruinoso dispendio de Vía Digital. El emporio fue creciendo con personajes adictos, algunos de ellos francamente siniestros, que alardeaban en voz alta y clara de las bondades del nuevo salvador. A los no afectos la amenaza de la cárcel, y si no se lo digan a Jesús de Polanco y a Juan Luis Cebrián, cuya amenaza de ingresar en prisión fue algo mucho más serio e indignante que una anécdota, con la inestimable ayuda de un magistrado prevaricador hoy, afortunadamente, fuera de la carrera judicial, a pesar del vergonzante indulto decretado por su mentor.
Como los ciudadanos son sabios y la democracia implacable, con todo ese formidable aparato mediático perdió las elecciones y pasó a dar conferencias en Georgetown y a ¿escribir? libros infumables. Hoy ya es sólo un recuerdo y cuanto más se empeñe en mangonear en su partido, más le aleja de las posibilidades de recuperar el poder a corto y medio plazo. No lo digo yo, que conste, lo dicen –siempre bisbiseando- muchos de los actuales dirigentes del PP, por eso, estaría bien que perdieran el miedo, dieran la cara y proclamaran en alto lo que afirman en privado. ¡Lo qué es el miedo!» [Antonio San José: “Dos años sin Aznar López” – elplural.com - 20/04/2006]
«Sea cual sea el lugar que los historiadores reserven a José María Aznar como gobernante no cabe duda alguna de su histriónico desempeño como expresidente. Ya como jefe de la oposición, y desde luego en el ejercicio del poder, Aznar fue el político que más dividió y enfrentó a los españoles. Lo siguió haciendo tras abandonar La Moncloa, escupiendo frases y adoptando modales que si no fueran patéticos resultarían ridículos. Su extemporánea aparición en un canal de televisión para criticar al actual Ejecutivo, cuestionar la capacidad política del presidente Rajoy y situarse a sí mismo como epítome de un inveterado caudillismo que este país no necesita, fue todo un desafío al sentido común. La teatral declaración que sugiere su eventual regreso a la política activa —“cumpliré con mi responsabilidad, mi conciencia, mi partido y mi país”— hubiera merecido rubricarse con alguna apelación a Dios y a la historia, en la estela del integrismo ideológico que le caracteriza. Aunque ya dijo Montaigne que, por muy alto que sea el trono, nadie puede sentarse más alto que su culo.
Aznar fue capaz de dejar el poder cuando la economía crecía, se creaba empleo y se cumplían los criterios para integrarse en la moneda única europea. Pero una parte considerable de aquel auge se debió a una burbuja inmobiliaria cuyo estallido seguimos pagando desde hace cinco años en desempleo y destrucción de riqueza. Aquella euforia no fue consecuencia de una política que transformara el modelo productivo de nuestro país, sino el objetivo de un Gobierno decidido a recoger a corto plazo los beneficios políticos de la falsa sensación de riqueza que la burbuja que él mismo hinchaba produjo.
En política exterior su viraje atlantista sin matices, debilitando nuestras sólidas alianzas con Europa y América Latina, le permitió poner los pies sobre la mesa de George W. Bush, que le llamaba cariñosamente Ansar. A cambio, eso sí, de embarcar a nuestro país en la siniestra aventura bélica de Irak. Para justificar sus actos no le importó propagar la mentira de las armas de destrucción masiva, lo mismo que falseó más tarde la autoría de la matanza del 11-M, la peor tragedia provocada por el terrorismo en España, sin otro objetivo que buscar un rédito electoral, imposible de sustanciar una vez que se demostró su desprecio por la verdad.
Currículo tan oscuro no le impide pronunciarse como si fuera el propietario de una derecha cuyas peores características creíamos desaparecidas. Sus apelaciones a la clase media y a la necesidad de bajar impuestos no podrán ocultar los verdaderos motivos de su irritada preocupación: la evidencia de que su mandato coincidió con la instalación de la mayor red de corrupción política de nuestro pasado reciente, articulada en torno a dirigentes del PP. Hablamos de la trama Gürtel, cuyo capo se hizo cargo de una sustancial parte de los gastos de la boda de su hija en 2002, según se acaba de conocer. Ha argumentado que se trataba del regalo de un amigo. Cada cual elige los suyos, pero este se trata de un episodio cuando menos indecente.
Al parecer Aznar no se siente defendido por los actuales líderes del PP y, como ya es habitual en él, en vez de pedir perdón por sus errores amenaza a quienes los desvelan. Así lo demuestran sus ataques a la empresa editora de este periódico, que ha publicado informaciones que le sitúan en el origen del sistema irregular de caja que durante años operaron los extesoreros del partido Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas.
Aznar tiene una idea profundamente extraviada de lo que supone la dignidad requerida a quien ejerció la jefatura del Gobierno. Retirado, según él, de la política, atacó con saña a Zapatero fuera y dentro de España, y ahora arrecia contra los suyos y especialmente contra Rajoy, en momentos en que su partido, del que aún es presidente de honor, y el Gobierno que sustenta más hubieran precisado de su solidaridad o, cuando menos, de su silencio. Todo un récord de deslealtades que obliga a medir bien las amenazas de una oferta tan tóxica como la que representa.» [Editorial de El País - 26 de mayo de 2013]
«Aznar, el presidente que con su ley del suelo del 98 puso las bases de una burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la ruina, revindica ahora sin pudor un hipotético milagro económico que nos dejó sin futuro y con miles de empleos, sí, pero de baja cualificación y tan ficticios que desaparecieron al primer golpe de crisis. El presidente que con su dogmatismo y arrogancia nos metió a la fuerza en una guerra ilegal e introdujo división y crispación en la sociedad española sugiere ahora que él es la figura que necesita este país para salir del atolladero. El presidente que gestionó con sectarismo y mentiras el peor atentado de la historia de España vuelve a presentarse como garante de la regeneración moral». [Pepa Bueno: “Aznar: ego, deslealtad y desmemoria”, en Cadena Ser, 22-05-2013]
«Aznar fue en mi opinión -sobre todo durante su primera legislatura- el mejor jefe de gobierno de la democracia porque generó prosperidad, proporcionó estabilidad y reforzó la cohesión de los españoles. Al final cometió un error garrafal durante la crisis de Irak al no someter sus valores atlantistas al empirismo exigible en toda situación límite. Pero su gran equivocación de fondo fue no aplicar su programa regeneracionista en aspectos clave como la independencia judicial, la financiación de los partidos o su democracia interna. [...]
El sabrá hasta qué punto le honra mantener la presidencia de honor de un partido que, en buena medida por su culpa, sirve de guarida a conductas tan poco honorables.» [Pedro J. Ramírez: “De lagartos vil morada”, en El Mundo, 25/10/2014]s anuales.
«A principios de los años noventa, abandonar el estribillo de "paro, corrupción y despilfarro" en favor de la letanía de "España va bien" bastó para que el Partido Popular apuntara en su haber una recuperación a la que se subió en marcha.» [El País – 06.11.2011]
Cuando Aznar llegó, el camino a Maastricht estaba marcado por Solbes y recibió ya una econom
19. Los problemas del Estado de las Autonomías. Los proyectos nacionalistas y las tendencias centrífugas.
El Estado autonómico español debe afrontar en la actualidad dos crisis diversas. Por un lado, la crisis que supone la reivindicación secesionista catalana. Por otro, el agotamiento general de un modelo de organización territorial diseñado de forma muy vaga en la Constitución de 1978 y que, pese su notables éxitos, manifiesta claros signos de disfuncionalidad. Las respuestas a estas dos crisis deben ser también diversas. En el caso catalán, la necesaria respuesta política y jurídica que se propone es una reforma constitucional que reconozca la plurinacionalidad del Estado español y, dentro de él, la singularidad catalana. No se descarta un referéndum previo consultivo a celebrar en Cataluña en el que se pregunte sobre la posible separación de Cataluña del Estado español. La respuesta a la crisis funcional del Estado autonómico requiere una reforma constitucional en clave federal en la que se lleve a la Constitución el reparto de poderes entre el Estado y las comunidades autónomas, la reforma del Senado y los principios básicos del modelo de financiación.
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10/02/2023. Apuntes.
Iniciamos la sesión. Observo al profesor, y conociéndolo, lo veo con cierta preocupación, resopla y hace una observación con tono bajo: —¡¡Vaya temita!!.
El historiador como científico social debe jugar con el tiempo y aquí no lo encuentra, se siente incómodo y tiene muchas dudas, según él.
1. El verdadero historiador debe trabajar con una cierta distancia en el tiempo.
2. El buen historiador tiene que basar su conocimiento de una etapa histórica desde el, estudio, el trabajo de campo y la documentación. Después vienen las conclusiones, lo más objetivas posibles aunque siempre habrá un sesgo de autor, su ideología.
-No ha transcurrido un tiempo suficiente para analizar con distancia.
-La mayor parte de la documentación está clasificada.
Con esta introducción empieza por lo que conoce el siglo XIX, el siglo XX y más concretamente la GUERRA CIVIL y EL FRANQUISMO.
Aborda cuestiones como:
1. Los retos a superar:
- En los años 50 nos encontrábamos con un 40% con respecto a la media de renta europea mientras que hoy nos encontramos por encima del 95%-
Busco después, en casa, y encuentro esto: "Preston, uno de los más importantes hispanistas y autor, entre muchos otros libros, de Un pueblo traicionado (Debate), explica que esa estrategia aislacionista y pretendidamente autosuficiente era “la política económica menos indicada para el país, y eso fue así porque había un gran nivel de incompetencia económica”. Y añade que “el resultado es que a finales de los años 50, y a pesar de que ya había ayudas estadounidenses, la economía española estaba por los suelos; mientras las de Italia y Alemania estaban boyantes, en España aún había gasógeno”.
- Bipolaridad social extrema.
No existe la clase media. Pone el ejemplo que 300 familias lo poseen todo y son los grandes okupas ya que solo el 20% es de su propiedad frente al 80% que lo adquieren de los ayuntamientos.
Y además lo que tienen no lo mejoran ni mecanizan. Lo que gastan en compras de status y la iglesia como gran negocio.
-Falta de industrialización.
-Analfabetismo. Aunque la ley de Educación —Ley Moyano—, es muy buena, no existen ni escuelas ni maestros para llevarla a cabo.
-Los nacionalismos no hacen patria.
-La dictadura no tiene estructura ni sustrato de partido: DICTADURA PERSONALISTA, basada en tener como referentes el ejército y la iglesia. Busca rodearse de cortesanos adictos al estilo de un coronado imperialista sin imperio.
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